¿Otro diálogo social?

Ricardo Peirano, 17 de julio de 2026

A muchos sectores de izquierda, especialmente sindicatos y otros sectores corporativos, les gusta el “diálogo social”. Cada vez que alguien tiene una idea para hacer una reforma, sale enseguida la propuesta: “hagamos un diálogo social”. Como si fuera la solución mágica de todos los problemas.

Ya hubo varios “diálogos sociales” promovidos por la izquierda. En este siglo, en Uruguay, se usó durante el gobierno de Tabaré Vázquez en 2006 para reformar la seguridad social, con resultados poco alentadores que aumentaron el déficit del BPS.

Durante el gobierno de Yamandú Orsi nuevamente se convocó a un diálogo social para “reformar” la reforma del gobierno del presidente Lacalle Pou, y volver la edad de jubilación a los 60 años, negando nuevamente la grave realidad demográfica que enfrenta nuestro país.

La semana pasada se supo que el gobierno de Orsi, a instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) liderado por el secretario general del PCU, Juan Castillo, pidió un nuevo “diálogo social” para reducir la jornada laboral a 40 horas con el mismo salario.

La iniciativa partió hace varios meses atrás. El proceso es muy similar a otros temas como el plebiscito de 2024 para la eliminación de las AFAPs y la baja de la edad de jubilación:  al principio la propuesta del PIT-CNT genera poco entusiasmo pero se aplica el efecto “acumulación” con el que operan los sectores más radicales. Promueven una idea y, ante el rechazo inicial, la reiteran innumerables veces, de forma tal que resulta difícil seguir rechazándola.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el impuesto del 1% al 1% más rico. No se incluyó en el Presupuesto Quinquenal, que es la ley que expresa las prioridades del período de gobierno. Tampoco en la Rendición de Cuentas de 2026. Pero atención a los años 2027 y 2028, cuando se vea que con orden fiscal (o sin empeorar el desorden actual) no se pueden atender los propuestas de mayor gasto realizadas al barrer. Va a requerir mucho capital político decir que no a las presiones para aumentar los impuestos. Y ello pese a que el presidente Orsi prometió no aumentar los impuestos durante su administración.

Ahora, pese a que no hay consenso dentro del gobierno de que la reducción de  la jornada laboral  sea la medida más adecuada para alentar la inversión privada que tan desesperadamente el país necesita, la idea del MTSS se mete en la agenda y se convoca a un “diálogo social” con sindicalistas y empresarios.

No se sabe si también participaran, como habitualmente se hace, una pléyade de organizaciones sociales que poco o nada tienen que ver con el tema en cuestión. Eso sí, tanto presencia de organizaciones da la idea de que hay un  gran diálogo social, y que “mucha” gente participa, lo cual parece darle legitimidad.

Pero la legitimidad de una norma de este tipo no viene de la cantidad de gente que participa en su redacción  sino de las bondades de la misma para una mejor marcha de la economía y, por consiguiente, una mejora del nivel de vida de la población.

Lo curioso es que esta se quiera introducir esta propuesta en la agenda pública en un país en el que la productividad está estancada por más de 10 años y en el cual muchos trabajos tienen la misma productividad que hace décadas.

Pero nada de eso sirve para hacer razonar a quienes piensan que toda la mejora de una economía viene del Estado. Es el triunfo del voluntarismo, de la idea de que basta que el Estado se lo proponga para que sea viable. Es también, algo que está en sintonía con la visión del ministro de Trabajo, Juan Castillo.

En efecto, en el marco del último Congreso del PCU, Castillo enfatizó la honestidad de sus intenciones al declarar: “No engañamos a nadie, queremos hacer la revolución, construir el socialismo, somos solidarios internacionalmente con todos los pueblos que luchan”.

La reducción de la jornada laboral por decreto oficial y no por mejora de la productividad, algo que podría ocurrir si se concreta esa supuesta fuente de abundancia para todos, que es la Inteligencia Artificial (IA), solo va a desalentar la inversión privada. Es justo lo contrario de lo que necesita nuestro país, que padece niveles muy bajos de inversión.

No son buenas, tampoco, las experiencias de reducción de la jornada laboral en otros países como ocurrió en Francia con la jornada de 35 horas semanales. Como bien señalaba The Economist en 2009, “la filosofía subyacente a esta idea es la falacia de la "cantidad fija de trabajo". En términos sencillos, esta falacia sostiene que cada empresa o sector de la economía necesita una cantidad determinada de mano de obra en cada momento. Por lo tanto, las empresas tendrán que contratar personal adicional, reduciendo el desempleo si la ley dificulta o imposibilita que los trabajadores actuales realicen muchas horas extras”.

Pero estos sólidos argumentos de la teoría y de la práctica económica, se desvanecen con el “diálogo social”. En ese mecanismo, se preguntará a empresarios y trabajadores qué opinan de la medida. Y ante la ya conocida divergencia, se buscará “un término medio”. O sea, algo que sin conceder todo lo que piden los sindicatos, los deje contentos.

No sería ese el camino que se seguiría en una democracia representativa. En ella, quienes tienen el mandato para tomar decisiones son los gobernantes y legisladores elegidos por el voto. Si las decisiones relevantes pasan a depender de mesas de diálogo o consejos consultivos, puede surgir la percepción de que actores no elegidos están influyendo en políticas públicas sin la misma legitimidad democrática.

Además, las organizaciones de la sociedad civil no siempre representan al conjunto de la ciudadanía. Con frecuencia representan intereses sectoriales, profesionales o territoriales. Algunas cuentan con recursos, capacidad técnica y acceso permanente al gobierno, mientras que otros grupos carecen de esa posibilidad. El resultado puede ser una participación desigual.
En temas altamente técnicos —como la seguridad social— las organizaciones con mayor capacidad de movilización o de cercanía con el gobierno de turno, pueden ejercer una influencia considerable. Esto puede producir una forma de captura del proceso deliberativo, donde las decisiones reflejan mejor los intereses de quienes participan que los del conjunto de la población.

Cuesta creer que el gobierno se meta en este nuevo corral del ramas convocando a un diálogo en lugar de gobernar, después de oír a las partes afectadas. Y gobernar, sobre todo, atendiendo a los intereses de ciudadanía, que no pidió esta reforma laboral que nos va a complicar aún más.