Adjuntamos una nueva edición de Agenda Legislativa, el monitor permanente de la actividad del Poder Legislativo en Uruguay, exclusivo para socios de CERES.

El gobierno logró en una misma semana dos objetivos clave para su agenda: la aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y el avance del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que cuenta con los votos necesarios para continuar su trámite parlamentario.

La Rendición de Cuentas fue aprobada luego de 45 días de discusión y asegura recursos para algunas de las principales prioridades de gestión en un contexto de restricción fiscal. El proyecto destina USD 31 millones a políticas de primera infancia, crea 300 cargos policiales y contempla recursos adicionales para seguridad, educación y atención a personas en situación de calle. El Frente Amplio logró los votos de Cabildo Abierto mediante concesiones puntuales, sin modificar las principales prioridades del Poder Ejecutivo.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el compromiso de elaborar, en un plazo de hasta 180 días, una iniciativa vinculada al sobreendeudamiento de las personas. Sin embargo, el Ministerio de Economía no comparte la propuesta original de Cabildo Abierto de establecer topes a las tasas de interés y reestructurar deudas, y trabaja en una alternativa centrada en mejorar la protección de los hogares sobreendeudados.

El informe también analiza el avance de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, considerada por el MEF como una de sus principales reformas para promover la inversión, aumentar la competencia y reducir costos. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto en general y el oficialismo consiguió los votos para avanzar hacia su tratamiento en el plenario. La iniciativa incorpora medidas de desburocratización, promoción de la competencia, estímulos a la innovación y facilitación del comercio exterior.

Además, esta edición aborda la investigación parlamentaria sobre el caso Cardama, a partir de la respuesta presentada por el astillero español a la comisión. La empresa naval cuestionó las razones de la rescisión del contrato, defendió su capacidad técnica y atribuyó parte de las demoras a factores externos y a dificultades en la gestión de las garantías y la interlocución con el Estado uruguayo.

 

 Foto: Departamento de fotografía del Parlamento del Uruguay

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Opinión:

Comments (5)

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