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Uruguay en peligro: Lecciones de Ecuador a tener en cuenta
Daniel Supervielle, 24 de agosto de 2026
El periodista ecuatoriano Arturo Torres Ramírez (*), especializado en crimen organizado, acaba de publicar una investigación sobre la mafia albanesa y su desembarco en América Latina a fines de los años 2000, impulsado por la flexibilización migratoria durante el gobierno de Rafael Correa.
En su trabajo “Redes con poder: ¿Cómo opera la mafia albanesa en Latinoamérica?” (DP, KAS, 2026), Torres describe las conexiones de los albaneses con la temible ’Ndrangheta calabresa, los cárteles mexicanos, el Primer Comando da Capital (PCC) de Brasil y las bandas locales ecuatorianas.
Fueron ellos quienes conectaron la oferta con la demanda para inundar Europa de cocaína. Sin escrúpulos ni piedad, tejieron alianzas para armar una red de corrupción, logística y crimen que, en pocos años, convirtió a Ecuador en un infierno de violencia y sangre. Hoy Europa consume más cocaína per cápita que Estados Unidos: entre 2010 y 2025, el mercado se cuadruplicó.
El dominio territorial, el control de los más de diez puertos ecuatorianos y de las rutas marítimas, sumados a la corrupción estatal, la penetración en las fuerzas policiales y el sistema penitenciario, y la complicidad política y judicial, pusieron al país patas arriba. En 2025, la tasa superó los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En 2018, en comparación, era de apenas 6 por cada 100.000.
La falta de respuestas institucionales, la pérdida del control territorial y la incapacidad de contención por parte de las fuerzas del orden explican el drama que hoy atraviesa una nación que antes era pacífica.
Analizar el caso ecuatoriano es un ejercicio indispensable para no cometer las mismas omisiones. En Uruguay, el sistema político sabe que se deben tomar medidas complejas y probablemente impopulares. En ese sentido, el Plan Nacional de Seguridad Pública elaborado en 2025 por el gobierno arroja un diagnóstico correcto. Sin embargo, el país carece hoy de la voluntad política, el presupuesto y el diseño institucional necesarios para llevarlo adelante. Enfrentar esta amenaza con meros parches es resignarse a esperar que la situación empeore.
Por eso resulta oportuno reparar en las decisiones que en su momento el Palacio de Carondelet no adoptó en Quito, ya sea por incapacidad, temor o por la ilusión de creer que «eso a Ecuador nunca le iba a pasar».
El gobierno debe actuar antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, habrá que esperar al asesinato de un juez, un fiscal, un periodista o un político para lamentarse por no haber escuchado las mismas alarmas que sonaron en Ecuador y que allí nadie quiso oír.
(*) Arturo Torres Ramírez, director del portal Código Vidrio especializado en crimen organizado, corrupción y narcotráfico
CERES
Opinión:
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Comments (5)
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