Pulso regional |Marzo 2024

La Lupa

La receta de Bukele, una peligrosa tentación en América Latina 

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de 42 años, ha surgido como una figura política destacada gracias a su exitosa política contra la violencia de las pandillas. Su rápido éxito en este ámbito lo ha llevado a ser reconocido no solo a nivel nacional, sino también en la escena política global. La determinación del líder salvadoreño para abordar el problema del crimen ha despertado simpatías entre gobernantes de América Latina y diversos sectores sociales afectados por esta problemática.

El rotundo éxito de Bukele, quien es el presidente más popular de la región, le ha permitido ser reelegido el mes pasado por un nuevo mandato de cinco años, con un respaldo electoral fenomenal. El partido oficialista Nuevas Ideas obtuvo 54 de 60 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa, en unos comicios considerados como un referéndum sobre su estilo de combate al delito.

Seguridad versus libertad

Es cierto que el valor atribuido a la seguridad por encima de la libertad, con la justificación de obtener resultados rápidos, ha generado un cambio notable en un país que anteriormente tenía los peores índices de criminalidad en el mundo. En relativamente poco tiempo, la tasa de homicidios ha disminuido de manera asombrosa, pasando de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, a tan solo 2,4 en 2023.

Pero el rumbo autoritario de El Salvador entra en conflicto con principios democráticos y, por ello,  plantea serias preocupaciones sobre el futuro del país y el respeto a las libertades fundamentales.

El camino de El Salvador está llamando la atención en los gobiernos de Honduras, Ecuador, Perú y Argentina. Incluso la influyente prédica de Bukele está alimentando la campaña electoral de los republicanos para apuntalar el voto hispano a Donald Trump.

Es peligroso que contagie entusiasmo en otros líderes que luchan por acabar con la violencia ciudadana, sin reconocer que no existen soluciones simplistas o unilaterales para problemas complejos como la violencia y las implicaciones del narcotráfico.

Es pernicioso si los gobernantes no tienen en cuenta que, a la larga, las recetas ahistóricas son un espejismo: no se pueden extrapolar experiencias en contextos muy diferentes.

Convertir calles peligrosas en un solaz en espacios  firmes de tranquilidad y seguridad, requiere reconocer las características propias que explican el crimen y asumir el reto de realizarlo bajo las reglas de una sociedad democrática.

En ese sentido, las políticas de Bukele son difíciles de replicar en países democráticos de la región, incluyendo obviamente a Uruguay.

Un modelo intransferible

En primer lugar, el presidente salvadoreño concentra un gran poder, ejerce un control de facto sobre el Congreso y el sistema judicial, limita la labor de la prensa independiente y no ofrece garantías a las voces disidentes.

La política de mano dura en El Salvador, ejecutada bajo un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogada ya 24 veces, ha sido objeto de críticas debido a que ha legitimado la detención de aproximadamente 76.000 personas sin orden judicial. Se estima que alrededor de 7.000 de estas personas han sido liberadas al considerarse inocentes, después de haber estado recluidas en una gigantesca cárcel de alta seguridad.

El régimen de excepción permite el arresto por 15 días sin disposición judicial, suspende el derecho de asociación y autoriza a las autoridades a intervenir la correspondencia y los teléfonos celulares de los sospechosos. En términos generales, implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales de los detenidos.

En segundo lugar, en El Salvador, el problema de la violencia estaba vinculado principalmente al accionar de las maras, pandillas orientadas hacia la extorsión, secuestro, hurto y otras fechorías de ese estilo.

En cambio, en países como Colombia, México o Perú, los crímenes están más directamente asociados a las actividades de los cárteles de la droga. El Salvador, en tanto, no es un país significativamente afectado por actividades de narcotráfico, como la producción o el tráfico de grandes cantidades de drogas.

Las organizaciones criminales de narcotráfico manejan más recursos y tienen mejores conexiones internacionales que las antiguas bandas delincuenciales salvadoreñas.

En tercer lugar, hay aspectos de orden institucional. Por un lado, se considera que los organismos de seguridad en El Salvador son más profesionales, en comparación con el promedio de la región. En otros países latinoamericanos es más común que las fuerzas del orden estén viciadas por la corrupción, e incluso que algunos funcionarios sean capturados por grupos criminales. Por otro lado, en términos generales, América Latina tiene partidos políticos más sólidos que los de El Salvador y una oposición en mejores condiciones de exigir rendición de cuentas, salvo en dictaduras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Es fácil entender el atractivo de la receta de Bukele para los gobiernos de América Latina que enfrentan impotentes un flagelo que puede tener efectos devastadores en múltiples aspectos de la sociedad y la economía de un país.

Pero las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele son únicas en El Salvador y no son un ejemplo a seguir en otros países. El gran desafío de la región, aunque sabemos que es muy difícil, es ganar el combate a la criminalidad bajo las reglas y prácticas democráticas, algo que hasta ahora ha sido esquivo.

Las Señales 

Las dificultades de la estrategia de Milei

El presidente de Argentina Javier Milei pronuncia su discurso al inicio de las sesiones ordinarias, viernes 1° de marzo. EFE/Matías Martin Campaya

El equilibrio fiscal innegociable, la confrontación entre “la gente de bien” y “la casta”, la política de seguridad de “el que las hace, las paga”, y la siempre traída a colación “batalla cultural” han sido los asuntos que dieron el sello del presidente argentino Javier Milei en sus primeros 100 días de administración. El núcleo de la campaña que lo llevó a la presidencia son también las directrices del gobierno del presidente libertario, esto le ha valido tanto mantener el apoyo popular que lo catapultó a la Casa Rosada como el rehúso de la oposición a facilitarle la ejecución de su plan económico.

La confrontación contra quienes no apoyan las iniciativas o se apartan de los lineamientos del gobierno han sido una constante en los primeros meses de gobierno de Milei, dando la señal de que polarización y el contraste con sus adversarios no sólo fue una estrategia de campaña para el actual presidente argentino, sino que también se avizora como su estrategia de gobierno.

Milei no ha escatimado a la hora de cotejarse incluso ante quienes se suponían que podrían ser sus aliados. Tal es el caso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, perteneciente al Pro de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien amenazó al gobierno nacional con retener el petróleo y gas de la provincia si no se les enviaban fondos federales retenidos a raíz de una deuda que mantenía la provincia; finalmente, esta disputa fue saldada por la Justicia sin alcanzar embates que se advertían catastróficos para la economía nacional. Otro ejemplo fue la acusación al diputado liberal Ricardo López Murphy de “traidor” y “basura” por plantear dudas técnicas sobre la viabilidad de dolarizar la economía.

También es cierto que Milei, en su intento por ganar gobernabilidad, planteó el concepto de “tabula rasa” (“pizarra limpia”), con la finalidad de integrar en su gobierno a políticos de diferentes facciones sin importar su pasado, pero que adherían a la orientación de la actual administración. De esta manera, el presidente libertario sumó a su gobierno como figura clave a Patricia Bullrich como ministra de seguridad, encontró en José Luis Espert (con quien también tuvo disputas candentes en campaña) un aliado fundamental en el Congreso y, más recientemente, Daniel Scioli, funcionario del gobierno de Alberto Fernández y político de carrera ligado al peronismo, asumió como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

El escaso apoyo parlamentario con el que cuenta Milei se reflejó en varias cuestiones: la cámara de diputados modificó el ADN de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” enviada por el Ejecutivo a finales de diciembre del último año, al punto que el presidente decidió retirarla para tratarla más adelante. Por otra parte, a mediados de marzo el Senado votó de manera contundente en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aprobada en los primeros días de gobierno, y ahora sólo pende de que la Cámara de Diputados no la rechace para mantener su vigencia, cosa que lograrían mientras eviten su tratamiento.

Mientras la situación económica se degrada (de acuerdo con estimaciones de Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la pobreza saltó de 49,5% en diciembre de 2023 a 57,4% en enero de 2024, en tanto que la indigencia alcanzó al 15% de la población), la imagen positiva apenas se redujo de 53% a 48% de diciembre a febrero, pero se mantuvo constante en marzo y está por encima de la medición hecha justo después del balotaje en noviembre, según los estudios de la consultora Aresco.

Milei está logrando mantener estable su apoyo popular en medio de las medidas económicas más drásticas que ha tomado su gobierno: los primeros dos meses del año cerraron con superávit fiscal debido a eliminaciones de subsidios al transporte y energía, licuación de salarios y jubilaciones, eliminación de transferencias discrecionales a provincias y de obra pública. Las estimaciones indican que en 2024 Argentina cerrará con 2% de superávit primario (como % del PBI), es decir, previo al pago de intereses de deuda, aunque tendrá una caída de la actividad económica de alrededor de 4%.

Poco a poco, los mercados comienzan a tomar confianza en el gobierno del libertario: el dólar blue se mantuvo estable en el último mes y la brecha cambiaria se sitúa por debajo del 20%, lo que se traduce en el alzamiento de voces que reclaman la eliminación de las restricciones cambiarias (el famoso “cepo”). A su vez, el riesgo país rompió el piso de 1.500 puntos y se sitúa en su valor más bajo en dos años y medio.

La suerte de Milei para llevar a cabo su plan político y económico podría dilucidarse pronto en su capacidad para concretar el anunciado “Pacto de Mayo”, donde convocará a gobernadores (ninguno de ellos perteneciente a su partido), expresidentes y líderes de partidos políticos a establecer "los principios del nuevo orden económico argentino", que incluyen un límite al gasto público, el equilibrio fiscal, una reforma en el sistema de jubilaciones, la defensa a la propiedad privada y un giro aperturista en materia comercial, entre otros puntos. O bien, aunque se avizore demasiado lejos en el horizonte, debería esperar a llegar con la suficiente fuerza a octubre de 2025, cuando se celebren las elecciones legislativas que cambiarán la composición del Congreso.

El Termómetro 

La encerrona chavista contra la oposición

Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, durante un acto de proclamación de su candidatura por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fotografía de Prensa de Miraflores cedida a EFE.

El incumplimiento por parte del régimen despótico de Nicolás Maduro del Acuerdo de Barbados, que estableció el compromiso de respetar en Venezuela los derechos políticos y garantías electorales para el proceso comicial de 2024, plantea interrogantes sobre la convocatoria a las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio.

A casi cuatro meses de la contienda, la versión chavista del gobierno de Maduro ha aumentado el cerco contra la oposición, especialmente en torno a la popular adversaria María Corina Machado y sus más cercanos colaboradores.

Hasta ayer 21 de marzo, el gobierno solo había autorizado la participación electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), donde se congrega la mayoría de los partidos de la oposición, y de Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia.

La Contraloría General mantiene firme su resolución de junio de 2023 de prohibir a Machado de ejercer cargos públicos por 15 años, alegando su supuesto apoyo a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, así como su respaldo al expresidente encargado Juan Guaidó. Además, ha sido acusada, sin pruebas y sin el cumplimiento del debido proceso, de errores y omisiones en declaraciones juradas de bienes evaluadas durante una auditoría. La prédica chavista la señala de haber respaldado una invasión extranjera para derrocar a Maduro y de estar involucrada en actos de corrupción.

El miércoles 20, en otra acción dirigida contra Machado, quien lidera cómodamente las encuestas, el Ministerio Público (fiscalía), bajo la dirección del acérrimo chavista Tarek William Saab, vinculó a Machado y a siete estrechos colaboradores, incluida su mano derecha, Magalí Meda, con "acciones desestabilizadoras" contra el gobierno.

Saab afirmó que se descubrió una "misión" con el propósito de "generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar" a levantarse contra el régimen. Sin embargo, el funcionario no presentó ninguna prueba que respalde tal acusación pública. 

La ofensiva oficialista contra candidatos que representan una verdadera opción de poder ante el chavismo plantea un escenario muy difícil para una competencia electoral legítima y transparente.

En enero pasado, a unos tres meses del pacto garantista electoral, y cuando todavía había ciertas esperanzas de despejar el camino hacia elecciones competitivas, el presidente venezolano adelantó que "los acuerdos de Barbados están heridos de muerte". El tiempo le ha dado la razón.

El Rastreador

El futuro de la derecha brasileña frente a Bolsonaro acorralado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante el lanzamiento de la candidatura para alcalde de Río de Janeiro de Alexandre Ramagem, Río de Janeiro, sábado 16. EFE

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, el influyente líder de la derecha brasileña, está siendo acorralado por investigaciones policiales y judiciales que dejan abierta la incertidumbre sobre el futuro político de una poderosa corriente de opinión que es consustancial a un conductor de masas carismático. 

Según la Policía Federal de Brasil, que surge de información difundida esta semana, existen pruebas contundentes que implican a Bolsonaro en la falsificación de un certificado de vacunación contra el Covid-19. Supuestamente, esta maniobra tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando el exmandatario se aprestaba a viajar a Miami, Estados Unidos, antes de la entrega del poder a su adversario acérrimo Luiz Inácio Lula da Silva. La eventual adulteración también habría involucrado a su hija y a “asesores cercanos”.

De acuerdo con la investigación, el expresidente podría haber cometido delitos de asociación criminal e introducción de datos falsos en el sistema público, acusaciones que están siendo evaluadas por la Fiscalía General de la República.

Este no es el único caso en curso contra Bolsonaro. Dentro del marco de la investigación “Tempus Veritatis”, autorizada por el Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial de Brasil, se está investigando un supuesto plan de Bolsonaro para mantenerse en el poder. Excomandantes de fuerzas castrenses han relacionado al expresidente con un plan fallido de golpe de Estado durante la segunda semana de diciembre de 2022, casi un mes antes de la toma de posesión de Lula.

“Perseguido político”

Cercado por las investigaciones en su contra, Bolsonaro convocó a una multitudinaria marcha en San Pablo el domingo 25 de febrero, donde rechazó la prohibición impuesta el año pasado que le impide postularse a un cargo político durante ocho años. Esta prohibición, por mayoría del Tribunal Superior Electoral, dictaminó su inelegibilidad por abuso de poder durante su presidencia entre 2019 y 2022, basándose en que había difundido información falsa o distorsionada sobre supuestas fallas en el sistema electoral durante las elecciones de 2022, en las cuales perdió frente a Lula.

“No podemos aceptar que un poder elimine del escenario político a quien quiera que sea, a no ser por un motivo justo. No podemos pensar en elecciones apartando a los opositores”, dijo en el mitin.

Además, rechazó la acusación de haber instigado un golpe, alegando que se trata de una persecución política en su contra. El pastor evangélico Silas Malafaia, en el mismo evento, afirmó que Bolsonaro es “el mayor perseguido político” en la historia de Brasil.

Dentro de este contexto adverso para Bolsonaro, la pregunta que surge es si alguna otra figura de las filas conservadoras brasileñas con las cualidades suficientes para erigirse como el heredero político del influyente expresidente.

La fuerte polarización en Brasil, un rasgo arraigado en la política y en parte reflejado por el movimiento asentado de Bolsonaro, hace pensar que no es una tarea imposible, aunque indudablemente no será fácil. Un líder que demuestre un fuerte compromiso con los valores tradicionales, sea capaz de provocar una movilización electoral, muestre una capacidad para inspirar confianza y seguridad en su base de apoyo, estaría en las mejores condiciones para proyectar una era pos-Bolsonaro.

Lo que se viene

México acude a las urnas

Los candidatos a la presidencia de México desde la izquierda: Jorge Álvarez Máynez, por el partido Movimiento Ciudadano; Claudia Sheinbaum, por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, y Xochitl Gálvez, por el Frente Amplio por México.

En una elección inédita que tendrá como principales contendientes a la presidencia a dos mujeres, México someterá a las urnas la continuidad, profundización o finalización del modelo populista del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el siguiente 2 de junio.

Los comicios definirán no sólo quién ejercerá el mando del país a partir del 1° de octubre del presente año hasta 2030, sino que también develará la composición del Senado por los próximos seis años y las diputaciones federales por los próximos tres.

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición oficialista de izquierda Sigamos Haciendo Historia, conformado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, fundado por López Obrador), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVE), es científica y exgobernadora de la Ciudad de México y parte como gran favorita para tomar el mando.

La ingeniera, empresaria y exsenadora Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora centroderechista Fuerza y Corazón por México conformada por los históricos Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD), será la principal contendiente.

Más relegado aparece el exdiputado federal Jorge Álvarez Máynez del socialdemócrata Movimiento Ciudadano (MC), lejos de mantener posibilidades reales para triunfar, pero cuyo espacio político puede ser decisivo a la hora de aprobar leyes y reformas en el cuerpo legislativo.

Encuestas: Sheinbaum ganaría con amplia ventaja

De acuerdo con las tendencias elaboradas por J.P. Morgan, a partir de diversos estudios de opinión mexicanos, la candidata Sheinbaum cuenta con una intención de voto de 61% que casi duplica al porcentaje de votos que obtendría Gálvez (33%). En tanto, Álvarez Máynez reuniría 5% del electorado.

Este escenario renovaría el mandato del oficialismo y también abre las posibilidades de alcanzar la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras legislativas, lo que le permitiría a la alianza de AMLO y Sheinbaum realizar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición.

Cabe mencionar que la elección legislativa de México se rige por un sistema mixto donde se tienen en cuenta las mayorías relativas y primeras minorías obtenidas en los diferentes Estados y circunscripciones para una parte de las bancas, así como la representación proporcional del conjunto del país para otra parte, lo que complejiza la proyección de escenarios.

El pasado mes de febrero, AMLO presentó una propuesta de reforma constitucional basada en 20 puntos y que incluyen diversas temáticas: reforma al sistema de pensiones, atención médica universal gratuita, prohibición del fracking como mecanismo de extracción de hidrocarburos y elección de jueces y fiscales por voto popular, entre tantos otros. Sin embargo, los opositores de Fuerza y Corazón por México cuentan con la suficiente cantidad de bancas para frustrar las reformas de AMLO, por lo que diversos analistas coincidieron en que las propuestas del actual presidente obedecerían más a una estrategia electoral que a su voluntad de realizarlas.

En el pasado, el gobierno de AMLO aprobó, con el aval del Poder Legislativo, reformas como la eliminación del Instituto Nacional Electoral y un cambio en el sector energético, donde aumentaba la participación del Estado en su desarrollo, pero ambos fueron desechados por la Suprema Corte. Una eventual mayoría especial del oficialismo de dos tercios en ambas cámaras permitiría aprobar sin restricciones estos ambiciosos planes de transformaciones para México.