Carácter grave y urgente

Carácter grave y urgente

Carácter grave y urgente

 Ricardo Peirano

1 de octubre de 2024

 

El pasado miércoles 25 fallecieron calcinados por un incendio intencional seis reclusos internados en el ex Comcar. Uno más fue internado en grave estado por las quemaduras sufridas. Este gravísimo hecho lamentablemente no es nuevo. El pasado 28 de diciembre otros seis reclusos del mismo establecimiento carcelario murieron de la misma manera. Y fue también por un ataque interno y con el mismo método de prender fuego a personas vivas.

Las muertes del miércoles de la semana pasada, al igual que las de diciembre pasado, no han recibido toda la atención pública y el repudio que merecen. Existe en nuestra sociedad una tendencia a despreocuparse de lo que ocurre en las cárceles. Hay una idea extendida que las posibles violaciones de derechos humanos que allí ocurran no son graves. Se considera implícitamente que las personas privadas de libertad son como ciudadanos de segunda categoría.

La principal reacción proviene de los funcionarios del instituto carcelario, que no cesan de advertir las pésimas condiciones de reclusión y la imposibilidad de garantizar vida y seguridad a los reclusos. Y del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Y poco más.

Tenemos una población carcelaria que crece sin parar -ahora son más las 16.000 las personas privadas de libertad- y esa cifra supera la capacidad carcelaria habilitada. En muchos lugares hay hacinamiento y, obviamente, no se cumple el objetivo de la rehabilitación que debe tener todo sistema carcelario. Por el contrario, potencia la capacidad de delinquir, convirtiendo a la cárcel en lo que se ha dado en llamar correctamente la “universidad del delito”.

Cada día entran 29 personas al sistema carcelario y egresan 26. Va cada vez a peor: esos 3 reclusos diarios adicionales significan un promedio de 1095 más por año. Los establecimientos carcelarios no crecen a ese ritmo. No hay presupuesto. Ni a los legisladores ni al Poder Ejecutivo les gusta votar presupuesto para instalar cárceles más dignas que faciliten la reinserción. A los electores tampoco. La sociedad considera el presupuesto carcelario un desperdicio de recursos. Y ello aunque estemos en una situación crítica, ya que Uruguay ocupa el décimo lugar en el mundo en cuanto al porcentaje de población carcelaria con respecto a la población total, y el tercer lugar de América Latina, detrás de El Salvador y Brasil.

Llama la atención que las instituciones abocadas a la defensa de los Derechos Humanos sean tan lentas para emitir una dura condena a estos hechos. Estamos claramente ante una violación de derechos humanos de personas privadas de libertad, que el Estado tiene el deber de proteger ante todo. Pero al no haber intención ideológica parece que no preocupa tanto la violación de “estos” derechos humanos, los de los reclusos.

Sin embargo, es un hecho que merece no solo la máxima condena sino también la adopción de medidas para evitar su repetición.

Es inaceptable que este hecho se haya repetido con características similares en menos de un año. ¿Por qué después de lo ocurrido en diciembre -ya de por si inaceptable- no se adoptaron medidas para evitar la repetición de este acto vandálico? Y si acaso se tomaron (cosa que se sería bueno aclarar por parte de las autoridades correspondientes), ¿por qué han sido ineficaces para prevenir otro desastre de la misma magnitud que el anterior? Nuevamente 6 reclusos incinerados. Es algo intolerable. ¿No hay nadie responsable de velar por la seguridad de los reclusos en las cárceles que se haga cargo de estos gravísimos hechos? ¿O fue que se pidieron recursos y las autoridades competentes las negaron?

No sé con qué cara las autoridades del establecimiento explicaron a los familiares de los reclusos su trágica muerte. No se sabe si a alguien le preocupa mucho.

Pero que esto haya pasado por segunda vez muestra los gravísimos problemas del sistema carcelario de nuestro país y la falta de prioridad de ese problema. Un sistema que, además, no debe estar baja la órbita del Ministerio del Interior. No es razonable ni bueno que quienes detienen a delincuentes se encarguen también de su vigilancia.

Es verdad que estamos en campaña electoral y no rinde votos prometer reformas del sistema carcelario. Es un gasto más y nadie quiere que lo tachen de gastador. para mejorar las condiciones de los reclusos.

Pero si Uruguay quiere decir al mundo que es una “democracia plena” no puede tener este sistema carcelario que da vergüenza mundial. Ahora parece que el Frente Amplio va a convocar al Ministro del Interior a dar explicaciones pero en general estos temas ni preocupan a nuestro parlamento.

Se ve que la seguridad de los reclusos es un tema que no interesa. Lo cual habla muy mal de nosotros como sociedad.

Sería bueno que es estos días previos a las elecciones hubiera pronunciamiento concretos de los candidatos y partidos políticos. Que se recojan los planteamiento de Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario. En su último informe habla de un  hacinamiento “crítico” en la mayoría de las cárceles, que “bloquea los programas de tratamiento”, y que genera “violencia” y “descontrol”. Y ya se ve a dónde lleva eso.

Tomar acciones para acabar con ese pésimo estado de cosas, y que cada autoridad asuma las responsabilidades que correspondan, sería el mínimo homenaje que todo el Uruguay (gobierno y oposición) debe hacer a las doce personas que el Estado no supo proteger en su integridad física.