El Plan Nacional de Seguridad Pública bajo la lupa

Foto: Sitio Oficial de la República Oriental del Uruguay

Mientras todavía resuena la interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la inseguridad en el país, el gobierno defiende el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) como su principal hoja de ruta para el período 2025-2035.

Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo de retirar los artículos referidos a la liberación de presos del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) acaparó gran parte de la atención pública, casi al mismo nivel que el asesinato de un delivery venezolano de 62 años en una riña de tránsito en el centro de Montevideo. Uruguay continúa debatiendo nuevas medidas contra la inseguridad mientras la violencia no da tregua, pese a la baja de algunos indicadores delictivos.

En este contexto, el Monitor de Seguridad de CERES presenta un resumen independiente y objetivo del extenso documento Uruguay + Seguro: Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 (PNSP), con el fin de dejar claro, negro sobre blanco, de qué se habla cuando se menciona este ambicioso plan elaborado por el gobierno para enfrentar lo que sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos.

El PNSP propone una hoja de ruta de seguridad para la próxima década, diseñada bajo un enfoque basado en evidencia. Fue elaborado con el objetivo de obtener un amplio respaldo tanto del Estado como de la sociedad civil organizada, la academia y expertos en la materia.

Con un horizonte de diez años, el plan busca trascender los ciclos electorales, aunque ha recibido críticas de varios dirigentes de la oposición. Si bien se presenta como un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad —del enfoque reactivo y fragmentado hacia uno estratégico, integral y basado en evidencia—, no es la primera vez que se plantea este concepto en documentos oficiales.

Ya en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva de 2023 se afirmaba que una reducción significativa y sostenible del delito requiere la interacción y cooperación de múltiples actores que actúen sobre sus causas profundas.

El plan presentado en marzo de 2026 fue elaborado con rigor metodológico, tras cumplir distintas etapas: diagnóstico, encuentros por la seguridad, propuesta técnica, propuesta política y validación social. Además, incorpora un registro formal de disensos que permite que todas las posturas técnicas y políticas queden trazables durante su implementación.

Estructura del PNSP

Consta de un documento base de 340 páginas organizado en 6 capítulos, un apartado con los 10 documentos operativos y un anexo con 134 medidas operativas asociadas a los ejes y acciones del PNSP que sistematiza las medidas de implementación que competen principalmente al Ministerio del Interior, organizadas en torno a los siete ejes estratégicos del plan.

Este anexo tiene el propósito es traducir las definiciones estratégicas en intervenciones concretas, identificando responsables y horizontes temporales.

El Plan se divide en diez documentos operativos (DO) que interactúan entre sí, los Ejes Estratégicos (DO1 a DO7), el Fortalecimiento Policial (DO8), la Medición de Resultados (DO9) y la Transparencia (DO10).

Los siete ejes estratégicos, complementarios entre sí, son el motor del plan y contienen las acciones específicas para cada área temática de seguridad:

• Homicidios: foco en el control territorial, la disuasión focalizada en zonas de alta incidencia y la creación de un sistema de análisis y priorización en la investigación de homicidios.
• Violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes: protección a mujeres, niños, niñas y adolescentes mediante protocolos actualizados y tecnología de seguimiento y el fortalecimiento de la respuesta frente a la trata de personas.
• Control de armas de fuego y municiones: fortalecimiento de la regulación, trazabilidad e incautación de armas irregulares.
• Narcotráfico y economías criminales: énfasis en la persecución patrimonial y el combate al lavado de activos y el impulso legislativo de la justicia terapéutica.
• Ciberdelitos y fraudes informáticos: campañas nacionales para prevenir el fraude digital, creación de capacidades forenses digitales y protección de infraestructura crítica.
• Sistema de justicia criminal: es el eje con mayor cantidad de medidas, reforma del sistema penitenciario (INR), fortalecimiento de las comisarías y mejora del bienestar policial.
• Sistema de prevención del delito y la violencia: intervenciones socio-urbanas (Programa Más Barrio) y programas de acompañamiento educativo para reducir los factores de riesgo.

La Policía como Actor Clave

El documento operativo DO8 posiciona a la Policía como el actor clave de ejecución, proponiendo una transformación en cuatro áreas:

• Educación Policial: Alinear la formación inicial y continua con las necesidades operativas del Plan.
• Inteligencia: Integrar diversas fuentes de información para la toma de decisiones tácticas.
• Operativa Territorial: Despliegue focalizado basado en diagnósticos de problemas específicos.
• Gobernanza e Integridad: Mejora de la carrera policial y mecanismos de control para prevenir la corrupción. Incluye medidas para la salud mental, prevención del suicidio policial y soluciones habitacionales para el personal.

El documento operativo DO9 presenta la matriz preliminar de indicadores de impacto por eje estratégico y objetivo específico, que permitirán medir los resultados que se buscan con la aplicación del plan.

Finalmente, el DO10 incorpora el registro de disensos para dejar constancia de las diferencias de opinión entre las instituciones participantes.

Lógica de implementación

La implementación no se concibe como una ejecución lineal de tareas, sino como un proceso acumulativo "por capas" donde la progresión depende del cumplimiento de hitos y condiciones verificables, más que del simple rigor del calendario.

Esta metodología permite priorizar el uso de recursos y asegurar la coherencia del portafolio de seguridad, permitiendo que diferentes ejes estratégicos avancen a ritmos distintos sin perder la continuidad del plan general.

• Fase 1 (2026-2027): Control y estabilización. Contener lo urgente y reducir el daño letal.
• Fase 2 (2028-2031): Desarticulación e integración. Foco en investigación patrimonial, articulación institucional y mejora del sistema judicial.
• Fase 3 (2032-2035): Sostenibilidad. Consolidar la prevención estructural y la resiliencia institucional.

Estructura de las Fichas de Acción

Para que el Plan sea coherente y comparable, cada eje utiliza el mismo formato de lectura:

• Síntesis: Resumen de la estrategia.
• Fichas estándar: Detalle de cada acción.
• Evidencia: Reportes que respaldan por qué esa acción debería funcionar.
• Fuentes y Subcomponentes: Datos técnicos que dan trazabilidad a la propuesta.

Gestión de Costos y Complejidad

El plan utiliza una escala de Bajo / Medio / Alto para clasificar dos variables críticas antes de ejecutar cualquier acción:

Resumiendo, las 79 acciones de las fichas se clasifican según su costo económico y costo de gestión como:

Costo económico bajo: 16

Costo económico medio: 51

Costo económico alto: 12

Costo de gestión bajo: 0

Costo de gestión medio: 34

Costo de gestión alto: 45

Anexo Operativo

En el Anexo Operativo se detallan acciones concretas clasificadas por temporalidad, en curso, corto plazo y mediano plazo.

Por lo menos, en doce medidas se precisa la aprobación parlamentaria como la ampliación de competencias y jurisdicción de las Fuerzas Armadas en la frontera, la descentralización del INR, las detenciones en flagrancia y el incremento de penas a quienes tengan armas sin el permiso correspondiente.

Destaques por Eje

Eje 1: Reducción de homicidios

Este eje se enfoca en la prevención técnica y la investigación criminal avanzada.

• Operativos de disuasión focalizada: Intervenciones en territorios con alta incidencia delictiva.
• Tecnología y ciencia: Implementación de un Sistema de Análisis y Priorización en la investigación de homicidios que evaluará la probabilidad de que sea esclarecido (alta, media o baja) y la creación de un polo científico en el norte del país para ampliar la capacidad pericial.
• Participación ciudadana: Creación de un Sistema de Información Anónima sobre Homicidios.

Eje 2: Violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes

Prioriza el uso de herramientas tecnológicas para la protección de poblaciones vulnerables.

• Protección tecnológica: Incorporación de herramientas de valoración de riesgo y análisis automatizado de abuso sexual infantil.
• Mecanismos judiciales: Implementación de la declaración protegida para menores en todo el país.
• Combate a la explotación: Actualización de protocolos contra la trata y el tráfico de personas.

Eje 3: Control de armas de fuego y municiones

Busca endurecer el control estatal y reducir la circulación de armas ilegales.

• Sanciones y regulación: Endurecimiento de penas por porte y tenencia irregular, junto con el refuerzo del control sobre municiones.
• Gestión de registros: Integración de registros estatales para un control unificado.
• Desarme voluntario: Creación de un circuito seguro para la entrega de armas y municiones.

Eje 4: Narcotráfico y economías criminales

Se centra en la persecución patrimonial y el control logístico.

• Control de fronteras y rutas: Ampliación de las competencias de las FF.AA. en fronteras y uso de unidades K-9 y vigilancia aérea en rutas nacionales.
• Inteligencia territorial: Implementación de anillos inteligentes de control y monitoreo en peajes.
• Impulso legislativo: Justicia terapéutica para delitos leves vinculados al uso problemático de drogas. En ese sentido el diputado suplente del partido Colorado, Rodrigo Martínez Ruiz, presentó un proyecto para crear un Programa piloto de justicia terapéutica.

Eje 5: Ciberdelitos y fraudes informáticos

Enfocado en la modernización de la investigación digital y la prevención social.

• Plataformas de IA: Creación de una plataforma interinstitucional para el análisis de patrones delictivos mediante inteligencia artificial.
• Capacidades forenses: Estandarización de procedimientos para la gestión y trazabilidad de evidencia digital.
• Campaña nacional: Impulso de una campaña de prevención contra el fraude digital y promoción de ciberseguridad en adolescentes.

Eje 6: Sistema de justicia criminal

Es el eje más extenso, abarcando desde la reforma penitenciaria hasta el bienestar policial.

• Reforma Penitenciaria (INR): Transformación del INR en un servicio descentralizado, creación de dos cárceles de alta seguridad para PPL con perfiles de alto riesgo y el programa "Libertad Segura" para la reinserción.
• Fortalecimiento Policial: Incorporación de 2.000 nuevos efectivos, mejoras salariales y programas de salud mental y prevención del suicidio policial.
• Tecnología en respuesta: Optimización del 911 con IA y sistemas de detección rápida ante disparos.

Eje 7: Sistema de prevención del delito y la violencia

Orientado a la intervención socio-urbana y la convivencia.

• Intervención territorial: Aplicación de modelos por fases en barrios prioritarios y el programa "Más Barrio" para intervenciones socio-urbanas.
• Recuperación de espacios: Operativos de liberación de espacios públicos y limpieza de instalaciones precarias.
• Apoyo educativo: Dispositivos policiales para la permanencia escolar y acompañamiento para la continuidad educativa.

Consideraciones finales

El PNSP es una elaboración técnica ambiciosa. Sin embargo, su éxito no se medirá por la cantidad de acciones completadas, sino por su capacidad real de generar resultados sostenibles y tangibles para la ciudadanía.

En última instancia, la métrica más elocuente no será un indicador técnico, sino la recuperación de la convivencia: que los comercios puedan atender sin rejas y que el espacio público vuelva a ser un lugar de encuentro seguro.

El registro formal de disensos constituye un ejercicio de honestidad intelectual, pero la operatividad del plan dependerá de que el consenso construido sobreviva a los cambios de gobierno y a las inevitables críticas de la oposición.

El documento reconoce con claridad que el problema de la seguridad es complejo y multicausal, y que no se resuelve solo con “más patrulleros”. Requiere respuestas integrales que vayan más allá de la mera actuación policial.

Una de las ideas fuerza del PNSP es que “sin coordinación real, no hay resultados sostenibles”. El gran desafío radica en la capacidad del Estado para mantener la coordinación interinstitucional y garantizar la inversión presupuestaria a lo largo del tiempo, frente a una criminalidad que evoluciona con rapidez.

El éxito del plan se verificará cuando devuelva la tranquilidad a los barrios y transforme la planificación técnica en una mejora concreta de la convivencia social. Cuanto mayor sea el respaldo político y ciudadano, mayores serán las probabilidades de cumplir sus metas en 2035.