El PC tiene razón
El PC tiene razón
Ricardo Peirano
29 de agosto de 2024
A medida que se acerca la cita electoral del 27 de octubre comienza a agudizarse el interés por las encuestas sobre el plebiscito de reforma constitucional sobre la seguridad social planteado por el PIT-CNT y algunos sectores, importantes si bien no mayoritarios, del Frente Amplio. Puede ser un interés tardío.Lo que comenzó dentro del movimiento sindical como una suerte de intento de derogar la reforma aprobada por la coalición de gobierno en mayo de 2023 -ley 20.130-, terminó presentándose como una reforma de mayor porte que va contra la reforma previsional del año 1996, que introdujo el sistema de ahorro individual. Y, además, introduce en la letra rígida de la Constitución, materias que son propias de la legislación como la edad mínima jubilatoria y la prestación mínima.
Lo que en el segundo semestre del año pasado no conseguía siquiera el apoyo total del movimiento sindical y tuvo que pasar por varias votaciones para imponerse, hoy es una propuesta que reúne apoyos cercanos al 40% del electorado según las principales encuestas. Lo cual no es novedoso porque el tema jubilatorio, en países de población envejecida como el nuestro, atraviesa todos los partidos del arco político y se presta a propuestas demagógicas: es muy fácil prometer mayores beneficios previsionales sin explicar cómo se pagarán los mismos. O, lo que es peor, recurriendo a la vaga expresión “se establecerán nuevos impuestos,” sin especificar cuáles ni por qué monto, y menos aún sin reconocer los potenciales efectos perjudiciales de esas medidas impositivas, sobre la inversión y el empleo.
Lo cierto es que a poco más de un año de una iniciativa de reforma previsional, que atacaba los problemas generados por cambios demográficos, nos encontramos con la posibilidad, no ya que esa reforma se derogue, sino que caiga un régimen establecido hace casi tres décadas y aplicado en forma pacífica y exitosa.
Es más, recién ahora muchos dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición comienzan a aquilatar los enormes problemas que causaría a nuestro país una eventual aprobación del plebiscito. Y no solo sobre el sistema de seguridad social, que saltaría por los aires y habría que empezar de cero con algo que afectará a las próximas generaciones, sino sobre toda la economía uruguaya.
El Partido Colorado, por ejemplo, acaba de publicar un informe elaborado por el diputado Conrado Rodríguez y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie en el que señala, con total franqueza, que en “esto le va la vida al país”. No es solo una cuestión de que el déficit fiscal crecerá dos o tres puntos solo por efecto de la suba de las prestaciones mínimas. En última instancia, bien o mal, las cuestiones fiscales se arreglan en el largo plazo aunque ellas dejen efectos sobre la inversión y la generación de empleo. Argentina sufrió la expropiación de los fondos de pensión (AFJP), pero los problemas fiscales se han ido solucionando aunque más no sea por la ley de la realidad: no hay más plata.
Lo más grave de este plebiscito, aparte de los efectos económicos, es el daño que se hace a la reputación del país como respetuoso cumplidor de los contratos y las leyes. Aquí se incluye en la Constitución una norma que viola a la propia Constitución, que establece en su artículo 32 que la expropiación de la propiedad privada solo puede hacerse mediante “justa y previa indemnización”. Y ahora se expropiarán las AFAPs sin justa y previa indemnización y, lo que es más grave, se expropiarán los fondos previsionales que los uruguayos tienen en las AFAPs por unos US$ 22.000 millones. Fondos que pasarán a un fideicomiso manejado por el BPS pero donde no habrá individualización ni traspaso hereditario y, por tanto, si expropiación lisa y llana. Obviamente sin indemnización previa con muy graves consecuencias.
Por un lado, el estado será pasible de innumerables juicios de indemnización. Por otro, el daño institucional que se le genera a Uruguay será muy grave y pasaremos, por mucho tiempo, a engrosar las filas de los estados parias de América Latina. Y sin tener petróleo o algo que nos permita generar algún tipo de atractivo para el mundo. Por eso tiene razón el Partido Colorado: en esto “le va la vida al país”.
Si alguien hubiera querido causarle daño extremo a nuestro país, algo parecido al “socialismo del siglo XXI” de Maduro en Venezuela pero sin violencia, nada mejor que este plebiscito.