El asedio a lo privado

Ricardo Peirano, 31 de diciembre de 2025

El Frente Amplio, a excepción del Partido Comunista, no busca establecer un sistema socialista de gobierno. Lo dijo claramente el ministro de Trabajo y secretario General del Partido Comunista del Uruguay Juan Castillo el pasado 14 de diciembre en ocasión del Congreso de dicho Partido cuando expresó: “No engañamos a nadie, queremos hacer la revolución, construir el socialismo, somos solidarios internacionalmente con todos los pueblos que luchan y hoy con Venezuela amenazada, con Colombia amenazada, con Cuba cercada. No escondemos nada, somos así, transparentes”. Y, ante la mención del propósito de “construir el socialismo” Castillo fue consultado sobre si la administración de Orsi “es socialista”, y respondió: “No es un gobierno socialista, no lo es. Integramos este gobierno, es nuestro gobierno y aprobamos un programa y le somos fieles. Nuestro respeto por los compañeros que nos representan, pero la absoluta tranquilidad para todos de que somos fieles al programa que elaboró el FA”. O sea, proyecto socialista del PCU pero, por el momento, lealtad a un gobierno de izquierda no socialista.

Ahora bien, Castillo es absolutamente claro y honesto con su fuerza política. Justamente por eso impulsa proyectos como la discutida idea de que las empresas deben avisar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) antes de cerrar, antes de achicarse, antes de despedir trabajadores o antes de irse del país si son extranjeras.

De las consecuencias negativas para la generación de empleo y el aumento de la inversión privada de esta iniciativa ya se han expresado muchos economistas y politólogos. Hay una muy buena columna de Pablo Mieres en El Observador del pasado viernes 26. Esa medida, de aprobarse, puede ser nociva para conseguir ese crecimiento de la economía que procura impulsar el ministro de Economía Gabriel Oddone. Pero por ahora no es una propuesta para construir un régimen socialista..

Pero los que impulsan ideas que calzan con el modelo socialista con actos concretos están en otro lado y no son tan transparentes como el ministro de Trabajo. Son, por ejemplo, los que desde la ANEP y el Ministerio de Educación van poniendo piedras a las universidades privadas. Que les molestan por el hecho de ser privadas.

A la ANEP le interesa priorizar lo público sobre lo privado aunque los recursos financieros salgan del país y afecten a nuestra balanza de pagos, algo que solía ser algo nefasto para la izquierda. Para defender nuestra moneda y “ahorrar divisas” se proponía evitar las importaciones, las compras en el exterior, vivir con lo nuestro, proteger la industria nacional.

Pues bien, el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), firmó el pasado lunes 22 un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para implementar una maestría en formación docente. Y, al mismo tiempo, la ANEP cancela los acuerdos que con ese fin tenía con tres universidades privadas de Uruguay -la ORT, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Universidad de Montevideo (UM)-. En dichos acuerdos, la ANEP financiaba la mitad de las becas y cada universidad la otra mitad.

Pero ahora dice el presidente del CFE, Walter Fernández Val, que “la financiación de becas de postgrado con dinero del Estado tienen que correr hacia universidades públicas, ya sea la UDELAR, la UTEC o de la región”. Como ni la UDELAR ni la UTEC pueden proporcionar esos programas se fue a buscar una universidad pública “de la región”. Habrá una menor oferta de cursos, los cursos serán mayoritariamente virtuales pero se logrará el objetivo de que no fluya dinero público a instituciones educativas privadas.

Las autoridades del Ministerio aducen que no estaban los “papeles en regla”. Otra especie de “asunto Cardama”. Pero lo que realmente incomoda a las nuevas autoridades educativas es que las universidades privadas uruguayas ofrezcan cursos que las públicas no pueden ofrecer.

Por lo demás, el mismo día en que se anunció este acuerdo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, presentó la nueva regulación del sistema de enseñanza terciaria de Uruguay, para sustituir la dictada por el anterior gobierno que otorgaba autorización definitiva a cinco  universidades privadas.

Tan acotado timming en las dos propuestas del MEC del día lunes 22 pueden ser coincidencia o casualidad. Pero también se nota una clara molestia con lo privado en el ámbito educativo. Y eso no es casualidad en épocas en que los sindicatos docentes vuelven a tomar las riendas de las políticas educativas. Así como en algunos momentos sufrimos aquello de que “lo político estaba por encima de lo jurídico”, ahora en materia educativa estamos retrocediendo de forma tal que “lo pública esté por encima de lo privado”. Aunque, en materia de postgrados, las universidades privadas gradúan a la mitad de los candidatos. Algo que cuesta tragar para los defensores del modelo público y, casi durante 150 años, monopólico de enseñanza terciaria. Un triste privilegio que hasta 1985 compartimos con Cuba y con Haití. Nada para solazarse. Mucho para corregir.