El Tren de Aragua: el modelo criminal que amenaza el continente

Presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua deportados de Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Tecoluca, El Salvador. Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República (El Salvador)

El Tren de Aragua (TdA) es una nueva amenaza regional dentro del crimen organizado en América Latina. Surgió hace aproximadamente una década en una prisión venezolana como banda carcelaria. Evolucionó hasta convertirse en una poderosa organización delictiva con presencia en varios países del continente. Si bien en sus inicios se centró en la extorsión, con el tiempo diversificó sus actividades hacia el tráfico de migrantes y la trata de personas, principalmente de origen venezolano. Su proceso de expansión se extendió también hasta Norteamérica, donde comenzó a establecer redes criminales.

Por ello, en el primer día de su mandato, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa a diversos cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo a la Mara Salvatrucha (El Salvador) y el TdA. La medida habilita mecanismos para combatir sus actividades, como el bloqueo de cuentas y transacciones, además de establecer un régimen de excepción que podría comprometer la soberanía territorial de los Estados.

El Monitor de Seguridad de CERES procura comprender las características del Tren de Aragua y explicar las razones que preocupan a los gobiernos de la región.

EEUU la declara organización terrorista

El documento firmado por Trump declara una emergencia nacional e introduce un procedimiento para designar a ciertos cárteles internacionales y otras entidades como “organizaciones terroristas extranjeras”. Su principal base legal es la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente la sección 219 (8 U.S.C. 1189), que establece tres criterios para dicha designación:

• La organización debe operar fuera del territorio de los Estados Unidos y no estar bajo su jurisdicción directa.
• Participar en actividades terroristas o tener la intención de hacerlo.
• Representar una amenaza a la seguridad de los ciudadanos de EEUU o a la seguridad nacional.

Además, la Orden se sustenta en la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), específicamente en el artículo 50 U.S.C. 1701, que permite al presidente declarar una emergencia nacional para responder a amenazas inusuales y extraordinarias que afecten la seguridad nacional, la economía o la política exterior de los Estados Unidos.

Esta declaración habilita la imposición de sanciones económicas, el bloqueo de activos y la aplicación de otras medidas restrictivas contra personas o entidades designadas como amenazas. El decreto también se sustenta en la Orden 13224 de septiembre de 2001, que establece sanciones contra individuos y organizaciones vinculadas al terrorismo, como el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones internacionales.

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas coloca sus actividades bajo la jurisdicción de Estados Unidos, independientemente de su ubicación, lo que permite a las autoridades tomar “todas las medidas apropiadas” para eliminarlos y destruir su capacidad de amenazar la seguridad e integridad territorial del país. La orden invoca conceptos como seguridad nacional, estabilidad y política exterior, argumentando que las amenazas planteadas son “inusuales y extraordinarias”, lo que justifica la activación de la Ley de Emergencia.

En este contexto, a fines del pasado mes de febrero, el Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina, bajo la dirección de Patricia Bullrich, también declaró al TdA como una organización terrorista al inscribirla en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). 

Origen e historia

En el año 2006 el gobierno de Chávez anunciaba el Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario que iba a conectar los cuatro puntos cardinales del país con vías de trenes, e inicialmente comenzaron con el proyecto para unir los estados Aragua y Carabobo.

Con este proyecto comenzó una guerra de sindicatos donde las autoridades le dieron prioridad a los afines al gobierno. Así surge el Sindicato del Tren de Aragua-Carabobo, que fue conocido como Tren de Aragua.

Este sindicato inicialmente comenzó a extorsionar trabajadores para darles puestos en la empresa, pero luego fueron tomando poder incrementando sus reclamos, hasta llegar a los gerentes y pedir más favores y beneficios. Con el paso del tiempo continuaron con el robo de materiales para revender y a desviar recursos, hasta que la obra quedó inconclusa.

En 2013, el grupo consolidó su identidad criminal cuando varios exsindicalistas se involucraron en actividades delictivas y fueron encarcelados en el penal de Tocorón, donde establecieron una alianza con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", un delincuente con un amplio historial de delitos graves.

Su liderazgo dentro de la prisión fue clave para la expansión del TdA. Debido a la falta de control en la cárcel y la corrupción de las autoridades, la organización creció imponiendo pagos de extorsión a los reclusos, conocidos como “vacunas”.

La influencia del TdA trascendió los muros de la prisión, consolidándose en el barrio de San Vicente cercano a Tocorón, que se convirtió en su centro de operaciones externo. A través de alianzas con bandas criminales locales y la absorción de grupos rivales, expandió su control a varios estados venezolanos mediante la coerción y dominio territorial.

Como consecuencia de negociaciones con el gobierno, violencia y sobornos, los reclusos fueron ganando poder y establecieron el sistema de pranatos, donde los pranes son quienes lideran las prisiones.

“Pran” es el acrónimo de “Preso, Rematado, Asesino, Nato”. Dentro de la prisión de Tocorón, Guerrero era un pran, apoyado por una jerarquía estructurada con luceros (lugartenientes), escuderos (guardaespaldas) y gariteros (vigilantes, tanto dentro como fuera de la prisión).

En setiembre de 2023, pese a que el régimen de Maduro llevó a cabo un fuerte operativo policial y militar que incluyó la movilización de vehículos blindados y el despliegue de 11.000 efectivos en la cárcel de Tocorón, Guerrero escapó con otros líderes en circunstancias poco claras. Hasta el momento, su paradero es desconocido. El desarrollo pacífico de un operativo de tal magnitud en una prisión abarrotada de miembros de la banda criminal más temida de Venezuela generó especulaciones sobre una posible complicidad entre las autoridades y el TdA.

A la conquista de América

Entre 2017 y 2018, con la masiva migración de venezolanos hacia países vecinos por la situación política y económica de su país, el TdA encontró una oportunidad para expandir su influencia.

Aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes, operó en pasos fronterizos clandestinos, donde imponía extorsiones y ofrecía rutas ilegales a cambio de pagos. De este modo, logró establecerse en Colombia, Perú, y Chile y esporádicamente en Ecuador, Bolivia y Brasil.

El crecimiento del grupo llevó a una diversificación de sus actividades ilícitas, incluyendo extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico, préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” y minería ilegal. Durante esta etapa, aunque mantuvo un mando centralizado, fue cambiando hacia un modelo más horizontal, delegando funciones a grupos locales que operan bajo su marca. Este sistema de franquicias con control centralizado y su método de dominio territorial basado en violencia e intimidación fueron herramientas clave para su expansión y consolidación.

El TdA ha consolidado el tráfico y la trata de personas como algunas de sus principales actividades delictivas, afectando especialmente a mujeres venezolanas, quienes son captadas mediante falsas ofertas de empleo y luego sometidas a explotación sexual en países como Perú y Chile. Estas operaciones suelen concentrarse en pasos fronterizos clandestinos frecuentados por migrantes, como los ubicados entre Venezuela y Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Además, la organización estableció células en zonas urbanas con una alta concentración de migrantes venezolanos, destacando ciudades como Bogotá, Lima y Santiago de Chile.

En Chile, su presencia fue detectada en 2021 dentro de la comunidad migrante, lo que permitió la identificación de células operando en ciudades como Santiago, Arica e Iquique, derivando en múltiples operativos policiales y la detención de más de 50 miembros.

En este país, es emblemático el caso del exmilitar venezolano y refugiado político, Ronald Ojeda. Luego de ser secuestrado en su residencia de Santiago por personas que se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones de Chile, su cuerpo fue encontrado descuartizado y enterrado bajo una losa de concreto.

La Fiscalía chilena considera que el asesinato podría tener un móvil político y ha señalado la eventual implicación del gobierno venezolano en el asesinato.

En Ecuador, la organización ha operado en la frontera norte, cerca de Tulcán e Ipiales, concentrándose también en el tráfico de personas y en alianzas con grupos locales para actividades ilícitas. Por su parte, en el Estado de Roraima, Brasil, las autoridades identificaron a unos 60 integrantes dentro de la Penitenciaría Agrícola de Montecristo, donde han empleado la distribución de alimentos como un mecanismo de extorsión a familiares de reclusos, aprovechando su control dentro del penal.

La expansión no sólo se limita a América Latina, la banda también expandió su alcance en Estados Unidos, particularmente en estados como Colorado, Texas, Luisiana, Nueva Jersey y Florida. En febrero de este año, la Casa Blanca informó que diez integrantes del TdA fueron enviados a la base estadounidense en Guantánamo (Cuba).

 Recientemente tras un acuerdo entre gobiernos, más de 200 presuntos integrantes del TdA fueron deportados por EEUU y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

En síntesis, el TdA aprovechó la crisis migratoria y las debilidades institucionales en la región para expandir sus operaciones delictivas en múltiples países, adaptándose a las rutas migratorias y estableciendo alianzas o imponiéndose frente a grupos locales en el ámbito del crimen organizado. Asimismo, sus métodos extremadamente violentos fueron sometiendo a quienes no responden a sus órdenes o intereses. 

Aprendizajes y desafíos

El crecimiento del TdA como una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de América Latina plantea un desafío complejo para la seguridad regional. Su evolución desde un grupo carcelario hasta una red delictiva transnacional revela su capacidad de adaptación y expansión, en la que aprovecha la debilidad institucional en diversos países.

La designación del TdA como organización terrorista en Estados Unidos y Argentina refuerza la idea de que su accionar no solo se limita al crimen organizado tradicional, sino que adopta tácticas de control territorial, coerción y violencia extrema con impactos transnacionales. Si bien estas medidas buscan frenar su crecimiento mediante sanciones económicas y acciones represivas, su efectividad dependerá en gran medida de la cooperación internacional y de la fortaleza de los Estados para combatirla.

Uruguay ha sido receptor de unos 30.000 migrantes venezolanos en los últimos años, si bien la mayoría de ellos llega con buena formación profesional y en busca de mejores oportunidades. La reputación de Uruguay como un país de baja criminalidad en comparación con sus vecinos no lo exime del riesgo de que estructuras del TdA intenten ingresar, ya sea con fines logísticos, de lavado de activos o de explotación de redes de tráfico de personas y drogas.

En noviembre del año pasado en ocasión de la reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, el entonces ministro Nicolás Martinelli, se manifestó acerca de la necesidad del trabajo conjunto en la región para prevenir la expansión del TdA en el continente.

Aunque aún no se ha detectado presencia de células del TdA en Uruguay, el país no está ajeno a la posibilidad de diversas modalidades del crimen organizado. Para enfrentarlos resulta clave fortalecer sus capacidades de inteligencia, de cooperación internacional, los controles fronterizos y una política de seguridad coordinada con los países vecinos para minimizar el riesgo de una amenaza en permanente evolución que pone en riesgo la estabilidad democrática de los Estados.

Los ejemplos de cómo sucumbieron en poco tiempo países de la región -como Chile y Ecuador- debería servir de ejemplo para actuar en consecuencia y así evitar que esta modalidad criminal, violenta y desestabilizadora anide y crezca en Uruguay.