Pulso regional | Setiembre 2023

La Lupa

El principal desafío del próximo gobierno argentino y el fenómeno de Milei

 Una campaña muy polarizada

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en primera vuelta en Argentina, el candidato libertario outsider, Javier Milei, encabeza las encuestas de intención de voto, seguido por el candidato oficialista Sergio Massa, y en tercer lugar la postulante de la oposición, Patricia Bullrich.

Cualquiera de los tres competidores que logre acceder a la Casa Rosada a partir del próximo 10 de diciembre enfrentará un desafío común: implementar una política económica que garantice la consolidación fiscal, detenga la fuga de reservas en manos del Banco Central de Argentina (BCRA) y resuelva los problemas relacionados con el tipo de cambio múltiple, el control de capitales y otras restricciones económicas. Estos son los problemas estructurales que enfrenta este país.

Inclinación del voto

A medida que se acercan las elecciones, ya no sorprende que Milei, el candidato de la joven coalición La Libertad Avanza (LLA), lidere todas las encuestas. Según el promedio simple de encuestas realizadas desde las elecciones primarias del pasado 13 de agosto hasta el 22 de septiembre, este diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un 33,3 % de apoyo entre los votantes. Detrás de él, se encuentra Massa con 28,2%, el actual ministro de Economía que se postula por Unión por la Patria, una coalición conformada por varios partidos y corrientes peronistas o afines a ideologías de izquierda. En tercer lugar, Patricia Bullrich ostenta el 23,9 %, la aspirante presidencial de la principal fuerza de oposición, con una orientación tradicionalmente de derecha, quien en algún momento fue considerada favorita para ganar la contienda en primera vuelta. Solo se contabilizan 6,5% de indecisos y 2,7 % en blanco (5,5 % se agrupa en la categoría “otros”).

Si ningún candidato logra obtener el 45% de los votos o el 40% con una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo, se realizará una segunda vuelta entre los dos competidores principales. La fecha prevista para esta segunda vuelta, si es necesaria, es el domingo 19 de noviembre.

Los datos objetivos de las encuestas de opinión pública indican que el escenario más probable es una competencia electoral entre Milei y Massa, lo que pone de manifiesto el alto nivel de polarización en la política argentina.

Por un lado, Milei, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), un economista que abraza las ideas económicas liberales de la Escuela Austríaca, se destaca por su retórica crítica hacia los políticos tradicionales, a quienes califica de “casta”, y por su tendencia a lanzar expresiones fuertes e insultos hacia sus oponentes políticos. Milei ha estado liderando la conversación política de cara a las elecciones con propuestas que incluyen el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la reducción al mínimo del tamaño del estado nacional, la dolarización de la economía y la negativa a establecer acuerdos comerciales con regímenes dictatoriales, como el de China.

Por otro lado, Massa se encuentra ante el desafío de buscar el apoyo del electorado como el rostro más visible de un gobierno que ha contribuido a empeorar una crisis que ya estaba en marcha. Además, en su rol de ministro de Economía, es imposible desvincularlo de la responsabilidad de una política económica profundamente problemática, lo que se refleja en indicadores que generan preocupación en la mayoría de los votantes, como el crecimiento de la pobreza y la inflación.

Bullrich, ubicada en el tercer puesto de la contienda y aparentemente habiendo perdido el respaldo que refleja la indignación del votante, navega en el centro de la autopista electoral. Se postula como la candidata más idónea para poner fin de manera definitiva al kirchnerismo, argumentando que Milei representa “el mayor fraude político” debido a las alianzas que ha establecido con líderes del sindicalismo peronista. Además, enfoca su campaña en la cuestión de la seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los argentinos.

Urna de votación | Dirección nacional electoral argentina 

El desafío fiscal

Tal como señaló acertadamente el economista argentino Juan Carlos de Pablo, profesor universitario y columnista de La Nación, a partir del próximo 10 de diciembre comienza la etapa de gestión, la cual se asemeja a una tercera melodía. Es fundamental entenderlo y evitar perder tiempo.

En ese sentido, es imperativo dejar de lado las consignas de campaña y centrarse en la resolución del grave problema fiscal y del control del gasto público en general.

La situación fiscal es sumamente delicada, lo que requiere la adopción de medidas impopulares para romper el círculo vicioso del déficit fiscal, la inflación y la deuda.

El balance fiscal primario de los últimos 12 meses arrojó un déficit de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en julio de este año, encontrándose por encima del 1,9% acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la última revisión, este organismo internacional instó a una mayor eficiencia en el gasto, haciendo especial énfasis en “actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”.

  Según estimaciones de J.P. Morgan, Argentina culminará el 2023 con reservas netas negativas equivalentes a USD 10,8 mil millones. Sin embargo, en 2024 concluiría con reservas netas positivas equivalentes a USD 6,2 mil millones, sobre la base de un superávit comercial equivalente a USD 25 mil millones debido a una cosecha favorable tras un 2023 afectado por la sequía. 

Las Señales

Lula amplia su coalición de gobierno/primer bono verde

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el lanzamiento del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento | EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio un paso significativo en su búsqueda de fortalecer su gobernabilidad al incorporar a su gabinete a dos nuevos partidos que anteriormente fueron aliados del expresidente Jair Bolsonaro. Estos movimientos anticipan la posibilidad de que futuras iniciativas del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y su coalición, de la que participan otros nueve partidos, superen el obstáculo del Congreso, en el que no cuentan con mayoría en la Cámara de Diputados.

Uno de los nuevos nombramientos es la designación de Silvio Costa Filho, miembro del Partido Republicano Brasileño (PRB), como ministro de Puertos y Aeropuertos. El PRB, que cuenta como figura principal a Tarcísio de Freitas, ex ministro de Infraestructura en el gobierno de Bolsonaro y actual gobernador del Estado de San Pablo, tiene una orientación conservadora y es calificado como el brazo político de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una organización evangélica relevante en la sociedad brasileña. Tarcísio, además, se perfila como un posible competidor en las elecciones presidenciales de 2026, especialmente después de la inhabilitación de Bolsonaro para participar en los próximos comicios que deja al electorado derechista sin representación visible.

Por otra parte, André Fufuca, miembro del partido Progresistas (PP), asumió la cartera de Deportes. El PP, liderado por Arthur Lira, actual presidente de la Cámara de Diputados, también pertenece al ala conservadora del espectro político brasileño y constituye un actor clave para alcanzar acuerdos en el Poder Legislativo.

La inclusión del PP y el PRB, con 49 y 41 diputados respectivamente, a los 223 de la coalición original de Lula, brinda al presidente brasileño un margen más amplio de maniobra legislativa y la posibilidad de avanzar en parte de su ambiciosa agenda electoral, para la que necesita al menos 257 aprobaciones dentro de la Cámara Baja.

Sobre principios de este año, el presidente perteneciente al PT logró modificar la antigua ley que imponía un techo al crecimiento del gasto público del 0% en términos reales. La nueva disposición permite un aumento del gasto estatal por el equivalente al 70% de los nuevos ingresos fiscales. Además, esta reforma incluyó una cláusula para incrementar el gasto en un rango que oscila entre un mínimo de 0,6% y un máximo de 2,5% en términos reales en períodos de recesión económica. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, la nueva regla le permitiría a Brasil eliminar el déficit fiscal primario en 2024 y alcanzar un superávit en 2025 (0,5% del PBI) y 2026 (1%).

Recuadro: Brasil se suma a la ola de bonos verdes

La secretaría del Tesoro de Brasil publicó recientemente un marco para la emisión de bonos verdes, también conocida como deuda con criterio ESG (environmental, social and governance), donde el monto de intereses estará condicionado a la capacidad del Estado en preservar la Amazonía.

De esta manera, el gobierno de Lula da un paso más en el impulso de su agenda ecológica, uno de los pilares en su campaña, y sigue el camino tomado por Chile y Uruguay, quienes fueron pioneros en esta modalidad de obtención de financiamiento.

El Termómetro (I)

Una asociación “para todo clima”

Los presidentes Xi Jinping (China) y Nicolás Maduro (Venezuela) | EFE

Los presidentes Xi Jinping (China) y Nicolás Maduro (Venezuela) firmaron el pasado miércoles 13 de setiembre, en Pekín, un acuerdo político que refleja un interés por mantener relaciones particularmente sólidas y de largo plazo, en un contexto de tensiones e incertidumbre geopolíticas mundiales.

“China y Venezuela son íntimos amigos de confianza mutua, buenos socios de desarrollo común, y entrañables compañeros de colaboración estratégica”, se afirma en uno de los documentos.

Un all-weather partnership (asociación para todo clima o acuerdo total) de China implica establecer vínculos duraderos con terceros países, a menudo reflejados en políticas en diversas áreas.

En este caso concreto se trata de proyectos que involucran la Franja y la Ruta, dentro de una treintena de acuerdos que abarcan sectores de la agroindustria, energía, petróleo, gas, electricidad, minería, turismo y hasta aeronáutica espacial. Xi adelantó que su gobierno está dispuesto a aumentar las importaciones de productos venezolanos.

Maduro se mostró exultante con la posibilidad de que su país pueda formar parte de una misión a la Luna con China y también con la intención de formar astronautas venezolanos en Pekín. “Lo que vamos es pa’ la Luna a una etapa esplendorosa para China y Venezuela, dijo en un video difundido en la red social X.

Es prematuro afirmar con certeza que se trata de una alianza “a toda prueba”, como lo ha interpretado el presidente chavista. Resulta poco plausible creer que China le otorgue un apoyo ilimitado.

Venezuela se convirtió en el principal receptor de préstamos de China en América Latina, recibiendo aproximadamente USD 60 mil millones entre 2007 y 2017, año en que se interrumpió el financiamiento. Geoff Ramsey, miembro del think tank Atlantic Council y experto en la política estadounidense hacia Venezuela, calcula que la deuda asciende a más de USD 15 mil millones, según declaraciones que hizo al sitio de The Washington Post el pasado miércoles 13 de setiembre.

Es cierto que Xi respalda a Maduro mediante la adquisición de petróleo, lo que resulta en un beneficio mutuo. Sin embargo, también busca recuperar la millonaria deuda que se ha acumulado desde los tiempos de Hugo Chávez.

Dada la precaria situación económica en Venezuela, resulta altamente improbable que Maduro cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la significativa deuda que tiene con el gobierno chino, el cual le brindó apoyo desde el inicio.

El Termómetro (II) 

El deterioro institucional de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador | EFE

Regiones del sur de México se encuentran en una suerte de “estado de sitio” a raíz del narcotráfico, mientras que, en ciudades del oeste, los residentes experimentan una condición de psicosis debido al poder de las bandas criminales. Estos dos fenómenos, destacados este mes, son indicativos de un deterioro institucional del país que se ve exacerbado por la gestión populista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El deterioro institucional no carece de consecuencias para la salud de la democracia; muy al contrario, las instituciones sólidas son pilares fundamentales para el funcionamiento sano de un sistema democrático. Cuando las instituciones gubernamentales se debilitan o se ven afectadas por diversas irregularidades, la calidad de la democracia puede verse socavada.

En el Latinobarómetro 2023, un estudio de opinión pública de la región que le toma el pulso al desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, publicado en julio pasado, muestra con claridad el declive democrático de México.

Advierte que el presidente AMLO está tratando de modificar las reglas electorales para favorecer a su partido mientras lidera un país que presenta indicadores preocupantes en lo que respecta a la democracia. Estos indicadores incluyen una disminución del apoyo a la democracia (-8%) y un aumento en el respaldo al autoritarismo (del 22% al 33%).

Las actitudes, creencias y preferencia que muestra el conjunto de datos sobre México, son tierra fértil para regímenes autoritarios o populistas, advierte el Latinobarómetro.

El mismo estudio también destaca que un 58% de los ciudadanos mexicanos encuestados creen que los partidos políticos no son esenciales para la democracia, una perspectiva que es profundamente incorrecta.  

Austeridad para “acumular poder”

 El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo mandato culmina el 1° de octubre de 2024, ha implementado un plan de austeridad en México. En teoría, esto podría merecer reconocimiento en América Latina, una región a menudo asociada con un gasto público excesivo. Sin embargo, el plan de austeridad de AMLO ha generado críticas, ya que algunos de los recortes presupuestarios han afectado a instituciones cruciales para el funcionamiento de la democracia.

The Economist interpreta que la austeridad de AMLO persigue un propósito político: “acumular poder”. Por ejemplo, se han reducido los fondos de la comisión electoral independiente, y su intento de recortar aún más el presupuesto se vio obstaculizado por un fallo adverso del Tribunal Supremo. Además, el presidente ha arremetido contra órganos autónomos e instituciones ajenas al Poder Ejecutivo, como la designación de un militante de su partido como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerado por muchos un acto jurídico arbitrario o incluso ilegal.

Este enfoque también se refleja en la afectación de las funciones de la Comisión Reguladora de Energía, el organismo encargado de controlar los mercados de electricidad, gas natural y petrolíferos, que ha sufrido una disminución de personal que ha afectado sus funciones esenciales. Además, se ha observado un deterioro en el papel del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), evidenciado en la falta de actualización de las bases de datos oficiales, según informes de organizaciones de la sociedad civil.

Otra medida presidencial que ilustra el interés por fortalecer ciertas instituciones mientras perjudica a otras es la participación de las fuerzas armadas en proyectos de infraestructura como puertos y aeropuertos. Como suele suceder en gobiernos bajo regímenes populistas, existe un claro interés del líder por socavar aquellas instituciones independientes sobre las cuales carece de control absoluto.

Todos estos ejemplos que ilustran el menoscabo que sufre la institucionalidad que contribuye a la solidez democrática, ocurren en un contexto de una fuerte debilidad de la autoridad frente a poderosos carteles de las drogas.

El domingo 24 de setiembre, la Iglesia Católica denunció que el sureño estado de Chiapas se encuentra “en estado de sitio, en psicosis social, con narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil”.

Mientras, hacia el oeste, a más de mil kilómetros de distancia, en Lagos de Moreno, también este mes, cinco jóvenes que conversaban en un mirador fueron torturados y se cree que fueron asesinados por sicarios del narcotráfico.

En México se contabilizan más de 111.000 desaparecidos como estos cinco amigos desde la infancia.

El Rastreador

Aumento del cultivo y producción de cocaína en Colombia repercute en países limítrofes.

Cultivos de hoja de coca en Colombia | EFE

Histórico aumento de narcocultivos en Colombia

Colombia experimentó un aumento del 13% en la producción de cultivos de hoja de coca en 2022, respecto al año anterior, lo que equivale a la siembra de 230 mil hectáreas, marcando así la mayor extensión registrada en su historia, según se desprende de un informe publicado el pasado lunes 11 de setiembre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta cantidad inédita de cultivos de coca ha contribuido al aumento de 24% de la producción de cocaína, que ha pasado de 1,400 toneladas a 1,738 toneladas, de acuerdo con el estudio.

Con esos números, Colombia, bajo el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, se reafirma como el primer productor de cocaína del mundo, seguido por otras dos naciones latinoamericanas, Perú y Bolivia.

Estados Unidos (EEUU), que ha apoyado la política represiva contra las drogas en Colombia, es el principal consumidor de cocaína de este país sudamericano.

Tanto Petro como su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018), opinan que la guerra contra las drogas, una política que inauguró EEUU bajo la presidencia de Richard Nixon, en 1971, ha sido un fracaso.

 “La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve, afirmó Petro en la Conferencia Latinoamericana y de Caribe sobre las drogas, el sábado 9 de setiembre, en la que estaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otro país que es víctima del narcotráfico.

Territorios fronterizos

En el informe de la ONU, llama la atención de los expertos la tendencia a la concentración de la siembra en enclaves más cercanos a las fronteras, a través de las cuales la droga se dirige hacia los mercados internacionales.

Es el caso de Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. “El 77% del incremento neto se concentró” en este departamento del suroeste del país, afirma el estudio. 

Este fenómeno puede estar explicando parte del problema del narcotráfico y la criminalidad en Ecuador, según expertos de Washington Office on Latin America (WOLA).

Otro región caliente es el Catatumbo, ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela.

Otro aspecto llamativo es el desplome de los precios de la hoja de coca que perjudica a familias rurales de contextos muy pobres en departamentos que han quedado fuera de la ruta de la droga.

Algunos ejemplos de un estudio de WOLA, de agosto pasado, lleva a concluir que “el mercado de la coca está colapsando”: en el departamento de Nariño, una arroba de hojas de coca (equivalente a 11,502 kg) cayó de USD 20 a USD 7; en municipios del departamento del Cauca el precio por la misma cantidad pasó de USD 17 a USD 9.

La ONUDD estimó que más de 200 mil hogares en Colombia viven directamente del cultivo de coca y, si se suman las actividades indirectas, se llega a 400 mil.

Los cambios en la dinámica del narcotráfico en Colombia tienen consecuencias para la región y representan un nuevo desafío para Petro, quien ya enfrenta numerosos problemas internos que están afectando su popularidad como presidente.

Lo que se viene

Ecuador elige presidente

Debate de los candidatos a la presidencia de Ecuador | EFE 

El pasado domingo 24 de septiembre dio inicio a la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial de Ecuador, a celebrarse el domingo 15 de octubre.

Esta contienda enfrentará a la candidata el correísmo Luisa González, quien obtuvo 33,6% de los votos en la primera ronda, con el empresario Daniel Noboa, de la coalición derechista Acción Democrática Nacional, quien reunió 23,5% de los sufragios en la primera instancia, tras una campaña que estuvo sacudida por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, aún bajo investigación, aunque las principales hipótesis apuntan a grupos de narcotraficantes.

El vencedor cumplirá el mandato que dejará vacante el actual presidente Guillermo Lasso, quien llamó a elecciones anticipadas luego de sumergirse en una crisis de gobernabilidad. Los sondeos de opinión pública promedian una ventaja de 10 puntos en favor de Noboa.