Una golondrina no hace verano, pero puede significar algo

Ricardo Peirano, Semanario Voces, 20 de marzo de 2026

La quietud de la política uruguaya, que solo se enzarza en discusiones de poca monta que implican revolver sobre el pasado en lugar de mejorar el futuro, se vio interrumpida la semana pasada. En forma inesperada el Secretario de Presidencia y gran referente del MPP, Alejandro Sánchez, anunció que el gobierno estudiaría formas para que pequeños ahorristas uruguayos pudieran invertir como accionistas.

Primero en la diaria Radio, Sánchez señaló que, ante la falta de opciones de inversión para muchos ahorristas uruguayos, una solución sería abrir la posibilidad de invertir en nuestras empresas públicas. “Creo que nosotros tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero. El ahorro nacional del Uruguay hay que ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacer otras inversiones. Como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica, en donde se podía comprar determinadas acciones. Necesitamos construir esos instrumentos y eso implica no solo discutir que la plata para las empresas tiene que salir de rentas generales, capaz que lo que tiene que generar es condiciones para que los usuarios de Antel puedan tener acciones de Antel”.

La idea no fue explicada con precisión, pero generó un enorme revuelo. Es que toca, ni más ni más, que el centro de algunas vacas sagradas del Uruguay: sus venerados entes autónomos y servicios descentralizados. Y de allí surgieron críticas, aplausos y varias preguntas por parte de especialistas sobre la gobernanza de las empresas estatales, algo también muy cercano al manejo político del país. En efecto, los directorios de las empresas suelen ser un premio consuelo para quien no logró un cargo electivo o para tirar un dulce a la oposición. Que muchas veces también lo usa para premiar a quien quedó fuera del parlamento.

Desde la oposición se vio con buenos ojos esa idea porque implicaba comenzar a transitar por un camino de cambios sustanciales y no meramente cosméticos. Y por supuesto, se recordó que era una idea presentada en marzo de 1995 por Ignacio de Posadas, en su rol de senador. Hace ya 30 años. Y luego retomada por el expresidente José Mujica para financiar los parques eólicos de UTE, algo que se transformó en una política de Estado y es el origen de un cambio en la matriz energética reconocido en el mundo

Los ataques a la idea de Sánchez, que reconoció haberla conversado a nivel gubernamental, provinieron mayoritariamente desde el propio Frente Amplio. Por un lado, quienes decían la típica frase de que “no estaba en el programa del Frente Amplio” hasta la furiosa arremetida de Flor Leymonié, la exsecretaria general de Sutel y dirigente del PCU, quien atacó a Sánchez desde su cuenta de X: "Es evidente que sus preocupaciones son funcionales a la clase que oprime. Aplaudido por la derecha privatizadora, debería darle vergüenza. Que alguien ate al perro burgués".

Sánchez dijo que no haría más comentarios hasta concurrir al Parlamento, pero el domingo 15 se explayó sobre el particular en un evento político partidario de naturaleza digital.

Y allí pareció retroceder en su propuesta. Primero señaló que “se generó un lindo debate, siempre es bueno el debate”. Y luego entró a fondo: “los neoliberales parece que me están abrazando; en ese club no voy a estar, no tiene nada que ver con eso”. “Lo que estamos proponiendo nosotros no es lo que algunos ansían, que es vender las empresas públicas”. Y luego explicó algo de sobra sabido: “no se pueden vender acciones de las empresas públicas porque no tienen acciones”.

Y finalmente concluyó algo aparentemente distinto de lo que había dicho el lunes 9: “el instrumento que está proponiendo es generar “fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas propiedad de nuestras empresas públicas” que coticen en bolsa, como sucedió en el caso de la energía eléctrica. Agregó que, para asegurar que “no venga un grandote” y compre todo, se puede reservar “una parte de la inversión” para los pequeños accionistas, por ejemplo, emitir obligaciones negociables que no sean de más de 2.000 dólares. Y establecer que, si se van a volver a vender, la primera opción de compra sea del Estado”

Las nuevas declaraciones de Sánchez desinflaron un poco la propuesta original ya que se pasa de ofrecer acciones a pequeños ahorristas a buscan opciones de financiamiento como Obligaciones Negociables, fideicomisos, o sociedades anónimas propiedad de las empresas públicas, cosa que ya se ha hecho en anteriores gobiernos del propio Frente Amplio.

Sánchez culminó diciendo: “yo creo que vale la pena discutirlo”. Efectivamente, vale la pena discutirlo y ya es hora. Ya a principios de la década del 90 el gobierno de Lacalle Herrera intentó privatizar parcialmente algunas empresas públicas. La reacción fue un gran plebiscito en contra apoyado por el Frente Amplio y lo que en esa época era el Foro Batllista, liderado por el expresidente colorado Julio María Sanguinetti. Y además dejó la idea, según muchos sectores de izquierda, que ese plebiscito había saldado el tema para siempre. Propiedad jurídica y política de la consulta popular que, esos mismos sectores, no atribuyen a otros plebiscitos como el de la Ley de Caducidad, el voto del exterior, y muy recientemente de disolución de las AFAPs.

De modo que es muy bienvenido el debate de las empresas públicas. No ya de su existencia, que casi nadie se anima a poner en duda, sino de su régimen jurídico (aún siendo propiedad 100% estatal podrían regirse por el derecho privado en sus formas de dirigirse y de operar), gobernanza, competitividad, régimen laboral de sus funcionarios (o empleados, habría que decir). Podrían mejorarse muchas cosas que hacen a su competencia, capacidad de inversión, movimiento del mercado de capitales sin tocar para nada la titularidad de su capital.

Sánchez decía que hasta podrían destinarse sus utilidades a nuevas inversiones en lugar de ir a Rentas Generales, aunque Rentas Generales viene a ser el propietario de facto y, por tanto, el destinatario de los dividendos.

Hay un gran campo de debate. Y no es un tema de “neoliberalismo”. Aún el viejo liberalismo, mucho más sólido que el “neo”, tendría bastantes cosas para decir sobre la propiedad de estas empresas, su forma de gobierno, su forma de competir, su capacidad de usar su poder para dar subsidios sin pasar por el Parlamento o de usar subsidios cruzados para proteger áreas poco o nada rentables (el portland de Ancap).

Por algo Carlos Slim, propietario de la telefónica Claro dijo en octubre pasado que su empresa "no debería estar" en el país “debido a la alta intervención estatal de Antel y la falta de competencia”.

Bienvenido sea el debate sobre las empresas públicas. Es muy positivo para el país. Pero para que las inversiones crezcan hace falta más.

La reforma de las empresas públicas es solo una golondrina que necesita compañía de otras reformas para hacer el verano de inversiones que Uruguay necesita para crecer.