Préstamos “gota a gota” se consolida en Uruguay

Imagen: inteligencia artificial

En Uruguay lo llaman “gota a gota”, en Ecuador “chulco” en Colombia “rompe huesos”. Poca gente sabe lo que son, sin embargo, para los sectores más humildes y olvidados de nuestro país ya están instalados y forman parte de sus vidas cotidianas y su supervivencia.

El Ministerio del Interior detectó esta actividad de préstamos ilegales, usureros y coercitivos en al menos catorce departamentos del país, habiéndose realizado en Tacuarembó, Paysandú y Cerro Largo, investigaciones que concluyeron con varias personas formalizadas por usura, asociación para delinquir y en algunos casos violencia privada.

¿De qué estamos hablando? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los responsables de estos préstamos? De todo esto trata este nuevo Monitor de Seguridad de CERES.

Nueva modalidad de préstamos

En los últimos años, una modalidad de financiamiento ilícito conocida como “préstamos gota a gota” ha proliferado en gran parte de América Latina, incluyendo a Uruguay. Aunque presenta variantes según el país, en Ecuador se le conoce como “chulco”, en Colombia “rompe huesos” o “paga diario”, la forma de operar de este sistema es común: préstamos de dinero en efectivo, otorgados sin garantías ni avales, pero bajo condiciones usurarias, con intereses diarios y en ocasiones con métodos de cobro violentos.

Originada y consolidada en Medellín, Colombia, durante el auge del narcotráfico en los años 90, esta práctica se ha convertido en una herramienta recurrente de los grupos criminales para el lavado de activos y el control territorial¹.  Su expansión desde Colombia hacia países como México, Venezuela, Guatemala, Perú, Chile, Bolivia, Honduras, Panamá, Argentina, Brasil y hace unos años también en Uruguay, refleja no solo una tendencia delictiva regional, sino también una grave amenaza para la seguridad, la economía informal y el tejido social de las comunidades más vulnerables.

Además de la violencia que se genera sobre la víctima, el problema de esta figura radica en la probable procedencia ilícita de los dineros con los que se otorgan préstamos. En algunos casos, hay indicios de que los préstamos “gota a gota” surgen como estrategia de lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, entre otros, dejando en evidencia una relación directa con el crimen organizado.

¿Qué son los préstamos gota a gota?

Los préstamos gota a gota son una modalidad de financiamiento informal que ofrece préstamos de dinero en efectivo de manera rápida, sin requisitos ni verificación crediticia formal, lo que los hace especialmente atractivos para pequeños comerciantes, personas que no acceden a circuitos formales de crédito o están en situación de vulnerabilidad.

Los montos prestados pueden variar entre 5.000 y 50.000 pesos o más. Sin embargo, tras esa aparente facilidad de acceso, se esconden condiciones abusivas con intereses extremadamente altos que, en ocasiones, generan una deuda impagable. 

A medida que las víctimas se ven atrapadas en este círculo vicioso, los prestamistas recurren a métodos de cobro que incluyen la intimidación, las amenazas, la coacción e incluso la violencia física². Si bien la modalidad tradicional de pago se hace de manera presencial y periódica, también se han identificado modalidades de pagos virtual.

Esta modalidad informal, y por lo general ilícita de microcrédito, está presente en nuestro país por lo menos desde el año 2018, según afirmaron las autoridades del Ministerio del Interior en su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación en octubre de 2023³.

Origen y estructura delictiva

En Uruguay, se han detectado organizaciones compuestas en su mayoría, por ciudadanos colombianos que provienen del valle del Cauca, que en muchos casos han tenido formación policial o militar, aunque también se ha identificado la participación de personas de nacionalidad venezolana y cubana. La estructura operativa de la organización responde a un esquema piramidal, compuesto por tres niveles claramente diferenciados:

• Nivel base: Integrado por prestamistas, quienes son traídos al país bajo engaño, mediante promesas de empleo en el sector comercial o gastronómico.
• Nivel medio: Conformado por supervisores encargados de controlar y coordinar las actividades diarias de los prestamistas. Son personas que llevan más tiempo en la actividad y que han subido de rango.
• Nivel superior: Ocupado por los líderes de la organización, quienes suelen establecerse en zonas cercanas a la frontera con Brasil, con el fin de facilitar una eventual fuga ante posibles acciones de las autoridades.

Esta estructura permite a la organización mantener el control sobre sus operaciones, minimizar riesgos para sus jefes y perpetuar un esquema de explotación que se apoya en la vulnerabilidad de sus propios integrantes.

Los prestamistas son traídos al Uruguay con pasajes pagos y un capital inicial que ronda los $100.000 uruguayos para su instalación. Una vez en el país, se les alquila una casa, y se les entrega una moto empadronada legalmente y dos o tres teléfonos celulares, la intención es que hagan los negocios sin llamar la atención y si son detenidos, que tengan todo en regla.

De esta forma son obligados a trabajar en el cobro de préstamos para saldar esa “deuda”, bajo amenazas hacia ellos o sus familias en Colombia, incurriendo en una posible situación de trata de personas. Cuando son indagados acerca de su actividad, declaran libremente de sus tareas, de cómo llegaron a nuestro país y que a su entender no estaban cometiendo ningún hecho ilícito.

Por su parte, los supervisores se identifican mediante alias y son los encargados de asignar las rutas que deben operar los prestamistas. Posteriormente, supervisan su cumplimiento, tarea que en ocasiones la realizan a través de una aplicación.

Por lo menos en 14 departamentos

El Ministerio del Interior ha detectado esta actividad en al menos catorce departamentos del país, habiéndose realizado en Tacuarembó, Paysandú y Cerro Largo, investigaciones que concluyeron con varias personas formalizadas por usura, asociación para delinquir y en algunos casos violencia privada⁴.

La usura es un delito, civil y penal, que se configura cuando se cobran tasas por encima del máximo legal permitido por la ley. Se encuentra regulada en la ley Nº 18.212, también conocida como la "ley de Tasas de Interés y Usura"⁵.

A los efectos de determinar si se configura usura, debe considerarse la tasa máxima vigente al momento de concertarse la operación, según el destino del crédito, plazo, moneda y monto. Si bien el Banco Central del Uruguay publica en su página web mensualmente una tabla de la que surgen las tasas medias de interés y los topes máximos para empresas y para familias, la información puede resultar poco clara o de difícil interpretación para quienes no cuentan con educación financiera, ya que utiliza términos técnicos y formatos que requieren conocimientos específicos para su correcta comprensión⁶.

Cómo es la operativa del préstamo

La dinámica de esta actividad permite identificar tres etapas claramente identificadas.

Publicidad: la promoción de estos préstamos se realiza a través de redes sociales, afiches en la vía pública, reparto de tarjetas y, especialmente, mediante el boca a boca en círculos cercanos, lo que facilita su expansión de manera informal. En Argentina, se ha documentado que algunos comercios que venden electrodomésticos, muebles, u otros bienes con pagos en cuotas también ofrecen estos créditos en forma paralela. Por su parte, en Uruguay, se han registrado casos de distribución de publicidad dentro de tiendas.

Préstamo: El monto del préstamo puede entregarse en efectivo o a través de billeteras digitales. El prestamista recibe una inducción previa a comenzar a operar. Por lo general, la suma inicial prestada no es elevada, ya que se busca atraer a la persona con montos bajos y accesibles. Esta estrategia facilita que, posteriormente, el prestatario solicite un monto mayor o que le sea ofrecido directamente por el prestamista. La tasa de interés puede ser del 20% en veinte días, sin embargo, se han dado casos donde este porcentaje puede ser mayor e incluso si se producen atrasos en los pagos se recalculan los intereses.

Cobro: Si bien la modalidad tradicional de pago se hace de manera presencial y periódica realizada por el cobrador, quien puede ser un emisario del prestamista, también se han identificado modalidades de pagos virtual o a través de billeteras digitales. En caso de que el prestatario no pueda cumplir el pago, es cuando se inicia el proceso de intimidación, ejercen presión verbal, rondan los domicilios o comercios, y ocasionalmente se llevan productos como forma de cobro. Se han reportado amenazas, aunque no se han comprobado agresiones físicas generalizadas.

La amenaza silenciosa del crédito ilegal

Al ser una actividad irregular, no hay cifras que dimensionen la cantidad de personas que recurren a esta modalidad para acceder a un crédito, ni los plazos en que se desarrolla el préstamo. Sin embargo, se estima que una proporción significativa de los solicitantes termina recurriendo al crédito en más de una ocasión, ya sea por necesidad, por presión o por las condiciones impuestas por los prestamistas.

Asimismo, hay dificultad para que la gente denuncie este tipo de situaciones, ya sea por miedo a represalias, porque es la única fuente de financiamiento a la que pueden acceder o porque no tienen pruebas formales del préstamo. Esta combinación de factores genera un círculo vicioso de endeudamiento y silencio que favorece la impunidad de los prestamistas y perpetúa la vulnerabilidad de quienes recurren a ellos. 

En mayo del 2022, unas 980 mil personas, de las 2.800.000 que estaban con su historial crediticio en la base de datos del Clearing de Informes, tenían un informe negativo al registrar un incumplimiento en el pago de sus deudas⁷.

En diferentes países de América Latina se han anunciado medidas para disminuir la oferta y la demanda de estos tipos de préstamos dadas las consecuencias que han generado no sólo en las economías locales, sino también por la violencia que se ejerce con esta actividad. Las estrategias incluyen operativos policiales, campañas de información, creación de canales seguros de denuncia y el fortalecimiento del acceso al crédito formal para sectores vulnerables.

 Sin embargo, la efectividad de estas acciones depende en gran medida de la articulación entre autoridades, el sistema financiero y las comunidades, ya que la presencia del “gota a gota” suele estar asociada a contextos de exclusión y falta de oportunidades.

Caminos hacia una respuesta integral

El fenómeno del “gota a gota” requiere más que medidas de control, implica reconocer las raíces estructurales que lo alimentan. Mientras persistan la informalidad, la exclusión financiera y la falta de alternativas reales para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, este tipo de crédito seguirá siendo una salida peligrosa pero accesible.

Abordar el problema de fondo exige un compromiso sostenido por parte del Estado, el sector financiero y la sociedad en su conjunto para garantizar que el acceso al crédito no sea un privilegio, sino un derecho que no ponga en riesgo la integridad ni la dignidad de las personas.

La prevención debería comenzar por el fortalecimiento del acceso al crédito formal, especialmente en aquellos sectores que han quedado fuera del sistema bancario. La bancarización por sí sola no alcanza, es necesario incluir el desarrollo de productos financieros adaptados a las realidades de los trabajadores informales, pequeñas empresas familiares o emprendedores en zonas vulnerables.

Al igual que con las estafas, la educación financiera juega un rol clave. Muchas personas recurren al “gota a gota” sin conocer los costos reales de ese tipo de financiamiento ni las consecuencias de quedar atrapados en una red de usura y coerción.

Mediante las campañas de bien público⁸, se puede empoderar a la población para tomar decisiones más seguras. La alfabetización financiera no debe ser un objetivo solo del sistema educativo, sino una política pública con múltiples actores involucrados.

La respuesta institucional debe ser coordinada y sostenida. Las investigaciones del Ministerio del Interior en diferentes departamentos son un avance relevante, pero insuficiente si no se complementan con el trabajo conjunto de otras agencias del Estado, como el Banco Central, el Banco de Previsión Social, la Dirección de Migración, el Ministerio de Desarrollo Social y las Intendencias.

Además, la tipificación y persecución del delito de trata con fines de explotación laboral en contextos como estos debe fortalecerse, ya que existen indicios de vulneración de derechos fundamentales.

Por último, en un mundo globalizado la cooperación internacional es fundamental. Al tratarse de una práctica transnacional, vinculada al crimen organizado y al lavado de activos, los países deben compartir información, buenas prácticas y avanzar hacia marcos normativos comunes que dificulten la expansión de estas redes. La seguridad y la inclusión financiera no son caminos separados, son parte de la misma respuesta.