El PIT-CNT tiene razón

El PIT-CNT tiene razón

El PIT-CNT tiene razón

Ricardo Peirano, 25 de octubre de 2024

El pasado lunes 14 de octubre el PIT-CNT hizo uso de la cadena nacional de medios para defender el SI al plebiscito de reforma constitucional sobre la seguridad social. Y dijo que si se aprueba el plebiscito “Puede cambiar el resto de su vida”.

Y vaya si tiene razón el PIT-CNT: si se aprueba el plebiscito cambiará el resto de la vida de los actuales y futuros jubilados, y de este país en su conjunto, pero claramente para peor.

La reforma propone, sin posibilidad alguna de ese “diálogo social” al cual la izquierda y los sindicatos son tan afectos, confiscar los ahorros de los trabajadores en las AFAPs, destruir las propias AFAPs eliminando 600 puestos de trabajo, prohibir el ahorro individual con fines jubilatorios (el próximo plebiscito será prohibir el ahorro individual con cualquier fin), reducir la edad de jubilación a 60 años y aumentar las jubilaciones y pensiones más bajas para equipararlas al salario mínimo.

Una reforma tal, aún si fuera viable del punto de vista de la realidad fiscal del país que no lo es, solo se puede financiar con más impuestos, al capital o a las personas físicas. Eso tiene efectos pronosticables en la dinámica de la economía que hacen muy difícil medir los costos reales y  finales del plebiscito, y eso incluso a muy corto plazo y no a los 50 años que hablan algunos. En efecto, no tiene sentido decir “subo x impuestos” y con eso pago los mayores beneficios sociales. Porque a partir del 28 de octubre todo cambia. La aprobación del plebiscito introduce la certeza de que habrá nuevos o mayores impuestos, y frente a esa perspectiva cierta es necesario considerar la reacción de los agentes económicos. Si los impuestos son al capital, como tanto le gusta a la izquierda, eso significa a corto plazo una menor inversión en el país, y por tanto menor crecimiento (ya escaso en  nuestra historia y en esta última década especialmente con un crecimiento anual del 1%), menor empleo, menores salarios, menores jubilaciones, etc.

Si los impuestos van a las personas físicas como el aumento del IVA, habrá cambio en los patrones de ahorro y consumo y eso afectará también la marcha de la economía y no para mejor.

En ambos casos o en una combinación de ambos, el futuro cierto es de menor inversión, menor crecimiento y menor o peor empleo. Y ello juega en contra de las posibilidades de financiar la reforma. Este análisis dinámico -acción  y reacción- es el que no se toma en cuenta por los promotores del plebiscito, aún si estuvieran bien sus cálculos de cómo pagar el notable aumento del gasto.

Per eso, si se aprueba las cosas no serán iguales a las que había hasta el 27 de octubre. No será igual el nivel de actividad, ni la trayectoria de recaudación de impuestos, ni el nivel de inversión. Y como decía la ministra Arbeleche, no tiene sentido calcular cuánto más habrá que recaudar para pagar la fiesta.

Pero la propuesta reformista va mucho más allá. Al cambiar las reglas de juego sobre el ahorro individual y las AFAPs, al no considerar siquiera la obligación de “la justa y previa indemnización” que la Constitución establece en su articulo 32. Esto implica un golpe de gracia a la reputación de Uruguay como país donde se respetan las reglas de juego y reina la seguridad jurídica. Seguridad que establece la garantía del derecho de propiedad o su justa y previa compensación si debe ser afectada por razones de interés general, algo que no tienen en cuentan los promotores del plebiscito.

Esa reputación, que incluye el llamado “grado inversor” pero que es mayor a él pues trasciende la marcha de la economía o de las finanzas públicas, se destruye el mismo día 28. Y se destruye como un vidrio que se rompe en mil pedazos. Se destruye la confianza en el país. Y, como consecuencia de ello, habrá fuga de capitales, depreciación de la moneda, aumento del riesgo país, reticencia a invertir, dificultad de colocar deuda (el año próximo hay colocar US$ 4000 millones).

Es decir, se destruye el Uruguay que hemos conocido y en el que hemos vivido en los 40 años posteriores a la restauración democrática. ¿Se puede reconstruir? Por supuesto. No es el fin de mundo. Japón y Alemania lograron reconstruir sus economías después de la Segunda Guerra Mundial. Los países asiáticos tuvieron un crecimiento impresionante a partir de los años 60. Vietnam, destruido después de la guerra, es hoy una economía pujante. La propia China hizo una enorme reconversión gracias al liderazgo de Deng Xiao Ping y su adopción del capitalismo.

Nada es el fin del mundo salvo la bomba atómica. Pero la reconstrucción, la reforma económica profunda, requieren muchos años de trabajo y de sacrificio de los habitantes de esos países. ¿Para qué destruir una razonablemente buena situación económica y estabilidad política?  ¿Por qué pegarse un tiro en el pie cuando no es necesario?

Algunos dicen que el “grado inversor” se le ha dado a la democracia uruguaya, siendo conocidos sus mecanismos de participación popular. No es así: si bien el “grado inversor” tiene en cuenta las circunstancias políticas, evalúa sobre todo el manejo económico, presente y futuro, para evaluar una capacidad de pago.  No solo la capacidad de pago, que depende de las cuentas fiscales y la trayectoria de la deuda, sino también la voluntad de pago. Por eso, Argentina y Venezuela tienen riesgo país muy elevado. No solo porque no pueden pagar sino porque muchas veces no quieren hacerlo.

O sea, estamos jugando con fuego y sometiendo al país a un estrés innecesario. No lo olvidemos: si se aprueba este plebiscito tendremos que trabajar por décadas para recuperar el nivel de vida que tenemos.