¿Es aplicable el modelo Bukele en Uruguay?

Ricardo Peirano, Semanario Voces, 9 de abril de 2026

Nayib Bukele seduce a miles de uruguayos. Las encuestas de Equipos Consultores de marzo pasado lo confirman: es el líder internacional mejor valorado, con saldo neto positivo incluso superior al de muchos políticos locales. Muchos lo miran con envidia y frustración: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta a registrar apenas 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025. Uruguay, en cambio, está con 10,3 homicidios y en alza. La tentación es comprensible: “Si él pudo, ¿por qué nosotros no?”. Hasta el presidente Orsi dijo que era preciso “analizar a Bukele” y luego tuvo que aclarar que no era para imitarlo.

Pero esa tentación es peligrosa. Bukele no es un modelo exportable. Es la respuesta extrema a una crisis extrema que Uruguay, afortunadamente, nunca ha vivido ni debe buscar. Pero que nunca puede descartarse, especialmente si continúa el actual estado de cosas.

El Salvador no enfrentaba delincuencia común. Enfrentaba una verdadera guerra civil, generada por pandillas muy bien organizadas. La MS-13 y Barrio 18 controlaban barrios enteros, extorsionaban a la población, reclutaban niños y disputaban territorio al Estado con fusiles y granadas. El país había perdido el monopolio de la fuerza. Frente a ese colapso, el régimen de excepción de Bukele —vigente desde marzo de 2022— permitió detener a más de 90.000 personas y desarticular esas estructuras. El resultado en seguridad es innegable. El costo en cuanto al respeto del estado de derecho también lo es: detenciones masivas sin orden judicial, denuncias de torturas, más de 400 muertes bajo custodia y un Estado de excepción que ya dura más de tres años.

Uruguay vive otra realidad. La tasa de homicidios es preocupante para nuestros estándares, pero no comparable con el infierno salvadoreño del pasado.

No hay pandillas transnacionales que dominen territorios. No hay un Estado desbordado por completo. Aquí el problema principal es la violencia urbana -pasear por zonas céntricas de Montevideo da una muy buena experiencia- ligada al microtráfico, el consumo de drogas y la deserción escolar. Aplicar el modelo Bukele sería usar un lanzallamas para matar mosquitos: desproporcionado, costoso y destructivo para nuestra convivencia.

El verdadero problema es aún más profundo: el “éxito” de Bukele tiene un precio democrático altísimo. Controló la Corte Suprema, neutralizó la Asamblea Legislativa, reformó la Constitución para reelegirse indefinidamente y convirtió el estado de excepción en una nueva normalidad. Varieties of Democracy lo clasifica como “autocracia electoral”.

Uruguay, en cambio, sigue siendo una de las democracias más consolidadas y estables de América Latina, con partidos centenarios y un sistema de contrapesos que funciona.

Aquí no hay espacio institucional ni cultural para un Bukele. Ni Luis Lacalle Pou ni Yamandú Orsi han avalado replicar ese camino. Saben que es incompatible con lo que somos como sociedad.

Aun así, Uruguay debe mejorar urgentemente su seguridad. Nadie puede negar que la inseguridad es hoy el principal problema que perciben los uruguayos. Los homicidios han aumentado, el microtráfico se expandió en varios barrios y la sensación de vulnerabilidad crece.

No podemos conformarnos. Es necesario actuar con firmeza, pero con inteligencia y dentro de la ley. En Montevideo, por ejemplo, casi no ven policías. En barrios enteros la sensación es que es tierra de nadie. Es notoria la profunda crisis de autoridad. Los ladrones actuando a cara descubierta, los robos en manada a las farmacias, la actitud amenazante de cuidacoches, hablan de una ciudad desconocida. La gente en situación de calle, que era solo un problema social, hoy es parte del ciclo del delito.

Uruguay tiene que modernizar su inteligencia policial, implementar justicia penal más rápida y efectiva, endurecer las penas para reincidentes peligrosos, invertir fuertemente en prevención (educación, deporte y reinserción) y combatir el narcotráfico con mayor coordinación regional. Policías patrullando y con potestades claras de que pueden actuar ante desmanes en el espacio público.

Podemos y debemos ser mucho más duros contra el delito sin suspender garantías constitucionales ni copiar atajos autoritarios. La seguridad y la democracia no son enemigas; pueden —y deben— avanzar juntas. Si no se elimina el temor, la gente tirará la democracia por la ventana.

El modelo Bukele también es financieramente inviable aquí. Multiplicar la población carcelaria como en El Salvador colapsaría el presupuesto nacional sin resolver las causas profundas de la violencia: adicciones, fracaso escolar y falta de oportunidades reales y la desintegración familiar.

La admiración hacia Bukele es comprensible. Refleja un hartazgo legítimo ante la inseguridad y la lentitud  y falta de acción de la justicia. Sin embargo, convertir esa frustración en un deseo de imitar su modelo sería un grave error estratégico y cultural.

Uruguay no necesita un salvador autoritario. Nunca perdió su democracia ni su Estado de derecho, salvo cuando los iluminados tupamaros iniciaron en 1963 una lucha armada contra un gobierno democrático, lo que luego derivó en el advenimiento de la dictadura militar.

Lo que necesita son líderes serios, valientes y responsables que fortalezcan lo mejor de nuestra identidad: instituciones sólidas, respeto a las libertades y una firme voluntad de vivir seguros sin dejar de ser libres.

Copiar a Bukele no nos haría más seguros. Nos haría menos uruguayos. Y esa línea roja, afortunadamente, la gran mayoría de la sociedad sigue sin estar dispuesta a cruzarla. Lo que si es vital para evitarlo es que la dirigencia política (tanto gobierno como oposición) adopten una política de estado seria y dejen de arrojarse números de homicidios o rapiñas como si fuera un partido de fútbol. El problema de la seguridad existe (no es “sensación térmica”), viene creciendo desde hace años y no cambia por el hecho de cambiar el gobierno.

Si queremos evitar un “Bukele” o evitar que la gente reclame alguien como él, es preciso poner manos a la obra.