La moto como factor del delito

Foto: Ministerio del Interior

En Uruguay la motocicleta pasó de ser un medio de transporte accesible y práctico a convertirse en pieza clave del engranaje criminal que opera en los barrios periféricos de Montevideo y otras ciudades uruguayas.

Robadas en hurtos veloces, revendidas en el mercado negro con documentación adulterada o desguazadas para vender piezas, muchas terminan alquiladas por horas o días a delincuentes que las usan para rapiñas, repartos de droga, cobros de deudas o ajustes de cuentas.

Su agilidad les permite escapar por callejones donde los patrulleros no entran, consolidándolas como herramienta casi indispensable del modus operandi de las bandas urbanas. La policía, desbordada por falta de efectivos y tecnología de control, apenas logra interceptar una fracción. Por su lado las autoridades departamentales prefieren mirar para el costado en relación con su control y fiscalización.

Además, las motos requisadas se acumulan en depósitos al aire libre —más de 58.000 a nivel nacional en junio de 2025 según el ministerio del Interior—, convertidos en cementerios de dos ruedas que generan enormes costos de custodia y riesgos de nuevos robos.

Mientras los intentos de reciclaje, subasta o destrucción avanzan a paso lento, la percepción pública se invierte: lo que antes evocaba libertad económica hoy se asocia con peligro inminente. Sin una respuesta simultánea en prevención, represión y gestión de activos decomisados, la motocicleta sigue multiplicando la criminalidad en las calles uruguayas.

La motocicleta es hoy un problema para la seguridad y una herramienta clave para las bandas criminales. En los últimos años, se ha convertido en uno de los principales vectores de criminalidad urbana en casi todas las metrópolis de América Latina y Uruguay no es la excepción.

Una de las manifestaciones más disruptivas e impactantes es el "robo piraña". Esta modalidad delictiva se caracteriza por la acción coordinada de grupos de delincuentes que se desplazan de forma masiva hacia un objetivo comercial o un grupo de personas para ejecutar el asalto de manera simultánea, pero no es el única.

Lo que fue pensado como un medio de transporte práctico, económico y accesible, hoy es utilizado con frecuencia como herramienta para la comisión de delitos violentos. Los datos muestran que se trata de una tendencia que crece exponencialmente.

Motocicletas y delitos 

En Uruguay, de acuerdo con los datos analizados del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, entre 2017 y 2024 se hurtaron en todo el país unas 72.990 motos, lo que equivale a un promedio de 9.124 vehículos por año o, dicho de otro modo, 25 motos hurtadas por día. 

En Montevideo esa cifra diaria es de casi 8 por día. En ese período, las seccionales policiales donde se registran los mayores registros acumulados, corresponden a las 9, 4, 5, 15 y 16.

Seccionales policiales de Montevideo, Ministerio del Interior

A modo de comparación, en el mismo período, la cantidad de motos hurtadas duplicó a la de automóviles en todo el país.

Las rapiñas a motociclistas, que representan el 12,7 % del total a nivel nacional, se consolidan como la segunda modalidad más frecuente después de los ataques a transeúntes. Esa proliferación no es un mero dato estadístico, alimenta un circuito delictivo cada vez más dinámico, donde las motos robadas son desarmadas en lapsos de tiempo muy breves, adulteradas o utilizadas como moneda de cambio en puntos de venta de drogas.

Los homicidios vinculados al tráfico de estupefacientes presentan rasgos característicos, aunque no exclusivos, entre ellos el frecuente empleo de vehículos motorizados 34,7 %, cayendo a 8,4% cuando los homicidios son motivados por venganza.¹ 

El uso de motocicletas por parte de los autores de rapiñas muestra un aumento sostenido entre 2019 y 2024, pasando del 35,1 % al 41,3 % de los casos. En 2024, se utilizó en el 48,7 % de las rapiñas registradas en Canelones y en el 39,4 % de las ocurridas en Montevideo, frente al 23,1 % en el resto del país. 

Las variaciones también se observan según el tipo de víctima. El 69,3 % de las rapiñas a motociclistas y el 46,1 % a repartidores, presentan los mayores niveles de uso de motocicletas por parte de los agresores. 

Las motos no solo facilitan la comisión de los delitos, su capacidad para circular por veredas, parques, pasajes estrechos, o incluso a contramano, las convierte en un medio ideal para una huida rápida anulando muchas veces la capacidad de respuesta de la Policía.

La falta de matrículas, licencias y seguros hace el resto. Una moto sin empadronar es prácticamente invisible para el sistema, no deja rastro, no figura en ningún registro lo que dificulta su detección, persecución y sanción. A diferencia de los automóviles, la adquisición de una motocicleta en un punto de venta no exige su empadronamiento previo a la salida del concesionario, pese a que estos ofrecen ese servicio por un costo muy accesible. 

Esta situación genera un inconveniente inicial, ya que no existe un mecanismo obligatorio que garantice la vinculación inmediata entre el vehículo y su usuario. No obstante, esta práctica omite lo establecido por el marco legal vigente, el artículo 12 de la ley N° 19.061² establece que la venta debe ser acompañada con un casco protector y el empadronamiento. Los valores de las motos 0km muestran una amplia gama, partiendo de modelos económicos desde USD 1.200, mientras que para modelos de trabajo se sitúan a partir de USD 1.500.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en 2024 el parque vehicular de motocicletas aumentó por tercer año consecutivo, según la información proporcionada por el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), luego de algunos años de descenso, alcanzando niveles similares a 2019.³

Este medio de transporte predomina fundamentalmente en los departamentos con mayor densidad urbana. A modo de ejemplo, durante diciembre de 2025, Montevideo, Canelones y Maldonado encabezaron el registro de nuevas unidades. En contraposición, los niveles más bajos de empadronamiento se concentraron en los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja y Flores.⁴

El mercado negro de las motos

Las motos robadas no solo se utilizan para cometer delitos, son parte de un mercado ilícito consolidado. El mercado negro de componentes mecánicos presenta una brecha de rentabilidad alarmante que incentiva la actividad delictiva, los motores de procedencia ilícita pueden ser vendidos inicialmente por una suma de alrededor de $1.000 en puntos de venta de estupefacientes; posteriormente, estas mismas unidades son introducidas en el mercado secundario a través de talleres mecánicos, donde se pueden revender por montos de hasta $7.000. Las nuevas modalidades de comercio en línea suman un problema adicional, las plataformas de venta en línea se han transformado en el escenario ideal para la compraventa de motocicletas de origen dudoso, nuevas o usadas, sin control alguno.

Ante la incautación del vehículo, numerosos propietarios optan por el abandono debido a que las multas y los costos de depósito superan con frecuencia el valor de mercado de la unidad. Esto incentiva la adquisición de nuevas motocicletas, habitualmente de procedencia irregular, perpetuando así la informalidad y el riesgo en la vía pública. 

En el departamento de Maldonado, el retiro de motocicletas incautadas por parte de sus propietarios ha mostrado una tendencia decreciente durante el último trienio. Mientras que en 2023 la tasa de recuperación fue del 64%, esta cifra descendió al 60% en 2024, situándose finalmente en un 41% al cierre de 2025, según datos proporcionados por la Intendencia de Maldonado. Por su parte, la Intendencia de Canelones informó que el porcentaje promedio de retiro de vehículos ronda el 65%.⁵ 

Para proceder al retiro de la motocicleta, el propietario debe abonar la totalidad de las obligaciones adeudadas, incluyendo patente, multas y demás conceptos correspondientes. Asimismo, puede haber costos de custodia o de traslado del vehículo que varían según la Intendencia que corresponda. Los valores de multas de tránsito se unificaron a nivel nacional desde el año 2023⁶ y los valores se expresan en unidades reajustables (UR)⁷. La falta de placa matrícula se penaliza con 4 UR ($ 7.391), conductor o acompañante sin casco con 1 UR ($ 1.847) y no poseer licencia de conducir o tenerla suspendida con 15 UR ($ 27.719). 

Operación Ñandubay 

Durante su reciente comparecencia ante la Comisión Permanente, el ministro del Interior Carlos Negro presentó los resultados de la Operación Ñandubay. Este operativo consiste en el control de vehículos en todo el país, con especial énfasis en las motocicletas, mediante puntos de inspección rotativos. 

En sus primeros diez días de ejecución, la iniciativa resultó en la incautación de 2.300 unidades y la aplicación de 5.000 multas.⁸ En este contexto, la Jefatura de Policía de Montevideo informó que, entre el 13 y el 18 de enero del presente año, como resultado de los controles realizados, que incluyeron la inspección de 710 vehículos y la identificación de igual número de personas, se incautaron 211 motocicletas, se aplicaron 725 multas por diversas infracciones y se detuvo a de cinco individuos.⁹ Tras la incautación, el vehículo permanece 72 horas en la seccional local antes de ser derivado a un depósito previamente establecido. Para su restitución, el titular debe acreditar la propiedad y demostrar que se han cancelado todas las multas pendientes. 

Las motos incautadas por el ministerio del Interior deben permanecer en depósito por lo menos dos años para subastar los vehículos que estén en su custodia.¹⁰ En los “Encuentros por Seguridad” convocados por el gobierno, la Federación Uruguaya de Empresas de seguridad (FUES) presentó una propuesta para reducir a 3 meses el plazo para la destrucción de las motos.¹¹

La propuesta plantea que, al estar los depósitos saturados de motos, se ha generado un gran problema de qué hacer con esos vehículos, se generan gastos por la custodia, y en algunos casos se deja de fiscalizar y retirar ese tipo de vehículos de circulación porque no hay donde guardarlos. 

De acuerdo con la ley N° 18.791, se regula la venta en subasta pública de los vehículos retirados por el Ministerio del Interior, el de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias departamentales. Los vehículos retirados de la vía pública son sometidos a una inspección técnica por parte del organismo actuante, a efectos de determinar si, por su estado material, resultan recuperables y aptos para circular con seguridad. En caso de que se determine que el vehículo es irrecuperable o no apto para circular, podrá disponerse de su destrucción o enajenación como chatarra. 

Una vez dictado dicho acto administrativo, se comunica a las Intendencias Departamentales la fecha de incautación del vehículo, a partir de la cual no se genera deuda de patente y se dispone la baja del padrón del automotor por concepto de destrucción. Las Intendencias departamentales actúan de forma independiente en esta materia, en virtud de su autonomía constitucional, si bien todas lo hacen en el marco de los lineamientos establecidos por la legislación nacional vigente.

Regulaciones en otros países

En la Provincia de Buenos Aires, en mayo de 2019 se aprobó la Ley N° 15.143¹², que faculta a los intendentes municipales a prohibir la circulación de dos personas en una motocicleta en zonas y horarios de alta peligrosidad, que entonces se denominó “anti-motochorros”. Asimismo, dispuso normas de identificación en el casco y en el chaleco reflectante, tanto del conductor como del acompañante cuando corresponda. 

En Colombia, la Alcaldía de Cali prohibió durante un año y en toda la ciudad la circulación de motocicletas con acompañante masculino mayor de 14 años o más, también conocido como “parrillero”, con el objetivo de contrarrestar delitos de alto impacto como homicidios y hurtos.¹³ 

El dato clave considerado para esta reglamentación es que la presencia del “parrillero” hombre aumenta la “percepción de inseguridad a nivel de ciudad”, de acuerdo con la última encuesta realizada por “Cali Cómo Vamos” (2024).¹⁴ 

Ante el incremento de la inseguridad ciudadana en Lima, Perú, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo la implementación de disposiciones excepcionales para limitar el tránsito en motocicletas.¹⁵  Consecuentemente, la administración de la presidenta Dina Boluarte dispuso la prohibición de dos ocupantes en motocicleta en Lima y el Callao, en el marco de las facultades conferidas por el estado de emergencia vigente.¹⁶ 

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa analiza actualmente una reforma a la Ley de Tránsito orientada a mitigar la incidencia del sicariato mediante el uso de motocicletas. La propuesta legislativa contempla la prohibición de circular con un acompañante de género masculino, restricción que se aplicaría dentro de las franjas horarias que las autoridades determinen oportunamente.¹⁷

Un desafío que no admite más demoras

En el mes de diciembre de 2025, la Intendencia de Lavalleja y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) firmaron un convenio marco de cooperación que permitirá que personas privadas de libertad de la Unidad Nº 17 Campanero, realizarán tareas de desarme y compactación de motocicletas incautadas que actualmente se encuentran almacenadas en depósitos municipales.¹⁸

El material recuperable será reciclado, principalmente el hierro que se transformará en varillas, además de avanzar en la reclasificación de plásticos y el tratamiento de cubiertas, con una mirada puesta en el cuidado del ambiente. A través de un círculo virtuoso, esta iniciativa busca una solución integral al rehabilitar a las personas privadas de libertad mediante el trabajo de reciclar las motocicletas incautadas. 

Por una cuestión práctica y económica la motocicleta mantendrá su rol fundamental en la movilidad urbana, no obstante, el desafío imperativo es evitar que se consolide como un instrumento predilecto para la delincuencia. La evidencia estadística revela una incidencia crítica y al alza en la comisión de delitos violentos, lo que exige una respuesta estatal inmediata, integral y técnica. 

La regulación de estos vehículos trasciende el ámbito administrativo para convertirse en una prioridad de seguridad pública. 

Mientras persista la inacción, el costo de la informalidad seguirá traduciéndose en un cada vez mayor clima de inseguridad. 

La moto como vector del delito no es un problema estrictamente policial, involucra economía, movilidad urbana, regulación comercial, seguridad vial y oportunidades delictivas. Por lo tanto, su abordaje requiere: regulación de la compra, venta y matriculación, controles viales -nacionales y departamentales- y sanciones efectivas, educación en seguridad vial y estrategias de persecución criminal orientadas a redes de robo, desarme y tráfico de partes. 

Cada motocicleta ilegal en circulación representa un riesgo latente de violencia, por ello, la seguridad pública depende de un control estatal que sea capaz de igualar la agilidad y el dinamismo de este vehículo. No se trata de criminalizar un medio de transporte, sino de recuperar el control del espacio público antes de que la informalidad termine por ocuparlo definitivamente.