Un país categoría B
Un país categoría B
Ricardo Peirano
24 de setiembre de 2024
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Retomo el tema de la semana pasada sin temor a ser reiterativo. Todo lo demás que se hable o se proponga tendrá o no importancia en función de que se apruebe o no el plebiscito. Si se aprueba, será un antes y un después. Si no se aprueba pero por poco, habrá que mirar cuidadosamente. Si queda lejos, se respirará con otro aire.
Parece que el sistema político, y el gobierno en particular, está despertando de la modorra en la que estuvo estos meses, quizás confiado en que los promotores del SI fracasarían en su intento nefasto de destruir el sistema de seguridad social tal como lo conocemos y, lo más importante, el régimen de las AFAPs, convertido en una política de Estado con el paso de gobiernos de distinto signo.
Un amigo mío, involucrado en estos temas de la seguridad social y las finanzas, me decía hace un par de mes: es un evento de alto impacto negativo pero de baja probabilidad. Las encuestas de opinión no dan todavía un panorama claro. Hay un alto porcentaje de indecisos, o de personas decididas que dice que “No sabe/No contestan”. Hay un alto grado de desinformación. Y, lo que es peor, mala información: según Equipos Consultores la mayoría de los que están decididos por el SI piensan que Mujica, Orsi y Cosse apoyan el plebiscito, cosa que no es cierta pues todos ellos han manifestado que no lo votaran y que es inconveniente.
El SI ha perdido algo de apoyo en los últimos meses. En encuestas que distribuyen los indecisos, se observa una caída del apoyo al plebiscito pero aún con números favorables al SI. Las agencias de calificación de la deuda uruguaya comienzan a dar muestras de preocupación para el caso de que prospere la iniciativa de reforma. No descarten la pérdida del grado inversor.
El presidente Lacalle Pou ha decidido ingresar en el debate, pero más para defender la reforma de la seguridad social que realizó su gobierno. El plebiscito no se trata de eso, o trata mínimamente de eso. Lo único que toca el plebiscito de la reforma reciente es la edad mínima de jubilación. El plebiscito la lleva a los 60 años que regía antes y la deja fijada en la letra de piedra de la Constitución.
En realidad, el plebiscito ataca el corazón de la reforma de 1996 que introdujo el régimen de ahorro individual más que la reforma de este gobierno. Y por ello, más que defender la reforma realizada, hay que defender la reforma de 1996. Derogar las AFAPs es el objetivo del PIT-CNT y lo lleva a cabo aunque ello nunca estuvo en el programa de gobierno del FA, ni el FA intentó hacerlo durante los 15 años en que le tocó ser gobierno. De hecho, nunca puso el tema arriba de la mesa.
Más clara estuvo la ministra de economía Azucena Arbeleche cuando dijo que no había que pensar en eventuales aumentos de impuestos si el plebiscito era aprobado. Arbeleche dijo claramente que en ese caso el Uruguay "Deja de estar en la categoría A, pasa a la B. Es un cambio absoluto de las reglas de juego, con lo cual no tiene mucho sentido evaluar en términos de números lo que puede ser aumento en impuestos para las personas, aumento de las contribuciones de los trabajadores, de los empresarios, porque directamente es un cambio de escenario, es un romper las reglas de juego, que es algo que no caracteriza a nuestro país". Y recalcó: "Perdemos uno de los grandes activos que tenía el Uruguay, que es el respeto por las reglas de juego. Se confiscan los ahorros de los trabajadores", insistió Arbeleche. Uruguay pasaría a ser un país con "características distintas"..
En efecto, si se aprueba el SI, desde el lunes 28 de octubre, Uruguay será otro país. Un país desconocido donde todo vale, donde no hay certezas jurídicas, donde no se respeta siquiera el principio de que la expropiación de la propiedad privada (en este caso, de las AFAPs y de los fondos de pensión del millón y medio de trabajadores) debe realizarse mediante una justa y previa indemnización, según lo establecido en el art 32 de la Constitución vigente. y en el cual no tenemos cartas de navegación.
Por ello es correcto que el gobierno, como informó Búsqueda el jueves 19, esté pensando en un “plan B” o “plan de mitigación” de los efectos nocivos del plebiscito que se sentirán desde el mismo día en que la Corte Electoral confirme el resultado o que el resultado quede claro.
No hay, pues, que sentarse en la playa a tomar el sol con el argumento de que los primeros años del nuevo régimen, con los flujos que antes iban a las AFAPs, se podrán atender los mayores gastos de jubilaciones y diversas necesidades que se generen.
Es tan dinámico el panorama financiero que la aprobación del plebiscito influirá desde el día 28 en nuestro grado inversor y será muy difícil renovar vencimientos de deuda o colocar deuda nueva. Y no habrá que esperar que lo hagan las calificadoras: lo hará el mercado de forma inmediata, como ya pasó en otras oportunidades.
Si se confirma esa hipótesis, esta administración deberá lidiar desde el 28 de octubre al 28 de febrero con las consecuencias de un eventual triunfo del SI. Y no será nada fácil. Pero serán cuatro meses. El próximo gobierno, ya sea de la Coalición Republicana o del FA deberá lidiar 5 años con las nefastas consecuencias y las incertidumbres de un proyecto que además de malo tiene errores de redacción y de interpretación.
Es bueno que ambos candidatos preparan su plan B. O su “plan mitigación”. Porque los efectos sobre las finanzas públicas o la deuda soberana no serán nada comparada las que tendrá sobre la economía real, sobre la inversión, sobre la creación de trabajo, sobre el salario real y sobre la inflación.
Si la boleta del SI al plebiscito de la seguridad social es aprobada, nadie medianamente sensato querrá estar en los zapatos del presidente de la República, del ministro de Economía, del presidente del BCU o del BROU. Pero quienes estén en esos cargos después del probable balotaje, más vale que vayan preparados desde ya. Y si no se aprueba, será tiempo bien invertido.
