Drones: nuevo jugador del crimen organizado

 Foto: Ministerio del Interior

Lo que hasta hace poco parecía una amenaza lejana de cárteles mexicanos o bandas brasileñas ya tiene aterrizaje forzoso en el país. En los últimos tres años, drones comerciales han sobrevolado penales de máxima seguridad como la Unidad 25 y Punta de Rieles para entregar celulares y elementos prohibidos, mientras que en operativos antidrogas la policía ha incautado aparatos utilizados para monitorear sus movimientos. 

Estos episodios, aunque todavía puntuales, generan creciente preocupación. Incluso, no puede descartarse la posibilidad de que las tareas de reconocimiento previas al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, hayan sido realizadas mediante el uso de drones, lo que marcaría un salto cualitativo en la sofisticación criminal local. 

En el plano global, la advertencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marca un punto de inflexión: los cárteles mexicanos están incorporando drones a sus operaciones y podrían llegar a emplearlos contra intereses estratégicos estadounidenses. 

Lo que en Ucrania se transformó en un laboratorio de guerra moderna —con drones baratos que deciden batallas— ya se replica en América Latina, donde el crimen organizado adopta tácticas de conflictos armados. 

El cielo, antes dominio exclusivo del Estado, se ha convertido en un nuevo y peligroso campo de batalla. Aunque incipiente es algo que también ocurre en nuestro país. 

Una nueva dimensión de la amenaza criminal 

Durante la audiencia realizada a principios de junio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Secretario de Estado Marco Rubio alertó que los cárteles mexicanos ya están incorporando drones a sus operaciones y que estas capacidades podrían llegar a ser empleadas contra intereses estratégicos estadounidenses¹. 

Sus declaraciones ponen de manifiesto una realidad cada vez más preocupante: la rápida adopción de tecnologías avanzadas por parte del crimen organizado, que encuentra en los drones una herramienta de bajo costo, difícil detección y alto impacto para tareas de vigilancia, transporte ilícito, intimidación e incluso ataques, ampliando significativamente su capacidad operativa y el desafío que enfrentan los Estados para contener esta nueva dimensión de la amenaza criminal. 

El avance tecnológico ha ampliado y facilitado el acceso a capacidades y herramientas que, hasta hace relativamente poco tiempo, estaban reservadas casi exclusivamente a las fuerzas armadas, organismos de seguridad y grandes corporaciones empresariales. 

En este escenario, los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas² (drones) han emergido como dispositivos de bajo costo y operatividad simplificada, cuya versatilidad ha revolucionado sectores como la agricultura de precisión, la vigilancia estratégica, la cinematografía y la logística avanzada. 

No obstante, esta apertura tecnológica conlleva un desafío de seguridad crítico, esa misma accesibilidad ha sido capitalizada por organizaciones criminales. Estos grupos han hallado en los drones un recurso táctico altamente eficaz para neutralizar la vigilancia estatal, optimizar sus operaciones ilícitas y expandir su alcance con un riesgo operativo reducido. 

El empleo de drones por las organizaciones criminales muestra cómo el crimen organizado sofistica sus capacidades, adoptando métodos propios de la insurgencia armada para desafiar de manera sistemática la autoridad del Estado. Es de destacar la rapidez con la que los drones se han incorporado al arsenal a medida que los mismos se han vuelto más económicos y eficientes. 

Incluso se ha establecido una categoría conocida como "droneros" u operadores de drones, quienes suelen utilizar parches tácticos con un logotipo especializado, lo que subraya la importancia de los drones para sus operaciones. 

Imagen: Infobae

¿Qué es un dron? 

Un dron es una aeronave, una máquina que puede volar, que no tiene tripulantes y es pilotada a distancia mediante un control remoto o a partir de vuelos preprogramados. El término popularmente se utiliza para englobar a la gran variedad de aeronaves no tripuladas disponibles en el mercado. 

 Los drones tienen diferentes formas de clasificación dependiendo de distintos factores y características, básicamente se pueden subdividir en dos categorías dependiendo de cómo sea su tipo de estructura alar, ala fija o ala rotatoria. Los drones de ala rotatoria, también llamados multirrotores, son los tipos de drones más conocidos. Estos permiten ser empleados en diferentes aplicaciones, gracias a sus 3, 4, 6 o más motores, que les permiten entre otras funciones realizar vuelo estacionario, además de estar equipados con sistemas GPS y giroscopios. 

En Uruguay, el uso de drones está regulado por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA). La normativa establece requisitos diferenciados según el peso de la aeronave, la finalidad de la operación (recreativa o comercial) y el área donde se realiza el vuelo³. 

Los precios varían considerablemente en función de la categoría, el equipamiento y el uso previsto, oscilando desde aproximadamente USD 1.000 para modelos recreativos básicos hasta más de USD 40.000 para equipos especializados de uso agrícola.

Los drones como herramienta del delito

Ingreso de mercadería a cárceles y tráfico transfronterizo 

En diversas regiones del mundo se han documentado casos de drones utilizados para transportar drogas, armas o celulares hacia centros penitenciarios o cruzando fronteras. El organismo encargado de la supervisión de las prisiones de Inglaterra y Gales informó que el número de incursiones con drones registradas aumentó de 138 en marzo de 2021 a 1.712 en marzo de 2025. Esta cifra no contempla los vuelos de drones que no fueron detectados por las autoridades penitenciarias. Su uso se ha generalizado tanto que los inspectores han encontrado paquetes que pesan más de 15 kg, que transportan una gran variedad de productos⁴. 

Asimismo, si bien la capacidad de carga individual puede ser reducida, la implementación de operaciones masivas y coordinadas permite un flujo persistente de mercancías, desafiando los protocolos de intercepción convencionales mediante la saturación de los sistemas de vigilancia. 

En el estado de Río Grande do Sul, Brasil, según la Secretaría de Sistemas Penal e Socioeducativo, el dron es un recurso tecnológico cada vez más utilizado para intentar ingresar productos ilícitos en las prisiones. En 2025, las autoridades evitaron el ingreso de 2.893 teléfonos celulares, 426 kilos de estupefacientes y 184 armas blancas⁵. 

En abril de 2015, se registró la primera incautación de drogas transportadas mediante drones en la frontera entre México y California. En una operación coordinada a través de mensajería cifrada, dos jóvenes utilizaron un dispositivo comercial multirrotor para recibir, en múltiples viajes, cargamentos de heroína provenientes de territorio mexicano. 

Pese al uso de esta tecnología para evadir la vigilancia convencional, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron el movimiento mediante cámaras remotas, logrando el decomiso de 13 kilogramos de heroína valorados en 1,5 millones de dólares y marcando un precedente en las tácticas modernas de contrabando transfronterizo. Aunque los adolescentes terminaron en prisión por posesión de drogas con intención de distribuirlas, el dron y su piloto en el lado mexicano nunca fueron encontrados⁶. 

Vigilancia y reconocimiento

Las organizaciones criminales también emplean esta tecnología para realizar tareas de inteligencia sobre las fuerzas de seguridad. En México y Colombia, por ejemplo, se han registrado vuelos no autorizados sobre bases militares o puestos policiales, lo que permite a los grupos armados planificar la planificación de emboscadas y la monitorización en tiempo real de los desplazamientos estatales, optimizando así su capacidad de evasión y respuesta armada. 

En Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) también los ha utilizado al menos desde 2017, cuando los usó con fines de reconocimiento en Paraguay para organizar el asalto a una empresa de custodia de valores. 

Ataques y sabotaje

En zonas de conflicto o violencia extrema, algunos grupos han modificado drones comerciales para portar explosivos o dispositivos incendiarios, replicando tácticas empleadas por organizaciones terroristas en Medio Oriente. Estos ataques, aunque rudimentarios, pueden causar daños significativos a infraestructuras críticas o generar un efecto psicológico de gran impacto. 

Los dispositivos son ensamblados con un cilindro de acero galvanizado de aproximadamente 10 centímetros, cargado con pólvora, balines y fragmentos metálicos diseñados para actuar como metralla. En configuraciones más avanzadas, estos pueden ser abastecidos con explosivo plástico C4⁷. Para garantizar la aeronavegabilidad, la carga útil se mantiene ligera. Una vez en vuelo, tras identificar el objetivo, el operador libera el artefacto para que detone por impacto. 

En México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue quien empezó a utilizar estos artefactos adaptados con explosivos, incluso reclutando ingenieros para adaptarlos a sus necesidades. En 2017, en el estado de Guanajuato se registró la primera incautación de un dron que contaba con una carga explosiva y un detonador de radiofrecuencia⁸. 

Un año más tarde, un dron con dos granadas de fragmentación se estrelló contra la casa del secretario de seguridad pública de Baja California⁹. En agosto de 2024, el ejército mexicano reconoce por primera vez, que algunos de sus soldados han muerto debido a explosivos lanzados desde drones por el crimen organizado¹⁰. 

En octubre del año pasado, durante la Operación Contención¹¹, desplegada en los complejos de Penha y Alemão en Río de Janeiro, el grupo criminal Comando Vermelho (CV) empleó drones artillados para atacar a las fuerzas de seguridad. Este suceso representa un punto de inflexión, el espacio aéreo, históricamente dominado por el despliegue de helicópteros policiales, ha dejado de ser un entorno seguro para convertirse en un escenario en disputa. 

En mayo de este año, la policía descubrió que esta organización criminal, adquirió grandes drones para transportar armas y drogas. Se trata de aeronaves de carga o agrícolas, capaces de transportar hasta 80 kg, el equivalente a 20 fusiles FAL o AR-15. Aunque no se dio a conocer en qué fecha fue detectado, una cámara instalada en un avión de la Policía Militar captó imágenes de un ejercicio de entrenamiento con un vehículo aéreo no tripulado de aproximadamente tres metros de longitud. 

Según información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública, el entrenamiento para operar estos drones estaba a cargo de un brasileño que regresó de la guerra en Ucrania, donde presuntamente sirvió como voluntario en el conflicto contra Rusia¹². 

En julio de 2024, Colombia registró el trágico fallecimiento de un niño luego de un ataque con granadas lanzadas por drones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹³. 

Espionaje y extorsión 

El uso de drones con cámaras de alta resolución o micrófonos direccionales permite realizar tareas de vigilancia encubierta sobre objetivos específicos. En entornos urbanos, esta tecnología puede ser empleada para recolectar información sensible de empresas o personas con diversos fines ilícitos.

Por ejemplo, permite efectuar reconocimientos detallados de propiedades, observando áreas no visibles desde la vía pública, como fondos, accesos, sistemas de seguridad y movimientos de los ocupantes. 

Guerra en Ucrania: laboratorio con drones 

La diferencia entre el poder militar de Rusia frente a Ucrania, llevó a este país a una carrera tecnológica para desarrollar capacidades derivadas de drones comerciales, que implica que cualquier movimiento visible pueda ser detectado y atacado en cuestión de minutos. 

Este conflicto se ha convertido en un vasto laboratorio para el empleo de drones, que también implica formar a las personas capaces de operarlos eficazmente, a gran escala y en un entorno de constante evolución tecnológica. 

Una evolución crítica son los drones de visión en primera persona (First Person View), que los pilotos operan con gafas de realidad virtual. Estos sistemas fueron fundamentales en la Operación Telaraña realizada por Ucrania¹⁴, un ataque coordinado con drones contra bases e instalaciones de la fuerza aérea rusa, que provocaron pérdidas millonarias realizado con aparatos que no valían más de 1.000 euros cada uno. 

 La última evolución de drones controlados por fibra óptica, que no emiten señales detectables, por lo que son inmunes a interferencias e interceptaciones, genera una nueva dimensión de amenaza para la seguridad, al dificultar significativamente su detección, neutralización y rastreo. 

Uruguay no es ajeno 

En octubre de 2022, un dron fue detectado volando sobre la cárcel de máxima seguridad, la Unidad 25¹⁵. La guardia tomó la decisión de derribarlo a disparos, descubriendo que transportaba celulares amarrados con piolas. El dron era un cuadricóptero Holy Stone HS 600, un aparato con tecnología de punta valorado en casi US$ 700 en el mercado local. Este dispositivo tiene entre sus principales capacidades una cámara con resolución 4K, estabilización electrónica, y permite configurar su ruta de vuelo mediante un smartphone con un alcance de hasta 3.000 metros¹⁶. 

En octubre de 2024, el personal del Instituto Nacional de Rehabilitación de la cárcel de Punta de Rieles, constató el ingreso de dos paquetes mediante el sobrevuelo de dos drones. Ante tal situación se dispuso una requisa que permitió incautar cuatro celulares y otras tantas tarjetas SIM¹⁷. 

A fines de mayo del presente año, en un procedimiento antidrogas realizado en Salinas, la policía incautó un dron comercial que según el vocero de la Jefatura de Canelones sería utilizado “para monitorear la zona, que estuviera liberada, ante la presencia de la Policía”¹⁸.

Los cielos en disputa 

Los drones representan una revolución tecnológica con enormes beneficios para la sociedad, pero también una amenaza emergente cuando son utilizados con fines criminales. Para las organizaciones criminales, los drones constituyen una herramienta de gran utilidad, ya que permiten ejecutar actividades de observación, intimidación o ataque desde ubicaciones remotas. 

Al mantener al operador alejado del escenario de la acción, incrementan el anonimato, dificultan la identificación de los responsables y limitan las posibilidades de una respuesta rápida y efectiva por parte de los organismos de seguridad. 

El dominio del espacio aéreo se ha convertido en un factor clave en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. 

La combinación de anonimato, bajo costo y capacidad operativa convierte al dron en una herramienta especialmente atractiva para las redes delictivas. 

Esto plantea una nueva amenaza híbrida, en la que una tecnología desarrollada para fines civiles puede transformarse en un multiplicador del poder criminal. El principal desafío para las autoridades radica en la falta de capacidades técnicas suficientes para controlar el espacio aéreo a baja altura. Los radares convencionales están diseñados para detectar aeronaves de mayor tamaño, mientras que los drones, debido a sus reducidas dimensiones y materiales ligeros, suelen pasar inadvertidos. 

A ello se suma la dificultad de identificar a sus operadores, ya que muchos dispositivos carecen de registro, pueden ser modificados o incluso programarse para realizar vuelos autónomos sin intervención humana directa. 

Frente a este escenario, algunos países han comenzado a desarrollar sistemas de detección y neutralización de drones, capaces de interferir señales de GPS o radiofrecuencia, e incluso capturarlos mediante redes o pulsos electromagnéticos. Paralelamente, se impulsa la creación de registros obligatorios de operadores y el establecimiento de zonas de exclusión aérea sobre infraestructuras sensibles, como aeropuertos, establecimientos penitenciarios y plantas energéticas. 

Al igual que la legislación sobre armas, hay un desafío común: establecer mecanismos de control que mitiguen los riesgos asociados a su uso indebido sin afectar de manera desproporcionada a los usuarios legítimos. En ambos casos, los incidentes protagonizados por actores criminales suelen impulsar la adopción de regulaciones más estrictas, como requisitos de registro, licencias, restricciones operativas o limitaciones tecnológicas. 

Si bien estas medidas pueden contribuir a mejorar la seguridad pública, también pueden generar mayores costos, trámites y barreras de acceso para quienes utilizan estas herramientas de forma lícita, ya sea con fines recreativos, deportivos, profesionales o comerciales.

Como consecuencia, existe el riesgo de que regulaciones excesivamente restrictivas dificulten el desarrollo de actividades legítimas y la innovación tecnológica, sin garantizar necesariamente una reducción proporcional de las conductas ilícitas, cuyos responsables suelen operar al margen de la normativa vigente. 

La delgada línea entre la innovación y la ilegalidad exige que los Estados se anticipen y adapten sus capacidades normativas y operativas a una nueva realidad: el crimen organizado del siglo XXI ya no solo opera en la tierra y en el mar, sino también en el aire. 

Si los gobiernos no logran adaptarse a este escenario, corren el riesgo de perder el control del espacio aéreo frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y mejor equipadas.