El derrumbe de Ecuador y la lección para Uruguay

  Policías inspeccionan coche bomba en Quito, Ecuador. (EFE) 

Hace poco más de una década, Ecuador parecía una excepción latinoamericana: un país relativamente pacífico, con niveles de violencia por debajo de los promedios regionales y mundiales. Hoy es una advertencia. En pocos años, el país pasó de la tranquilidad estadística a figurar entre los territorios más violentos del planeta, con una tasa de homicidios que revela hasta qué punto el crimen organizado puede capturar las grietas de un Estado.

Para Uruguay, donde la violencia asociada al narcotráfico ya dejó de ser una anomalía, el caso ecuatoriano funciona menos como una noticia extranjera que como una lección incómoda.

El director del portal Código Vidrio Arturo Torres Ramírez, periodista ecuatoriano especializado en corrupción y crimen organizado, ha dedicado buena parte de su trabajo a reconstruir cómo se produjo ese derrumbe: qué decisiones abrieron la puerta, qué señales fueron ignoradas y cómo redes transnacionales encontraron en su país un punto de apoyo para expandir su negocio.

A partir de su investigación “Redes con poder: ¿Cómo opera la mafia albanesa en Latinoamérica?”, publicada por Diálogo Político, de la Fundación Konrad Adenauer, el Monitor de Seguridad de CERES conversó con Torres sobre un país que, según su diagnóstico, no reaccionó cuando todavía podía hacerlo.

Su relato es también una advertencia para los países que aún creen tener margen como es el caso de Uruguay.

Entrevista de Daniel Supervielle

-En 2008, Ecuador suavizó de forma drástica los requisitos de ingreso para extranjeros. Con la perspectiva del tiempo, ¿cuánto influyó esta política en la configuración de la actual crisis de violencia que vive el país?
-Esa decisión, cuyo sustento es la constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, que fue iniciativa del gobierno de Rafael Correa, fue determinante para que desde entonces Ecuador se convirtiera en un santuario para redes del crimen transnacional. La figura que les abrió las puertas fue la Ciudadanía Universal, que posibilita el ingreso de ciudadanos de cualquier país sin necesidad de una visa, ni siquiera de un certificado de antecedentes judiciales. Pocos meses después de que comenzaran los ingresos sin visa, redes del crimen organizado de Rusia, Medio Oriente y China abrieron nuevas rutas para el tráfico de personas a través de Ecuador, con destino a Estados Unidos. En los dos primeros años que este país abrió sus fronteras ingresaron miles de ciudadanos de países de los Balcanes, África, Medio Oriente y Asia. Por ejemplo: Albania, Afganistán, China, Eritrea, Etiopía, Irak, Cuba, Pakistán y Somalia. Así, la entrada indiscriminada de extranjeros se convirtió en un dolor de cabeza para la lucha contra el crimen organizado regional y las transnacionales del narcotráfico. En especial las mafias de los Balcanes, con los albaneses a la cabeza, tendieron sus redes con nacientes bandas locales, fortalecieron sus estructuras a diferente nivel, aprovechando la débil institucionalidad, que no tenía barreras ni estaba preparada para su arremetida, que fue permeada por operadores delictivos en organismos de control, la policía antidrogas, la justicia, el sector empresarial y actores políticos. La violencia en Ecuador se desató después de la pandemia, cuando los carteles balcánicos se habían convirtido en los principales protagonistas de la expansión del negocio de la cocaína hacia Europa y otros continentes, por la disminución de la demanda en Estados Unidos. Las más de 40 bandas locales empezaron sangrientas disputas por el control territorial, primero en las cárceles y luego en el territorio, en las ciudades. La tasa de homicidios es actualmente de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de la región. En 2019 la tasa era de 7 muertes violentas.

- ¿Qué señales clave ignoró la clase política ecuatoriana y qué errores estructurales cometió para que la situación degenerara a este nivel tan dramático?

-El principal error fue no poner ninguna barrera ni control efectivo, ninguna legislación, para impedir el ingreso de fondos de donantes fantasmas para financiar las campañas electorales de movimientos y partidos, en un contexto inminente de penetración del narcotráfico al Ecuador desde inicios de este siglo, como ruta de tránsito de la cocaína que producen Colombia y Perú, nuestros vecinos. Entre los aportantes empezaron a mimetizarse narcotraficantes y jefes de grupos armados, como las FARC, que desde el 2000 estrecharon su sociedad con el cartel de Sinaloa. Desde 2009, empezó a regir el Código de la Democracia, que es la ley que regula a los partidos políticos. Esa norma flexibilizó más el control de las campañas y mermó la autoridad del Consejo Nacional Electoral, que esencialmente es un tigre sin dientes: cumple un papel notarial en el conteo de votos y anuncio de resultados. No ejerce ninguna auditoría prolija del financiamiento ni del gasto de los partidos, que han sido permeados por recursos de fuentes ilícitas. La clase política solo veló por sus intereses de llegar al poder, a costa de todo, sin importarle de donde provenían los fondos. Una vez en el poder aquellas autoridades electas (presidentes, alcaldes, prefectos, diputados…) que recibieron fondos de fuentes criminales, debían pagar favores que apuntalaron las dinámicas ilegales y aceleraron el contagio en el sector público y privado.        

-Le adjudicas a la mafia albanesa un rol protagónico en esta espiral de crimen y corrupción en Ecuador. ¿Cómo opera exactamente esta red y hasta qué punto sus ramificaciones se están extendiendo al resto del continente? En tu trabajo hablas de una transnacional del crimen organizado que incluye alianza con grupos locales, cárteles mexicanos y mafias italianas, ¿puedes desarrollar cómo funcionan estos acuerdos?

-En la primera etapa, los albaneses y otros criminales de Montenegro, Serbia y Kosovo llegaron en avanzada al Ecuador. Su arribo formaba parte de una estrategia ideada por la mafia italiana, la 'Ndrangheta, para la cual habían trabajado subordinados alrededor de dos décadas, sobre todo en niveles operativos y logísticos. Cuando los grupos de narcos balcánicos aterrizaron en Ecuador, el cartel de Sinaloa ya había abierto sus líneas de tráfico a través de Ecuador para enviar la coca en lanchas rápidas a Centroamérica y Estados Unidos, desde inicios del 2000. En este país establecieron sus propias redes de transporte e infraestructura de lavado de dinero. Ecuador se volvió el corredor de desfogue y salida incesante de cada vez más cocaína por la presión de las fuerzas colombianas y estadounidenses a los carteles locales y grupos armados que procesaban y comercializaban la cocaína en Colombia. Ecuador no estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Con los años se convirtió en un enclave del narcotráfico, para la salida del 70% de la cocaína que ese país produce. Quienes mejor entendieron que Ecuador se había convertido en un santuario para los negocios globales del nuevo boom del expendio global de cocaína, más allá de Estados Unidos., fueron los albaneses. Así estructuraron nuevas redes transnacionales, coaliciones criminales de grupos dispares e independientes, en lugar de cárteles jerárquicos y violentamente competitivos, muy hábiles y sagaces para armar sociedades estratégicas, tanto con traficantes sudamericanos como con líderes de grupos criminales en toda Europa y bandas locales encargadas de la logística y transporte de la droga. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todas las partes en los acuerdos. Ecuador se volvió un laboratorio ideal para los clanes mafiosos que estrecharon nexos con empresarios y políticos, en Guayaquil, desde donde salen más del 90% de las exportaciones hacia Europa. Con todo ese aprendizaje algunos de esos grupos incluso se aventuraron a otras latitudes, a otros países, donde han tejido alianzas silenciosas, impensadas, para afianzar el lucrativo negocio de la criminalidad y diversificar su portafolio de ingresos. Es una nave que opera con varios motores. Son los protagonistas de la cuarta ola del crimen transnacional, según la tesis de los expertos Douglas Farah y Pablo Ceballos. Los clanes de los Balcanes no están confrontados con los carteles mexicanos. Se trata de actores transnacionales distintos que operan en el mismo ecosistema criminal ecuatoriano, pero con roles, objetivos, modelos de negocio y rutas, diferentes. No compiten directamente entre sí. En la práctica, sus actividades son complementarias.

- ¿Cómo evalúas las últimas medidas y estrategias adoptadas por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina? ¿Siguen siendo eficaces o han quedado obsoletas? ¿Hay una opción mejor?
-Las medidas más recientes de Estados Unidos marcan un giro claro hacia un enfoque más coercitivo y militarizado, alejándose de los modelos de cooperación multidimensional que caracterizaron décadas anteriores. Si bien esta estrategia genera resultados tácticos visibles, en el corto plazo, tiene limitaciones estructurales y no muestra avances sustanciales. Entra en la línea convencional de la guerra contra las drogas que es un fracaso, según coinciden la mayoría de los estudios y análisis de casos las últimas décadas. Por el contrario, este enfoque punitivo ha dado origen a redes de narcotráfico más fuertes, resilientes y geográficamente dispersas, que ahora producen sustancias más letales para un mercado global más amplio. Un último informe del Crisis Group del 2025 establece que donde antes existían cadenas de suministro verticales y cárteles dominantes, ahora compiten o coluden una variedad de actores criminales que ejercen violencia sistemática contra funcionarios, periodistas y civiles, corroyendo las instituciones estatales. En síntesis, las medidas actuales generan resultados tácticos visibles (capturas, extradiciones, despliegues), pero sin un componente de desarrollo institucional, reducción de violencia armada y atención a la demanda, el enfoque puramente coercitivo corre el riesgo de repetir patrones históricos: fragmentación de grupos criminales, desplazamiento de rutas y mayor violencia, en lugar de una reducción sostenida del narcotráfico. Mejores efectos han demostrado tener los enfoques multidimensionales, no solo militares. Un ejemplo claro es lo que ocurrió en Colombia bajo Plan Colombia, que sí logró avances tangibles en los años 2000, algo que el modelo actual, puramente militar, no necesariamente replicará.

- ¿Nadie está a salvo? Con la penetración transnacional de estas bandas, ¿queda hoy algún país en Latinoamérica verdaderamente blindado ante el avance del crimen organizado?
-No, prácticamente ningún país de la región está verdaderamente blindado, ni siquiera aquellos históricamente considerados modelos de estabilidad y baja criminalidad. Naciones largamente consideradas e el pasado reciente modelos de estabilidad y seguridad en la región, como Uruguay, Chile o Costa Rica, ya no están exentos de los impactos del crimen organizado. En estas sociedades, el aumento de las tasas de homicidio, la penetración del narcotráfico y la consolidación de mercados ilegales están erosionando esa percepción de excepcionalidad. El crimen transnacional ha tenido un efecto en cadena en toda la región.

-¿Qué advertencias o recomendaciones le harías a un país como Uruguay, donde la violencia ligada al narcotráfico va en aumento y enfrenta un sistema carcelario colapsado y superpoblado?
-Lo primero es conocer a fondo el tipo de estructuras que están detrás de las manifestaciones criminales, tener presente que no son solo bandas convencionales, sino convergencias criminales, alianzas multinacionales, que se adaptan todo el tiempo y aprovechan las debilidades de los estados, sus puntos más vulnerables para penetrarlos. Es fundamental identificar el paradigma, el modelo. Las evidencias empíricas muestran que estas asociaciones criminales ya no compiten entre ellas. Comparten actores de corrupción dentro de los estados, las mismas rutas y mercados. No son solo narcotraficantes, son estructuras con un portafolio diversificado, que incluye trata de personas, lavado de activos, contrabando de medicinas, de tabacos, armas y químicos, minerales preciosos. También hay que tener claro el enfoque, que no debe ponerse exclusivamente en los cabecillas, que son cambiantes y desechables, sino en los activos y cadenas logísticas y las redes de suministros criminales. Los cabecillas ya no son necesariamente personas sino granjas de celulares, operados por hackers y expolicías, cerebros financieros. El colapso carcelario potencia las alianzas delictivas, es su caldo de cultivo. Los carteles en Brasil y las bandas hegemónicas en Ecuador nacieron en las cárceles. Mi recomendación es que sus autoridades y expertos conozcan de forma directa cómo estas estructuras crecieron y se ensamblaron en otros países. Las repuestas que han dado los gobiernos, en que han sido asertivas y en que han fallado.     

-Ante este panorama regional, ¿ves luz al final del túnel o eres pesimista sobre la capacidad de los Estados para recuperar el control?

-Es un momento complejo para toda la región. Veo muchas sombras y luces tenues. Hay más incertidumbres que certezas sobre las capacidades de los estados para enfrentar con eficacia, en el mediano plazo y largo plazos, esta cuarta ola del crimen transnacional. El crimen organizado ha ganado mucho terreno desplazando a los estados como el eje de la seguridad pública. La ventaja para los países donde las secuelas de violencia y criminalidad son más recientes es que cuentan con más información sobre los mecanismos y patrones que emplean estas organizaciones. Sobre esta base pueden armar una estrategia de mediano y largo plazo, que responda a sus realidades, con características específicas. Pueden trazar planes con objetivos medibles, multidimensionales, que refuercen políticas de cooperación extraterritorial, a través de organismos regionales, como Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la OEA y la ONU. Casa adentro, los gobiernos deben aglutinar a todos los actores sociales, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, universidades, medios de comunicación, a todos los habitantes, en la estrategia de seguridad ciudadana. Solo las acciones conjuntas, con comunidades activas y organizadas, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como columna vertebral, pueden enfrentar la arremetida sin precedentes del crimen transnacional. Dejar de poner el foco exclusivamente en las manifestaciones delictivas y sus líderes. Hay que reorientarlo para identificar, bloquear y desmantelar los modelos económicos de estas sociedades delictivas, la matriz del negocio y sus nodos de conexión con la economía formal.