La batalla de Minneapolis

Ricardo Peirano, 2 de febrero de 2026

Donald Trump llegó por segunda vez a la presidencia básicamente por su promesa de ser muy duro con los inmigrantes ilegales y, en especial, aquellos con antecedentes criminales. Ya había sido ese uno de sus temas principales cuando ganó las elecciones de 2016, con la promesa de construir un muro entre Estados Unidos y México, y que además fuera pagado por México.

Esa promesa solo se cumplió parcialmente, por suerte. Pero el caballo de batalla de la lucha con los inmigrantes (y ya no solo los que tenían antecedentes penales) se recrudeció luego de que en la administración Biden hubo mucha manga ancha en las fronteras e ingresaron cientos de miles de inmigrantes en forma ilegal.

Trump y su círculo de hierro en el Departamento de Seguridad Nacional se propusieron metas de deportación ambiciosas y ampliaron drásticamente el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el número de agentes de la Patrulla Fronteriza (BCP).

Los agentes de ambas agencias, con el rostro cubierto de máscaras y usando vehículos sin identificación estatal, comenzaron las operaciones de “caza de inmigrantes”, su detención y posterior deportación. Pero sus tácticas fueron muy violentas: ingreso a viviendas y comercios sin orden judicial, detención de personas por su idioma o raza, incluso ciudadanos americanos (fue tragicómico cuando trataron de detener a descendientes de aborígenes, que están en Estados Unidos mucho antes que los inmigrantes del Mayflour). No repararon en sexo o edad, separaron parejas de familias constituidas y asentadas en el país, y detuvieron incluso a ciudadanos americanos nativos. Detuvieron niños y los llevaron esposados a centros de detención del ICE que no tenían condiciones higiénicas mínimas. Cometieron errores y deportaron personas sin el debido proceso como el salvadoreño Abrego García, y varios más.

Autoridades como Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y Stephen Miller, el vice jefe de la Casa Blanca, señalaron repetidas veces que estos agentes federales tenían “inmunidad absoluta” y que no necesitaban orden judicial para arrestar personas o ingresas a lugares privados. El sagrado derecho del debido proceso era papel mojado para estas personas del círculo íntimo de Trump.

Todo iba sin control (ni judicial ni gubernamental) y con relativo “éxito”. Como le gusta a Trump. En el primer año se deportaron 650.000 personas (menos que en primero de Obama donde sin tanta agresión se deportaron cerca de 900.000 personas). Pero el malestar se fue haciendo más agudo a medida que las operaciones se convirtieron en más agresivas y encaminadas a estados con gobiernos del Partido Demócrata. Texas tiene más 2 millones de indocumentados y Minnesota 120 mil, pero las patrullas del ICE se desplegaron en este último estado y no en el que gobiernan los republicanos..

Y allí se vino todo abajo. Las operaciones del ICE resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Renee Nicole Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero.

Estos hechos evidencian un uso excesivo de la fuerza, y un patrón de respuestas oficiales que priorizan narrativas defensivas sobre la transparencia y la verdad de los hechos. Las respuestas oficiales, aún antes de cualquier investigación independiente que aún no se ha hecho, era de que los muertos eran “terroristas domésticos” o “potenciales asesinos”. Una mujer de 37 años, madre de 3 hijos que conducía su auto era “la terrorista doméstica” y un enfermero del hospital de veteranos, que portaba legalmente un arma, era “un asesino en potencia”. Los agentes del ICE, eran “unos pobres angelitos” aunque el enfermero, ya reducido en piso, recibió 10 disparos.

La "Operación Metro Surge", iniciada en diciembre de 2025, ha intensificado las acciones federales en la ciudad, generando protestas masivas y demandas judiciales por violaciones constitucionales. Familias denuncian allanamientos nocturnos sin justificación legal, violando la Cuarta Enmienda. La Fiscalía de Minnesota ha demandado al gobierno federal, argumentando una ocupación ilegal. Un juez federal evalúa medidas para retirar agentes del estado.

Pero las muy evitables muertes de la “Batalla de Mineápolis” han resquebrajado el discurso oficial y no garantista que provenía de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional. La falsa teoría de la “inmunidad absoluta” para las fuerzas del ICE ya no se sostiene. Trump retiró de Mineápolis a los jefes de la operación y evalúa cambiar la estrategia para no ir detrás de cualquier indocumentado sino de aquellos que tienen antecedentes penales.

Con todo, esto no debería quedar así. Ambas muertes requieren investigaciones independientes y rápidas, preferentemente lideradas instancias federales imparciales, con acceso pleno a videos, testimonios y escenas. La impunidad fomenta más abusos y socava la democracia.

Como decía acertadamente un editorial del diario ABC de Madrid, “la muerte de Alex Pretti no es solo una tragedia, es una advertencia. Si las democracias aceptan que el poder puede desplegarse sin límites claros contra su propia población, el problema deja de ser la inmigración y pasa a ser el Estado mismo. Y un Estado que miente para justificarse no refuerza el orden: lo corroe. La autoridad legítima no nace de la intimidación, sino del respeto a la ley y a la verdad. Convertir el ciudadano en enemigo y la excepción en rutina, es el camino más corto hacia la descomposición del pacto democrático”.

Que esto ocurre cuando los Estados Unidos van a cumplir los 250 años de independencia es realmente preocupante. Y debe ser un poderoso llamado de atención a otros países que se jactan de ser realmente democráticos.

La tentación totalitaria está a la vuelta de la esquina. Por eso, Benjamin Franklin no podía asegurar que la Convención Constituyente de Filadelfia hubiera dado a luz a una “república” y no a una monarquía. Todo dependía, según él, de si las nuevas generaciones de americanos sabrían cuidarla.

En estos tiempos, la línea que separa una república de una monarquía es extremadamente fina. Y Trump sigue explorando los límites del poder presidencial. Más vale que el Congreso y la Corte Suprema se los muestren rápidamente. De lo contrario, las próximas elecciones legislativas de medio término, serán un caos y motivo de severos enfrentamientos.