Malas decisiones acumuladas

Ignacio Munyo, El País, 2 de agosto de 2026

Nada nuevo. La discusión sobre la Rendición de Cuentas vuelve a concentrarse en el margen y en los mismos temas de siempre. Mientras el debate político se agota en ese reducido espacio de negociación, queda fuera de foco la parte sustantiva del gasto público: la que el Estado ha acumulado durante décadas y que no se somete a una revisión profunda.

Ese es el verdadero problema. Uruguay no necesita otra discusión limitada a distribuir incrementos, sino una revisión de fondo. Hay que preguntarse, desde cero, qué Estado necesita el país, qué funciones debe priorizar y qué actividades ya no se justifican.

El Estado uruguayo no dejó de crecer en los últimos 25 años. Creció en gasto, en organismos, en funcionarios y en complejidad. A valores actuales, el gasto público anual por habitante pasó de $159.000 a $317.000. Y la expansión continúa: el Presupuesto Nacional prevé nuevos aumentos, que la Rendición de Cuentas ahora procura consolidar. Para 2029, el gasto por habitante será más del doble que en 2000.

Pero el crecimiento no fue solo presupuestal. También cambió la anatomía estatal. Hace 25 años existían 60 entidades públicas; hoy son 139, entre ministerios, empresas públicas, personas públicas no estatales y sociedades anónimas. En paralelo, los vínculos laborales con el sector público pasaron de casi 237.000 a más de 318.000.

El resultado es un Estado más grande, pero también más difícil de entender, de gestionar y de evaluar.

Y cuanto más complejo se vuelve, más necesario es revisar su funcionamiento. No se trata de recortar a ciegas ni de pasar la escoba por todo el Estado, sino de establecer prioridades, definir dónde conviene ajustar y reconocer en qué áreas hace falta, directamente, empezar de nuevo.

Dejando de lado la seguridad social —principalmente jubilaciones y pensiones—, el gasto público puede agruparse en tres grandes categorías, según las funciones que cumple: esenciales, básicas y complementarias.

Las funciones esenciales, que representan apenas el 14% del gasto, explican en buena medida por qué existe el Estado. Su primera responsabilidad es asegurar la convivencia pacífica dentro del territorio y conducir las relaciones con el resto del mundo. Para ello debe garantizar la seguridad, impartir justicia, proteger los derechos y hacer cumplir las reglas. Sin esas condiciones mínimas, las personas difícilmente puedan desarrollar sus proyectos de vida.

También le corresponde promover al país en el exterior, abrir mercados, atraer turistas e inversores, defender los intereses nacionales y construir alianzas.

Estas funciones constituyen la base sobre la que descansan todas las demás. Sin embargo, la evolución del gasto desde el año 2000 revela una paradoja: fueron, precisamente, las más relegadas.

En términos reales por habitante, el gasto destinado a ellas aumentó 40% en los últimos veinticinco años, bastante menos que el resto del Estado. Las funciones esenciales representaban el 3,8% del PBI en 2000, cayeron al 3,4% en 2024 y, de acuerdo con las proyecciones, descenderían al 3,3% en 2029. El Estado se hizo más grande, pero su núcleo más elemental se volvió relativamente más pequeño.

Por su parte, las funciones básicas del Estado —que representan el 35% del gasto—, como la salud, la educación y la vivienda, crecieron de forma significativa. En términos reales por habitante, aumentaron 170%. Su participación en el PBI pasó de 5,3% en 2000 a 8,5% en 2024 y se mantendría prácticamente estable hasta 2029.

Finalmente, las funciones complementarias son las que más crecieron: más que se triplicó en términos reales por habitante. Como proporción del PBI, pasó de 3,4% en 2000 a 7,2% en 2024 y alcanzaría 7,3% en 2029. Hoy se llevan más del 28% del gasto público, aun cuando muchas de ellas podrían ser desempeñadas por el sector privado. La comparación internacional vuelve esa cifra todavía más llamativa: en Chile, no llega al 20% y en Portugal ni al 15%.

En los últimos 25 años, el gasto complementario creció cinco veces más que el esencial. Por lo tanto, el problema no es solamente que el Estado se volvió demasiado grande, sino que además alteró de forma equivocada sus prioridades: concentró cada vez más recursos en funciones complementarias, en detrimento de aquellas que constituyen su razón de ser.

Es en este marco que debe encararse una revisión a fondo del gasto público. Revisar el gasto supone establecer prioridades: fortalecer las funciones esenciales, mejorar los resultados de las básicas y reducir las complementarias.

No se trata de recortar indiscriminadamente, sino de aplicar sentido común y responder preguntas elementales. ¿Estas funciones deben ser realizadas por empleados públicos? ¿Tiene sentido mantener programas que no cumplen los objetivos para los que fueron creados?

La discusión presupuestal, tal como está concebida en Uruguay, no corrige estas distorsiones. Mientras el debate siga concentrado en el pequeño margen de gasto adicional, el núcleo del problema permanecerá intacto.

La verdadera discusión es entre un Estado que preserva inercias y otro que fija prioridades; entre uno que pretende hacerlo todo y otro que comienza por hacer bien aquello que solo él puede hacer. De eso se trata una buena asignación de recursos: de tomar decisiones y asumir sus consecuencias.

No es una buena decisión privar de recursos indispensables a la seguridad ciudadana o a la promoción del país en el exterior, mientras se mantiene intacto el gasto en áreas donde hace falta hacer borrón y cuenta nueva.

Los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson sostienen, en su obra más célebre, que los países son pobres porque quienes están en el poder toman decisiones que generan pobreza. No es el destino, sino las malas decisiones sostenidas en el tiempo, lo que define el futuro. Y asignar mal los recursos públicos es una de las formas más claras de equivocarse.