Uruguay como destino de trata sexual

Imagen creada con Inteligencia Artificial

(*) Escrito por Lucía Álvarez, Bruna del Puerto y Luana Franciulli para el Monitor de Seguridad

La trata de personas con fines de explotación sexual es una problemática persistente y compleja en América Latina, que afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y en situación de vulnerabilidad.

Uruguay, tradicionalmente considerado un país de tránsito de víctimas de trata, ha pasado en los últimos años a consolidarse también como país de destino, hecho que intensifica la urgencia de desarrollar mecanismos de respuesta estatal más eficaces. Adicionalmente, se encuentra que la situación se ve agravada al contemplar la relación con mujeres migrantes extranjeras, quienes, de acuerdo con el trabajo realizado por OIM, entre 2018 y 2022, representan el 62,7% de los casos identificados de trata con fines de explotación sexual (equivalente a 188 mujeres extranjeras), mientras que las uruguayas alcanzan un 37,3%, 112 mujeres específicamente. Al profundizar en las nacionalidades de las mujeres latinoamericanas, se observa que, para ese mismo período, la amplia mayoría de ellas son dominicanas, ya que representan el 67,4% del total de mujeres extranjeras atendidas. Esta proporción es levemente inferior a la registrada para el período 2012-2018, donde representaban el 71,8%. Además, un 17,6% de las mujeres extranjeras atendidas provienen de Cuba, lo que implica que el 85% de las mujeres víctimas de trata en Uruguay son de estos dos países del Caribe. (Embajada de Estados Unidos en Uruguay, 2024; OIM, 2023).

Se entrevistaron once mujeres dominicanas radicadas en Uruguay—a las cuales se referirá únicamente por su inicial, en aras de preservar su anonimato—a través de dos grupos focales y entrevistas a personalidades relevantes.

El objetivo era entender cómo se entrelazan migración, explotación y agencia en el caso de las mujeres dominicanas en Uruguay.

La migración, como señalan el MIDES y el Inmujeres (2009), suele estar motivada por la búsqueda de oportunidades y la mejora en las condiciones de vida, no obstante, esta se complejiza debido a las vulnerabilidades que se presentan tanto en el tránsito como en el destino, y que terminan por desencadenar situaciones límite, como el fenómeno objeto de estudio. Bajo este contexto, la normativa internacional de derechos humanos se vuelve una herramienta de intervención, como es el caso del Protocolo de Palermo, bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que busca enfocarse específicamente en establecer medidas de protección para las víctimas  (Naciones Unidas, 2000). Con el fin de aportar en la solución de la problemática, el protocolo presenta una serie de medidas para la protección judicial, la prevención de la trata y el combate de las redes, con el fin de fortalecer los derechos y autonomías de sus víctimas (MIDES e Inmujeres, 2009).

No obstante, al momento de enfrentarse al fenómeno, tanto la escasez de registros oficiales como la falta de mecanismos de detección temprana generan un alto grado de invisibilización, y, en consecuencia, una falta de priorización y una dependencia excesiva de informes externos para dimensionar la problemática. A nivel regional, la trata en América Latina y el Caribe opera a través de redes transnacionales vinculadas al crimen organizado. Estas redes aprovechan vulnerabilidades socioeconómicas y migratorias, estableciendo rutas comunes hacia el Cono Sur. En el caso uruguayo, se identifican rutas que conectan República Dominicana con Colombia y Ecuador, así como un circuito que une a República Dominicana, Brasil y Uruguay (OIM, 2023; Embajada de Estados Unidos en Uruguay, 2024). Asimismo, el ingreso irregular suele realizarse por fronteras terrestres con Brasil o Argentina, a través de “negocios aceitados” de traslado clandestino hacia Montevideo (OIM, 2023).

Pese a la expansión del crimen, la trata de personas con fines de explotación sexual es un fenómeno invisibilizado en el país, por lo que a pesar de su tendencia creciente como origen, tránsito y destino, la temática no suele abordarse en el debate público. Dentro de este espectro, el grueso de las víctimas identificadas son mujeres migrantes extranjeras, provenientes principalmente de Cuba, República Dominicana y Haití. Gran parte de estas mujeres son trasladadas a ciudades de frontera como Cerro Largo o Rivera y otras a Montevideo, donde se concentra la mayor parte de los casos, y se estima que, en este escenario, el 88,2% de las mujeres extranjeras fueron explotadas exclusivamente en territorio uruguayo, lo que refuerza el rol del país como destino de la trata de personas (OIM, 2023).

En Uruguay, el trabajo sexual es lícito, conforme expresa la Ley N° 17.515 (2002). En este marco, y como narra M.A., para poder ejercer la prostitución, hace falta poseer una libreta que acredite la salud de la trabajadora. Adicionalmente, tienen acceso a un psicólogo. Por otro lado, y como respuesta a la trata sexual, el gobierno de Uruguay aplica medidas para mitigar sus consecuencias, como la aprobación del Plan de Acción Nacional 2022-2024 para guiar la lucha contra la trata a nivel país, el aumento de fondos para servicios a víctimas, y la creación de nuevas fiscalías para delitos sexuales destinadas particularmente a la trata (El Observador, 2024). Estas fiscalías pasan a trabajar en conjunto con equipos técnicos como la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT), que se encarga de brindar atención y asesoría a víctimas y testigos de procesos penales (Fiscalía general de la Nación, 2022). De esta forma, se encuentra que Uruguay, ha mejorado en la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad de los migrantes. Así, el gobierno comenzó a derivar a las víctimas a una red existente de oficinas regionales que prestan atención médica básica, asesoramiento y refugio más cerca de sus comunidades de origen, incluso a través de una unidad móvil especializada (Embajada de Estados Unidos en Uruguay, 2025).

No obstante, el país no cumple en su totalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; el gobierno no ha informado la toma de medidas para identificar víctimas proactivamente, y el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) en noviembre de 2023, puso fin a su acuerdo de cooperación con una ONG que gestionaba centros de apoyo a mujeres adultas víctimas de trata, dificultando así el apoyo y atención a las mismas (El Observador, 2024).

Al compararlo con la región, sus esfuerzos resultan limitados, como es el caso de Argentina, que cuenta desde 2008 con un Sistema Federal de Rescate y un Comité Ejecutivo contra la Trata, además de planes nacionales periódicos (Gobierno de Argentina, s.f.). Por lo tanto, el desafío uruguayo ahora radica en superar la invisibilización y avanzar hacia una institucionalidad sólida que fortalezca los registros oficiales, la prevención y la cooperación regional, con el fin de proteger los derechos humanos de mujeres, tanto migrantes y nacionales, como se regula en la Ley N° 19.643 (2018).

Las experiencias de las mujeres dominicanas migrantes en Uruguay reflejan diversas trayectorias marcadas por la vulnerabilidad, el engaño y, en algunos casos, la búsqueda autónoma de oportunidades. Los testimonios recogidos en entrevistas y grupos focales permiten visibilizar cómo las redes de captación, la precariedad y las falsas promesas se entrelazan en procesos que oscilan entre la coerción y la capacidad de decisión.

Entre los relatos más significativos, varias participantes señalaron la existencia de proxenetas dominicanas, como “Fita” o “Maritza”, que operaban en Montevideo, atrayendo a otras mujeres bajo promesas de trabajo y vivienda. Una de las entrevistadas explicó que pagaban “[...] entre 3.000 y 8.000 dólares para migrar a Uruguay a través de intermediarios” y que, al llegar, “[...] las enviaban a trabajar en un boliche, reteniéndoles los pasaportes mientras ejercían actividades vinculadas a la prostitución”. Estos mecanismos de retención y deuda funcionaron como instrumentos de control y explotación.

Los relatos también dan cuenta de engaños producidos por las personas que les recibían en Uruguay y las falsas expectativas creadas por los mismos—vinculadas al proceso migratorio. Como narró L.B.: “ [...] mi pasaje decía que me iban a recibir. Llegamos a las 2 de la mañana a una pensión en Ciudad Vieja. [...] Nunca he podido hablar de ese tema sin llorar. Abrimos ese cuartito, con cucarachas, y catorce mujeres en una habitación”. Este relato dilucida el impacto emocional que acompaña la experiencia de quienes fueron captadas con promesas laborales fraudulentas.

En los últimos años, las dinámicas de captación se han desplazado hacia los entornos digitales. De acuerdo con la OIM (2023), “según el último informe global contra la trata de personas, [...] luego de la pandemia aumentó exponencialmente el uso de redes sociales y de las tecnologías de la información para captar a las víctimas”. Las propias participantes señalaron que “[...] hemos conseguido empleo por redes sociales o el boca a boca, no usamos portales de empleo”, subrayando la centralidad de Facebook, Instagram y TikTok como espacios donde proliferan anuncios laborales engañosos que ofrecen condiciones irreales o solicitan datos personales. De esta forma, estos espacios han abierto las puertas a la criminalidad, al aprovecharse de la brecha legal y de las vulnerabilidades de las usuarias (Vázquez y Rivero, 2025).

Sin embargo, no todas las trayectorias se enmarcan en la coerción directa. Algunas mujeres afirmaron haber ingresado al trabajo sexual por decisión propia o necesidad económica. Una de ellas sostuvo que “[...] en Uruguay hay protección”, destacando la existencia de un marco legal que diferencia entre trata y prostitución voluntaria. Estos relatos complejizan las narrativas dominantes, evidenciando que no todas las migrantes son víctimas pasivas, sino que existen matices entre la explotación, el engaño y la decisión.

Asimismo, la dimensión simbólica de la migración aparece en frases que expresan orgullo y presión social: “Volver a RD sería ser una perdedora, porque además no puedo, porque vendí todo lo que tenía allí”. Esta voz resume la tensión entre la búsqueda de reconocimiento y el peso de las expectativas familiares.

En consecuencia, se entiende que la trata de mujeres dominicanas hacia Uruguay se explica a partir de un entramado de factores estructurales y sociales que terminan por explicar el fenómeno.

Económicamente, la falta de empleo en República Dominicana es uno de los principales motores de migración—así, se observa que la tasa femenina de desempleo es del 8,1% para el 2024, mientras que la masculina es del 3,4% (Grupo del Banco Mundial, 2024). Las entrevistadas resaltaron migrar con el objetivo de acceder a empleos mejor remunerados, y gracias a la regulación flexible en materia migratoria del momento, el país se percibía como un destino atractivo. Ante este escenario, Uruguay aparecía como un destino ideal, con promesas de documentación rápida, alojamiento, trabajo seguro y sueldos altos, una suerte de “paraíso”, donde se transmite la posibilidad de progreso por medio del boca a boca, tal como esclarece Agustina Deleon, Oficial de Protección en OIM Uruguay: “muchas personas en situación de vulnerabilidad [...], muchas dejan a sus hijos y envían remesas para tener un estilo de vida mejor”. El problema surge cuando la realidad que enfrentan al llegar difiere considerablemente de la esperada, pero al momento se encontraban con una propuesta tentadora, a pesar del alto costo del viaje.

Culturalmente, la llegada al país se encuentra atravesada por el estigma y por la “psicología del isleño”, en palabras del embajador de República Dominicana en Uruguay, Fidel Ernesto Santana Mejía. La idea compartida de querer salir al exterior para progresar genera esta búsqueda de países para migrar, y de permanecer allí, a pesar de las malas condiciones. Al llegar al país, las entrevistadas expresan que la mayoría de las chicas jóvenes se dedicaron a la prostitución para mantenerse, lo que generó un ideario compartido: “[...] antes una caminaba y los hombres se paraban a ‘ofrecer el plato’, pensaban que todas las mujeres dominicanas eran prostitutas. [...] Cuando yo llegué en el 2011, el 95% de las mujeres era de eso que trabajaban”. Esta estigmatización, como explican las entrevistadas, se combina con el choque de insertarse en un contexto distinto, donde las redes de contención suelen ser escasas o inexistentes, y las expectativas creadas se desmoronan.

En el plano institucional, existían vacíos en los controles migratorios que permitían el ingreso irregular o mediante documentos falsos. El informe del MIDES y la OIM (2009) recoge además testimonios sobre corrupción policial, donde algunos agentes habrían colaborado con tratantes facilitando trámites migratorios o encubriendo actividades de explotación. De la misma forma lo relatan las entrevistadas: “las traían como contrabando, [...] les hacían automáticamente la libreta y las ponían para trabajar, y se arreglaban con la policía. Cuando la policía va, piden documentos, entonces iban al hospital, tomaban los papeles y los aceptaban directamente por ellos”.

Finalmente, los factores familiares y comunitarios muestran una dimensión interna del fenómeno. En varios casos, los engaños provinieron de personas cercanas: “es mi cuñada la que me propone el viaje, [...] ella me decía, yo me hago responsable, yo le presto la plata y usted se va”. Estos relatos revelan cómo los lazos de confianza se transforman en instrumentos de captación, reforzando la naturalización de las redes de cómplices, dentro y fuera del país, como es el caso de la entrevistada L.B., cuyas conocidas complotaron para venderle la idea: “‘¡Ay, comadre! Aquí fue que Dios se sacó el sudor, mire comadre, usted lo que ‘ta haciendo ahí, aquí en Uruguay usted se va a comprar su casa’, y yo dije ‘bueno, entonces sí’”.

Así, se esclarece que la trata no surge de un hecho aislado, sino de un sistema que orilla a las mujeres a migrar y luego las expone a nuevas formas de vulneración y control en el país de destino, tal como se evidencia en la experiencia de las entrevistadas.

Con la creciente interconexión y exposición de internet, los traficantes comienzan a ver en este un mecanismo para, a través de ofertas laborales falsas, captar la atención de las mujeres, y finalmente derivar a una situación de vulnerabilidad y explotación sexual. De esta forma, en conversación con el grupo de mujeres, se notó el ya mencionado peso de las redes sociales en este proceso de captación, que, como señala Agustina Deleon, ha experimentado un aumento exponencial tras la pandemia. Tal es el caso de B., quien señaló haber sido contactada a través de Facebook, donde se le ofreció una oportunidad laboral en España. Finalmente—después de habérsele querido obligar a llevar una mochila de la que desconocía sus contenidos—acabó por permanecer en Uruguay tras ser retenida por migración y luego apresada, dado que portaba documentos falsificados por quienes la contactaron.

El caso de las mujeres dominicanas migrantes en Uruguay revela la complejidad de los límites entre la trata de personas, la migración irregular y la prostitución voluntaria. Las experiencias recogidas muestran que estas fronteras son difusas y que, en la práctica, los marcos legales o institucionales no siempre son suficientes para abordar las realidades que enfrentan las mujeres migrantes. Los testimonios analizados muestran cómo una misma trayectoria puede contener momentos de coerción, engaño y decisión, configurando un entramado donde la vulnerabilidad convive con la capacidad de actuar y resistir.

Aunque sus historias no son homogéneas, todas comparten vulnerabilidades estructurales vinculadas al género, la situación migratoria, la desigualdad económica y el racismo. Estas condiciones crean un terreno fértil para la captación y explotación, especialmente cuando se combina con la precariedad laboral y la falta de redes de apoyo en el país de destino. A su vez, la expansión del reclutamiento a través de redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok introduce nuevos desafíos, al trasladar los mecanismos de captación a espacios virtuales difíciles de monitorear y regular.

Frente a ello, se torna urgente impulsar más investigación y políticas públicas preventivas que integren las dimensiones de género y migración. Es necesario fortalecer las herramientas de detección temprana, la cooperación regional y la participación activa de las comunidades migrantes en el diseño de estrategias de protección. Solo un enfoque interseccional y sensible a las voces de las propias mujeres permitirá avanzar hacia una prevención real y sostenible de la trata.