La esencialidad del Puerto

El gobierno apeló a “el VAR” para revisar el conflicto y asegurar el funcionamiento

Horacio Varoli, 15 de setiembre de 2026

El gobierno apeló al VAR. No dispuso la “esencialidad” en la Terminal de Contenedores de TCP, pero sí articuló una movida con efecto similar, que garantiza "servicios mínimas" y calma las aguas que agitaban a sectores empresariales y a la oposición.

Por otro lado, es una alternativa frente a la resistencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo —ex dirigente sindical portuario y ex presidente del PIT-CNT—, que se opuso desde un principio a la “esencialidad” con el argumento de que la Organización Internacional del Trabajo no incluye al puerto entre las actividades esenciales.

En el fondo, más allá de la OIT, el Partido Comunista y el PIT-CNT consideran que la “esencialidad” es inconstitucional porque no respeta el “derecho de huelga”.

En realidad, el artículo 57 de la Constitución indica que “la huelga es un derecho gremial” aunque aclara que “sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”. Por lo tanto, le reconoce como un derecho pero no absoluto sino limitado a lo que dispongan otras normativas.

Pero eso era una tensión dentro del gobierno sobre cómo actuar ante el conflicto.

En la letra chica del VAR, el gobierno advirtió que la propia normativa de la OIT admite excepciones a la exclusión del Puerto en la esencialidad, cuando una actividad relevante atraviesa una complicación extrema, y apeló a eso para destrabar la situación en el puerto sin caer en la resolución que fuera más polémica.

El tema ya se había derramado hacia el Parlamento. La esencialidad provocó un cruce fuerte entre oficialismo y oposición en el Senado, con las autoridades del Ministerio de Trabajo en el centro del debate.

"Creo que llegó el momento de decretar la esencialidad", dijo el senador nacionalista Javier García, y descartó el argumento de que la propia empresa no la pida. Apuntó contra el subsecretario, a quien acusó de hacer "un alegato para la continuidad del conflicto en el puerto", y advirtió que la esencialidad podría traerle "conflictos internos" al Frente Amplio, incluso con la renuncia del ministro y el subsecretario.

El senador blanco Sebastián Da Silva responsabilizó al gobierno por estar "omiso en garantizar sus obligaciones de tener el puerto abierto las 24 horas del día". Sobre los argumentos del subsecretario ironizó: "cuanto más eficiente sea la perturbación, mejor va a ser la huelga...", "no tienen derecho a parar el país; ¿se lo digo así o le hago un dibujito?".

El senador Robert Silva, del Partido Colorado, citó una definición de la OIT de 1996: un servicio no esencial "puede convertirse en esencial cuando la duración de una huelga... pone en peligro la vida, la seguridad o la salud". Y agregó: "Advierto cierta complacencia, algo así como 'está bien que pase, es normal'. No, no es normal".

El oficialismo salió al cruce.

El senador comunista Oscar Andrade defendió la posición del gobierno y sostuvo que la esencialidad "puede generar que un conflicto se encamine, pero muy probablemente haga que un conflicto se generalice", porque supone "el despido masivo de huelguistas".

El senador Gustavo González fue el más frontal en defensa de la huelga: "No me arrepiento para nada de las perturbaciones que generan las huelgas, estoy totalmente de acuerdo", dijo, y acusó a la oposición de defender "al capital, siempre".

El senador Borbonet cerró la defensa del oficialismo: "una posición firme del gobierno... firme, categórica, con altura".

En medio de este conflicto, la empresa Neltume Ports, propietario de Montecon, presentó al gobierno un proyecto para construir una segunda terminal de contenedores, con una inversión de USD 900 millones. La iniciativa competiría con TCP y depende de un fallo pendiente del TCA. Es otra pulseada que se abre en el puerto, mientras la actual todavía no cierra.

La salida que finalmente encontró el Ejecutivo fue la “futbolística” del VAR (Video Assistant Referee; árbitro asistente de vídeo).

Ni esencialidad ni dejar que la negociación siga como está, sino una normativa de cumplimiento de servicios mínimos que garanticen la carga y la descarga en la terminal. Eso, sin que el gobierno tenga que asumir el costo político de declarar esencial una actividad que, en los papeles, la OIT no reconoce como tal.

Evitó el fuera de juego más evidente, aunque el partido aún no está cerrado.