Inseguridad: rendirse no es una opción

Daniel Supervielle, 10 de abril de 2026

En representación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), integré como observador participante varias de las mesas de trabajo organizadas por el Poder Ejecutivo para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP 2025-2035).

El proceso resultó profesional, riguroso y exigente, tanto para los coordinadores encabezados por el Dr. Emiliano Rojido como para las decenas de representantes de entidades, fundaciones, organismos estatales, grupos de interés, ONG, cámaras empresariales, expertos y empresarios. Prácticamente nadie quedó fuera de la conversación: incluso los partidos de la oposición enviaron sus delegados.

Tal como se había prometido a mediados de marzo de este año, el PNSP 2025-2035 se dio a conocer públicamente. Digerir este documento ambicioso no fue tarea sencilla ni de lectura ligera. La complejidad y transversalidad misma de la inseguridad en Uruguay hacían prever un planteamiento de esa envergadura.

A pocos días de su lanzamiento se produjo la interpelación al ministro del Interior Carlos Negro, a cargo del senador colorado Pedro Bordaberry. La sesión se extendió durante varias horas en el Senado, donde oficialismo y oposición marcaron posiciones, intercambiaron críticas, se reprocharon responsabilidades y, en última instancia, llegaron a un punto muerto.

Unos respaldaron las respuestas del ministro; otros se mostraron insatisfechos. Si hay algo que destacar del plan presentado es que, a partir de ahora, ya no caben excusas retóricas: los uruguayos han acordado un diagnóstico compartido. Y es claro: la situación es grave y empeorará si no se adoptan medidas concretas y sostenidas.

Nadie con una mínima dosis de honestidad intelectual cuestiona el buen trabajo realizado ni el diagnóstico en sí. Las reservas que surgen se centran, más bien, en la viabilidad del plan, que exige una coordinación entre numerosas reparticiones del Estado que, a la luz de los antecedentes en nuestro país, parece sumamente difícil de alcanzar.

También demanda mayores recursos presupuestales y funcionarios debidamente capacitados para poner en marcha un andamiaje sumamente complejo, mientras día a día hay que enfrentar a un adversario como el crimen organizado cuya fisonomía y métodos mutan constantemente.

Lo que sí parece quedar en evidencia es que tanto el plan de seguridad como la interpelación del jueves 9 contribuyen a disipar una duda que acompañó a los sucesivos gobiernos y en especial a los de izquierda: hoy es necesario priorizar con mayor claridad el legítimo derecho de los ciudadanos a vivir en paz y a garantizar su seguridad.

En mayo de 2018, el entonces director nacional de la Policía —y actual director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado—, Mario Layera, fue entrevistado en “El Observador”.

 Ante la pregunta sobre la evolución de la situación de inseguridad en Uruguay, Layera respondió con crudeza: vislumbraba un escenario similar al de El Salvador o Guatemala, donde el Estado podría verse superado, las clases con mayor poder económico optarían por soluciones privadas de seguridad, los barrios se cerrarían con accesos controlados y el poder estatal cedería terreno ante organizaciones criminales que vivirían del resto de la sociedad, cobrando “peaje” por todo.

A ocho años de distancia, esa advertencia llama la atención, sobre todo por la referencia a El Salvador. Allí, el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele produjo resultados notables en varias variables: una caída drástica de los homicidios, los delitos, las rapiñas y las extorsiones. ¿Qué ocurrió en esos años para que el país pasara de ser uno de los más violentos y con mayor tasa de asesinatos per cápita del mundo a uno de los más seguros de la región? Fundamentalmente, un cambio radical de modelo.

Un cambio que, por sus características, resultaría inaplicable en Uruguay, pero cuyos resultados en materia de indicadores marcan un rumbo que, como bien señaló el presidente de la República, Yamandú Orsi, merece ser analizado. Sin prejuicios, agregaría.

Uno de los grandes desafíos del PNSP es precisamente lograr mejoras sustantivas en materia de seguridad —comparables, en sus efectos, a las observadas en El Salvador— pero dentro de los estrictos límites del Estado de Derecho y el pleno respeto a las libertades individuales, esencia misma de nuestra admirada democracia. Tal vez sea un objetivo que, con el actual aparato estatal, en un contexto de fuerte crispación política, con recursos presupuestales limitados y un sistema político dividido, resulte extremadamente difícil de alcanzar.

Aceptarlo equivaldría, en el fondo, a reconocer una rendición ante nuestra propia incapacidad colectiva para resolver el problema dentro de los márgenes que nos hemos impuesto.