Entrevista al experto Dr. Juan Félix Marteu | Mayo 2024

Dr. Juan Marteau: “El avance del narcotráfico y la violencia asociada podría superar la capacidad de respuesta de las instituciones estatales, sumiendo a la región en una crisis aún más profunda”

Efectivos de la Prefectura y el Ejército argentino desplegados en Rosario. Foto: presidencia.gob.ar

Entrevista exclusiva de CERES para el Monitor de Seguridad

El Dr. Juan Félix Marteau es titular de Marteau Law, un estudio jurídico de Buenos Aires especializado en delitos económicos; presidente de FININT, fundación dedicada a la planificación de programas de combate al lavado de activos y financiación del terrorismo; y director del Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica, Criminalidad Financiera y Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus antecedentes profesionales, se debe mencionar que fue en dos ocasiones Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la República Argentina.

La fundación que preside acaba de publicar un detallado informe sobre la necesidad de que su país desarrolle un programa de seguridad multidimensional contra las bandas criminales dedicadas a la comercialización de drogas ilícitas con el objetivo estratégico de bajar los altos niveles de violencia que este flagelo ha producido en determinadas regiones, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe.

Para esta edición del Monitor de Seguridad, CERES lo entrevistó para profundizar sobre el minucioso estudio realizado por el equipo de FININT en una zona caliente de Argentina para comprender cuales fueron las principales conclusiones de su diagnóstico, sus propuestas para enfrentar la amenaza que representa el tráfico de drogas y su visión sobre los desafíos que tienen Uruguay y la región por delante.

-¿Cuál es el aporte del informe presentado en marzo de 2024 por la fundación FININT?

-El informe se orientó a definir los ejes centrales de un Programa de Seguridad Multidimensional a partir de un diagnóstico preciso y realista, tanto de la amenaza que significa el narcotráfico, cuanto de las vulnerabilidades que presentan los dispositivos estatales que deben prevenirla y reprimirla. Con esta consigna, el equipo de FININT utilizóuna metodología basada en la identificación y comprensión de los riesgos a la seguridad que presentan los agrupamientos ilícitos dedicados a la comercialización de estupefacientes. Lo primordial era entender con la mayor exactitud posible quiénes eran los actores delictivos sobre los que había que intervenir y así descifrar por qué actuaban con tales niveles de violencia. Rápidamente dedujimos que, en el caso en estudio, la denominación “bandas criminales” era más apropiada que la comúnmente usada, “crimen organizado”. Estudiamos quiénes eran los líderes y sus miembros, su capacidad operativa, su perfil económico, el lugar donde actuaban, etc. Es sobre esa base que se pudo realizar una buena mensura del tipo de amenaza que representan al sistema de seguridad, en este caso, el de una de las provincias más importantes de la Argentina. Una vez hecho esto, el quipo se ocupó de estudiar de qué dimensión eran los vacíos institucionales que presentaban los principales vectores del sistema de seguridad (subsistema político, subsistema policial, subsistema investigativo-judicial, subsistema penitenciario, subsistema de disrupción financiera y subsistema de tecnología aplicada a la seguridad). A partir de este tipo de análisis, las medidas técnico-políticas que se propusieron consideraron la viabilidad de estas, descartando todas aquellas que, por razones políticas, presupuestarias y/o de otra índole resultaban muy difíciles de implementar. Debo destacar en este punto que la Argentina vive un estado de quebranto que afecta de modo directo el financiamiento de cualquier programa de seguridad sofisticado. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en las propuestas que se realizan. En concreto, en esta materia, abundan las buenas ideas que son inaplicables, pero nosotros trabajamos con el norte puesto en construir un plan de acción que sea efectivamente realizable.

-¿Cuáles fueron las repercusiones del informe de FININT?

-Hay que considerar que el problema del narcotráfico y la cantidad de homicidios asociados a esta práctica ilícita tuvo importante repercusión en la opinión pública argentina durante todo el 2023, considerando además que se trataba de un año electoral. El resumen ejecutivo del informe fue publicado en marzo del corriente año alcanzando fuerte repercusión en diversos medios de comunicación nacionales habida cuenta de que mostraba con precisión dónde ocurrían las muertes violentas producidas por las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Recordemos, a modo de ejemplo, que en Rosario las tasas de homicidio cada cien mil habitantes fueron de 20.8 en el año 2022 y de 18.7 en el 2023, ocurriendo las mismas en zonas urbanas muy acotadas (más del 60% de los homicidios ocurrieron en el 12% del territorio urbano).

-¿Sus conclusiones fueron tenidas en cuenta por los hacedores de políticas públicas?

-Al momento de publicar el informe, se pudo observar que varias de las medidas que tomó el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, que asumió en diciembre de 2023 estaban en sintonía con algunas de las propuestas que habíamos hecho. No hay que olvidar que la demanda social por seguridad fue enorme durante el año electoral. En particular, creemos que el nuevo gobierno provincial ha tomado conciencia de la importancia que tiene el combate económico financiero de estos agrupamientos ilícitos, aunque siempre fuimos muy enfáticos en señalar que la primera tarea que tenía el gobierno provincial era ordenar la grave problemática que generaban los líderes encarcelados en las prisiones provinciales y bajar los niveles de violencia homicida en los principales centros urbanos, realidades estas que se le imponen de manera decisiva al gobernador Maximiliano Pullaro.

-¿Existe una relación entre el hecho de que Rosario sea un puerto para la salida de narcóticos a Europa y el fenómeno de las bandas criminales?

-Rosario es una ciudad estratégica debido a que cuenta con una red portuaria significativa que explica gran parte del flujo comercial que la Argentina mantiene con sus socios en diferentes partes del mundo. Desde esta área geográfica se despachan anualmente el 80% de las exportaciones argentinas de aceites, granos y subproductos. Actualmente el fenómeno de las bandas criminales y la violencia que ellas generan son un producto local que resulta de una densa marginalidad social que fue nucleándose alrededor de este centro estratégico que se suma a la circunstancia de que Santa Fe y, en particular Rosario, son nodos claves donde confluyen las rutas terrestres y fluviales que provienen de Bolivia y Brasil (pasando por Paraguay) en los que se transporta la cocaína y marihuana que luego se vende en los principales centros urbanos del país. Es muy importante destacar que nuestra hipótesis es la siguiente: si no se combate con éxito y urgentemente estas bandas criminales locales, será el crimen organizado trasnacional el que pasará a dominar el rentable negocio ilícito del narcotráfico.

-¿Era evitable que Rosario cayera en el espiral de violencia y corrupción en el que se encuentra?

-La situación de violencia y corrupción actual en el territorio que es consecuencia de más de 20 años de desidia gubernamental. Nadie entendió que se fue conformando un mercado de consumo de cocaína y que el mismo quedó en manos de actores extremadamente marginales y violentos. Las administraciones que gobernaron Santa Fe fracasaron en materia de gestión de seguridad ya que sumaron una serie de errores gravísimos. Primero se sumaron al canto de sirenas del progresismo penal que dominó la cultura académica argentina post dictadura. Era progre pensar que el delito es un “conflicto interpersonal” y que el sistema penal sólo debe estar encaminado a resolver este tipo de situaciones problemáticas. Todo ello es un absurdo ya que cuando un sicario del narco mata a una niña que está esperando un colectivo para ir a la escuela, lo único que existe es el quebrantamiento de la paz social y de la ley. En este delito no hay ningún “conflicto” entre víctima y victimario y por tanto es imposible pensar que haya alguna otra solución que no sea restablecer la vigencia de la ley y el orden social. Lo que estoy diciendo no reduce todo al peso de las ideologías, lo más importante es que estas ideas condujeron a los gobiernos a deslegitimar permanentemente la actividad policial y de la justicia penal y, de esa manera, a restringir al máximo posible la represión al delito, considerada un mal en sí misma. Pensaron que eso era progresismo, sin embargo, lo único que hicieron fue montar un desarmadero del aparato de justicia y de seguridad del Estado y vender las piezas al mejor postor. Mientras esto fue un utópico pensamiento académico no había drama. El problema explotó cuando la “delincuencia” - a la que había que respetarle todos sus derechos humanos - se hizo realidad bajo el formato de bandas criminales extremadamente violentas cuyas principales víctimas eran incluso los propios sectores más empobrecidos y marginados de la sociedad.

-¿Qué rol juega el gobierno nacional dentro de la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales? ¿Tiene capacidades para hacer algo al respecto?

-El estado nacional actuando en coordinación con el estado provincial conserva aún las potencias suficientes para hacer fracasar el proyecto criminal del narcotráfico dominando las zonas más productivas del país. Pero estamos en momentos decisivos. Si no hay una urgente coordinación de los sistemas de seguridad nacional y provincial es muy posible que nos enfrentemos a un nuevo fracaso que será muy beneficioso para los agrupamientos criminales locales y trasnacionales. No hay duda de que los dispositivos de inteligencia criminal deben activarse a pleno para brindar a las fuerzas de seguridad y a la justicia penal la mejor información sobre las debilidades que presentan la logística y la economía de los agrupamientos criminales.

-¿Crees que las propuestas planteadas en el informe de FININT son trasladables a otras zonas o regiones con fenómenos similares, o es exclusivo para la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe?

-FININT trabajó con una metodología basada en la evaluación de riesgos, algo que es trasladable a cualquier región y situación, sin importar su dimensión o problemática. En este sentido, el equipo de investigación tiene la capacidad de adaptarse al estudio de realidades nacionales o regionales de modo efectivo. Lo importante siempre es tener una correcta comprensión de los vectores que componen el riesgo: probabilidad e impacto de un fenómeno dañino.

-¿En qué medida lo que sucede en Santa Fe puede pasar en Uruguay?

-El trabajo que realizó FININT en Santa Fe mostró con toda claridad que la acción de las bandas criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes explicaba un altísimo porcentaje de los homicidios en la provincia. Se realizó una geolocalización de cada uno de los homicidios ocurridos en los últimos 10 años (lo que arroja la coordenada geográfica exacta del lugar de ocurrencia) a lo que se le agregó información cualitativa derivada de diarios y noticias locales. La conclusión obvia, pero precisa, es que los conflictos derivados de la comercialización de cocaína producen un altísimo impacto en el sistema de seguridad pública. Para responder adecuadamente a su pregunta, habría que realizar el mismo estudio.

Sin embargo, a priori, podemos afirmar que la estadística criminal disponible sobre homicidios violentos nos ofrece un cuadro muy similar sobre la provincia de Santa Fe y el Uruguay en su conjunto. Sobre esa base es que habría que hacer un estudio pormenorizado sobre el impacto que tiene el narcotráfico en materia de muertes intencionales. Como punto de partida, durante el 2023 se produjeron 391 homicidios en la provincia de Santa Fe, mientras que en Uruguay 382. Con una población total de más de 3.500.000, la tasa de homicidios cada cien mil habitantes fue de 10.9 en Santa fe. En Uruguay, con una población total de casi 3.400.000, la tasa de homicidios cada cien mil habitantes fue de 10.7. Esto muestra similitudes notables entre las jurisdicciones comparadas.

Si consideramos lo que sucedió en 2023 en el departamento de Rosario, que tiene una población cercana a 1.300.000, también encontramos similitudes con lo ocurrido en Montevideo, cuya población también ronda los 1.300.000 habitantes. Es interesante ver que ambas jurisdicciones tasas muy altas para el contexto regional: en Rosario fue de 18.4, mientras que en Montevideo de 15.2. Desde el punto de vista político-criminal argentino, estas tasas explican niveles de violencia social muy considerables, ello considerando que la tasa general de homicidios de Argentina se encuentra por debajo de 5 homicidios cada cien mil habitantes.

-¿Qué importancia tiene la prevención del lavado de activos para la lucha contra las bandas criminales? ¿Qué políticas específicas recomienda implementar al respecto?

-Lo primero a destacar es que un sistema de seguridad tiene que actuar de modo multidimensional a efectos de absorber con éxito la complejidad que plantea el narcotráfico. La llamada lucha contra los activos ilícitos sólo puede ser efectiva si se desarrolla de modo sistémico con relación a los otros dispositivos centrales del sistema de seguridad, por ejemplo, la tecnología aplicada a la seguridad, la inteligencia criminal, etcétera. En nuestros países se ha construido un sistema institucional y normativo que sigue los estándares internacionales de GAFI (N. del E: Grupo de Acción Financiera Internacional, es una organización intergubernamental cuyo objetivo es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), pero no se ha logrado que el mismo produzca consecuencias verdaderamente disruptivas sobre la gran criminalidad. El narcotráfico debe ser el gran laboratorio para que la lucha contra el lavado de activos desarrollada contra actores criminales concretos cobre un mayor protagonismo y logre debilitar efectivamente determinados aspectos de este rentable negocio ilícito. En la Argentina todavía estamos muy lejos de este tipo de resultados.

-En el caso de Ecuador, se observa un alto grado de militarización en cuanto al combate al narcotráfico y las bandas criminales, no obstante, en ninguna de las propuestas elaboradas por FININT se menciona a las Fuerzas Armadas, ¿a qué se debe esto?

-En una situación de excepción el Estado está compelido a usar todos los recursos a su alcance para doblegar a los enemigos de la comunidad política. Esto lo explica la historia. En el caso argentino actual, ordenar la utilización de las fuerzas armadas para su control me suena más propio del marketing político que a una estrategia seria de seguridad. Primero hay que agotar todas las vías institucionales disponibles por mandato de la ley vigente para debilitar a los agrupamientos criminales que aún son susceptibles de ser vencido por el estado argentino. Esto quiere decir que todavía estamos lejos de parecernos a Ecuador, aunque tenemos que estar advertidos que, si no interrumpimos el actual desarrollo del narcotráfico en zonas estratégicas del país, tendremos encima el pie del crimen organizado con la consecuencia de que se planteará realmente la necesidad de usar toda la fuerza pública disponible.

-¿Qué otras medidas recomiendan en el informe que se puedan aplicar en otro país o en otra ciudad como Montevideo, por ejemplo, para evitar la escalada?

-Lo primero es entender en qué medida el subsistema político está realmente dispuesto a tomar decisiones excepcionales no sólo para prevenir y reprimir la violencia asociada al narcotráfico, sino también para debilitar y obstruir el negocio ilícito de la comercialización de estupefacientes. En la Argentina gobernada por dirigentes que primero negaron la realidad del narcotráfico y luego claudicaron frente a la violencia que este desplego, resultó muy difícil pensar en la idea de un programa multidimensional de seguridad. Es una experiencia que todo país debe evitar. Lo segundo es saber cómo dinamizar y fortalecer la acción de las fuerzas de seguridad y de la justicia penal para concentrar sus recursos sobre los actores delictivos que la inteligencia criminal ha detectado de modo preciso. Esto sumado a la tecnología aplicada a la seguridad, resulta esencial para producir bajas en esta delincuencia tan insidiosa. Por último, hay que cuidar muy especialmente el subsistema carcelario que es el germen más propicio para la planificación y el desarrollo de la comercialización de drogas y la multiplicación de las franquicias criminales. Todas estas medidas deben surgir de un correcto diagnóstico de la situación.

-¿Los países latinoamericanos están condenados a ser corrompidos por el narco?

-Nunca se ha producido tanta cocaína de máxima pureza como en estos años. En los países andinos que tienen el oligopolio de la producción de este estupefaciente (Colombia, Perú y Bolivia) ya se producen 2.000 toneladas por año, duplicándose así la cantidad que se producía en el 2015. Esto tiene un impacto indiscutible en nuestros países del cono sur que no sólo sufren el aumento del transporte de esta droga en sus territorios, sino también la consolidación de un mercado de consumo interno. Lo que ocurre con otro tipo de estupefacientes no es del todo alentador, lo que indica que el narcotráfico está en vías de convertirse en uno de los principales problemas para los países de la región. Es un imperativo ético-político construir un orden institucional que permita a las nuevas generaciones seguir teniendo confianza en los modelos de vida que propone la ley y descreer de los proyectos caóticos que propone el crimen organizado. Aunque sea una batalla difícil de ganar, hay que darla igualmente.