¿Justicia popular es más democracia?

Ricardo Peirano, Semanario Voces, 10 de junio de 2025

El pasado domingo 1 de junio, México inició el inédito proceso de elegir los jueces de todas las instancias, incluso los del Tribunal Supremo, por voto popular. La presidenta Claudia  Sheinbaum llevó a la práctica la reforma constitucional impulsada por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya sobre el fin de su mandato.

La idea de AMLO, que tenía viejas disputas con el Poder Judicial desde la elección de 2006 cuando perdió ante Felipe Calderón, era democratizar la justicia y de paso eyectar de sus cargos a todos los jueces que habían fallado en su contra. Esa idea de elegir por votación a los jueces, por lo general ha provenido de gobernantes autoritarios de uno y otro signo. Cristina Kirchner, que no podía lidiar con la independencia de una Corte Suprema seria y autónoma, planteó la idea de que los miembros del Poder Judicial debían ser elegidos por voto popular.

Es una idea simple y efectista: si el parlamento y presidente son electos por voto popular ¿por qué no lo son los jueces? La respuesta es más compleja y menos efectista pero más garantista: porque los magistrados deben trabajar sin pensar en una reelección, deben ganar su puesto por una carrera de méritos, deben tener experiencia en la profesión de derecho ya sea como abogado, como fiscal o como juez de diversas instancias. La libertad de las personas depende de sus decisiones cosa que no ocurre con los parlamentarios o con los presidentes. Y sus sentencias pueden afectar irremediablemente los intereses de un conflicto comercial sin que haya luego otro instancia imparcial a la cual acudir. Incluso un conflicto de poderes o un tema de orden constitucional está en sus manos.

Los jueces, en fin, no deben buscar el aplauso del público sino la búsqueda de la justicia, o acercarse a ella cuanto humanamente sea posible y procurar la aplicación de la ley aunque ello resulte impopular. Los jueces deben preservar el principio de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, algo que no siempre es fácil con la pasiones que algunos casos judiciales despiertan en la población. Hay, además, casos difíciles y complejos, en los distintos fueros, donde la justicia de un fallo no es fácil de explicar la población.

Por lo demás, ¿en base a qué condiciones se elegirá a un juez?  Obviamente es necesaria la honestidad y el conocimiento del derecho. También lo es evitar ser influenciado. Malo sería que un juez dictara sus fallos para ganar el favor de sus electores y avanzar en su carrera judicial o ser confirmado en el cargo que ya posee.

Martha Magaña, una jueza federal que decidió no presentarse a la elección popular, dijo a la revista The Economist: “nadie me ha elegido, por lo tanto cuando emito un fallo no le debo nada a nadie”. Los que sean electos serán deudores de sus votantes y también serán deudores de los votantes que buscaran en la próxima elección, cuando haya que renovar su cargo o aspirar a un ascenso.

Todos estos argumentos y otros no han hecho mella en AMLO y en su sucesora Claudia Sheinbaum. AMLO logró que el congreso aprobara la reforma y Sheinbaum la implementó declarando que ahora México es el país más democrático del mundo.

¿Será que ha dado un salto de gigante? Porque en el Democray Index de The Economist Unit del año 2024 figuraba en el puesto 80, en el grupo no “democracias hibridas”, y por detrás de Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá, Republica Dominicana, Argentina, Brasil. Colombia, Paraguay y Perú. O sea que los problemas de México son mucho más complejos que la elección de los jueces por voto popular. Debería empezar por controlar el enorme poder del presidente y de su partido en el Congreso.

Pero la presidenta, que goza de una alta popularidad, prefiere lo efectista a lo eficaz. Esta reforma judicial genera problemas sin fin y el no menor de ellos es que habrá casos referidos a la constitucionalidad de las leyes o a conflicto de poderes que serán resueltos por jueces sin experiencia judicial. También habrá casos penales o comerciales de gran importancia y muchos vinculados al narcotráfico que se resolverán vaya uno a saber por quiénes.

Todo este proceso parece ayudar al partido dominante Morena, de AMLO y Sheinbaum para colonizar el Poder Judicial, sumándolo al Ejecutivo y Legislativo que ya dominan a placer. De hecho, el partido de gobierno ha manejado los comités de selección de aspirantes a jueces.

Lo grave es que el Poder Judicial es la última trinchera de los regímenes republicanos. Claudia Sheinbaum debería preguntarse por qué México está tan mal rankeada en el Democracy Index. Quizá sea por ese afán de  ir conquistando parcelas de poder y erosionar la separación de poderes. Allí es donde está la clave que sostiene un régimen republicano de gobierno. Sin separación de poderes, sin independencia total de la justicia no hay régimen democrático que sobreviva aunque haya sido elegido en comicios libres y transparentes.

Las democracias ya no mueren por la llegada de tanques a las puertas de las oficinas del Ejecutivo o del Legislativo. Se deterioran poco a poco. Se empieza limitando la libertad de expresión y paulatinamente se van cercenando otros derechos y libertades individuales en nombre del “pueblo”, aunque casi siempre es en beneficio de un caudillo carismático que se siente iluminado. Por ese camino fueron, la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa y, la más grave, la Nicaragua de Ortega y su señora.

Ahora está por verse si México se precipita por ese camino nefasto. A AMLO no le faltaron ganas. Habrá que ver hasta donde está dispuesta a ir su sucesora. México no es Venezuela ni Nicaragua. Tiene instituciones más fuertes: pero nadie está inmune del virus populista.