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El ajuste de Lula y Uruguay
Ignacio Munyo, 1 de noviembre de 2026

Lula ganó, pero no puede festejar. El presidente brasileño consiguió la reelección y ahora deberá realizar un ajuste fiscal sin precedentes en sus gobiernos. Durante la campaña prometió medidas contrarias a las que necesita implementar. La encrucijada de Brasil abre una oportunidad que Uruguay no debería desaprovechar.
Brasil necesita mejorar su resultado fiscal en al menos 3% del PBI para evitar que la deuda pública se vuelva insostenible. La situación es alarmante: el déficit fiscal supera el 9% y la deuda pública el 80% del PBI. Para estabilizarla, debe alcanzar un superávit primario (antes del pago de intereses) que no se observa desde hace décadas. El bajo crecimiento económico, que además se espera que se desacelere, hace todavía más compleja la situación. A esto se suman las elevadas tasas de interés y un contexto internacional que encarece el financiamiento.
El contraste con el pasado agrava el desafío. Cuando Lula asumió por primera vez, en 2003, heredó de Fernando Henrique Cardoso un superávit primario cercano al 4% del PBI. El ajuste fiscal ya estaba hecho. Lula mantuvo ese resultado y se benefició de un contexto internacional muy favorable. Esta vez, en cambio, tendrá que hacer el ajuste por su cuenta.
El problema es que Lula ganó las elecciones luego de anunciar medidas con un costo fiscal superior al 2% del PBI, preservar la inversión pública y mantener un Estado con fuerte protagonismo en la economía.
En su propuesta, la reducción del déficit fiscal descansaba principalmente en la reducción de exoneraciones tributarias a las empresas y una mayor carga impositiva sobre las personas de mayores ingresos y patrimonios. Su equipo económico incluso planteó volver a aumentar los impuestos a los más ricos, pese a los cambios tributarios que ya habían entrado en vigor.
Difícilmente estas medidas alcancen para ordenar las cuentas públicas. Aumentar los impuestos no garantiza una mayor recaudación y puede desalentar las inversiones que Brasil necesita para crecer. En la última década, la economía brasileña creció apenas 1,4% anual en promedio, con una inversión cercana al 17% del PBI, insuficiente para impulsar un crecimiento sostenido. Para revertir ese pobre desempeño, necesita atraer capitales, incorporar tecnología y generar empleos más productivos.
Pero la incertidumbre fiscal y los altos costos de financiamiento juegan en contra. La reacción negativa de los mercados tras las elecciones reflejó la desconfianza de los inversores ante el panorama económico brasileño. Esta realidad plantea algunos riesgos para Uruguay, pero también abre una oportunidad que no debería desaprovechar.
El principal riesgo es una fuerte devaluación del real brasileño, que encarecería aún más a Uruguay frente a Brasil. Esto perjudicaría nuestras exportaciones y restaría competitividad al turismo, especialmente frente a los argentinos que en la próxima temporada podrían optar por las playas brasileñas en lugar de las uruguayas.
La oportunidad está en aprovechar, en lugar de negar, nuestro histórico papel de refugio regional. El choque entre las promesas electorales y la realidad económica puede reimpulsar a empresarios brasileños a buscar alternativas fuera de su país, tanto para proteger su patrimonio como para desarrollar negocios y establecer su residencia.
Uruguay ofrece estabilidad institucional, seguridad jurídica y calidad de vida. A esto se suma el acceso sin aranceles al mercado brasileño para productos elaborados en zonas francas, gracias al acuerdo alcanzado en 2022.
Pero Uruguay no está solo en la competencia por atraer esos capitales. Paraguay lleva años captando inversiones y residentes brasileños gracias a sus ventajas tributarias, menores costos y políticas activas de promoción. En 2024, más de 17.000 brasileños obtuvieron residencia en Paraguay, cifra que superó los 23.500 en 2025. Solo en los primeros nueve meses de 2026, más de 31.000 solicitaron radicarse allí. Una de sus principales ventajas es el régimen tributario que, en general, no grava las rentas obtenidas fuera del país.
Uruguay, en cambio, comenzó a gravar rentas en el exterior en 2011 y el actual gobierno profundizó ese cambio. Aunque se mantienen beneficios tributarios durante once ejercicios para los nuevos residentes fiscales, ahora se exige requisitos adicionales de permanencia o inversión para acceder a ellos.
La diferencia con Paraguay es sustancial. Allí, como regla general, las rentas obtenidas en el exterior no pagan impuestos y no es necesario recurrir a exoneraciones temporales. Para quien busca trasladar su residencia, administrar su patrimonio y desarrollar negocios, esa estabilidad en las reglas puede ser determinante.
La competencia por atraer brasileños no se limita a los impuestos. También importa la facilidad para establecerse, instalar una empresa y radicarse con la familia. Uruguay debería agilizar la obtención de documentos, simplificar los trámites y facilitar el acceso a la ciudadanía.
Para aprovechar la oportunidad, Uruguay necesita una estrategia agresiva de promoción que combine ventajas tributarias, apoyo a los inversores y facilidades de radicación. No alcanza solo con ofrecer condiciones atractivas. Hay que salir a mostrarlas con mayor intensidad. En Brasil se conoce mucho menos de Uruguay de lo que creemos.
Sería un error renunciar a una de nuestras principales ventajas competitivas. Uruguay ha sido históricamente un refugio regional para quienes buscan estabilidad y previsibilidad. Aprovechar esa posición es tan legítimo como natural. En EE. UU., Texas y Florida atraen cientos de miles de residentes de estados con mayor carga tributaria, como California y Nueva York. Uruguay no debería renunciar a una ventaja que otros aprovechan para atraer capitales y residentes.
Lula necesita recuperar la confianza para que Brasil vuelva a crecer. Uruguay tiene la posibilidad de atraer parte de esa confianza y convertirla en inversiones y nuevos residentes, que tanto necesitamos.
“Gobernar es poblar”, decía Alberdi. Hoy tenemos una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.