I. La Lupa

La fallida cumbre sudamericana 

El presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, desaprovechó una gran ocasión para encauzar la fallida integración sudamericana, y demostrarle a la comunidad internacional que es el líder con la voz adecuada para la defensa de intereses superiores de la región, en un contexto mundial supeditado a la rivalidad entre Estados Unidos y China, que dibujan una nueva bipolaridad amenazante para la perdurabilidad de la democracia.

El pasado martes 30 de mayo, Lula convocó a los mandatarios sudamericanos a una reunión sui géneris en Brasilia, en el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores: sin una agenda claramente definida y un formato reducido  (presidentes, cancilleres y algunos asesores), que el presidente brasileño calificó de “retiro”. El objetivo, instalar un ambiente propicio para la conversación espontánea, cara a cara, acerca de los problemas comunes, sin la rigurosa formalidad de las cumbres clásicas.

Participaron del cónclave, además de Lula, los presidentes Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolivia); Gabriel Boric (Chile); Gustavo Petro (Colombia); Guillermo Lasso (Ecuador); Irfaan Ali (Guyana); Mario Abdo Benítez (Paraguay); Chan Santokhi (Surinam); Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Nicolás Maduro (Venezuela). El gobierno de Perú estuvo representado por Alberto Otárola, titular del Consejo de Ministros. 

El gobernante anfitrión convocó a la reunión con tres objetivos: 1) Retomar el diálogo entre los líderes sudamericanos. Desde 2014 no había un encuentro de esta envergadura. 2) Buscar una visión común y acordar una agenda de cooperación en temas como salud, infraestructura, energía, medioambiente y combate al crimen organizado. 3) Encontrar un camino para un nuevo mecanismo de integración sudamericana.

Es incomprensible que un experimentado político como Lula – de 77 años, tercera presidencia, luego de haber gobernado entre 2003 a 2010 y haberse convertido en el líder con más influencia de su generación-, no se haya dado cuenta de que encaminar por lo menos los puntos 2 y 3, hubiese requerido una mayor preparación diplomática de lo que se observó en la reunión en Itamaraty para evitar un encuentro deslucido hasta en aspectos simbólicos.

Presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva - EFE

Los “relatos” sobre Venezuela

El primer desatino fue la ceremonia con honores, con la cual el presidente brasileño recibió a su colega venezolano, Nicolás Maduro, un día antes de la reunión con los líderes sudamericanos, con el propósito de inaugurar una “nueva época” en las relaciones de ambos países, después de la gestión disruptiva de Jair Bolsonaro.

Lula le extendió la alfombra roja al dictador Maduro y le obsequió un discurso lleno de flores, indignante para los defensores de la democracia u organismos internacionales que han realizado investigaciones pormenorizadas sobre las violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho bajo el mando del heredero de Hugo Chávez. Y qué decir acerca del significado que pudo haber tenido para los 4,6 millones de venezolanos refugiados o desplazados en el extranjero, de un país de menos de 30 millones de habitantes.

Luego de destacar que “Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil”, el presidente brasileño verbalizó una opinión muy polémica:  “Compañero Maduro, usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela: la de la antidemocracia, del autoritarismo” y le aconsejó “mostrar su narrativa, para que las personas puedan efectivamente cambiar de opinión”.

Las deferencias de Lula a Maduro, que se extendió más allá del buen decir de la diplomacia, contaminaron la reunión de los 12 países y marchitaron las expectativas en torno a la cumbre sudamericana que servía también para comprobar que efectivamente “Brasil está de vuelta” o, mejor dicho, con qué talante retornó al escenario internacional.

Y no parece haber sido del mejor modo, como podría interpretarse del punto de vista de dos presidentes sudamericanos que lograron eclipsar el “relato” de Lula sobre la dictadura venezolana.

Los presidentes Boric, de 37 años, y Lacalle Pou, de 49 años, de diferentes orientaciones ideológicas, dejaron constancias de sus desavenencias con la retórica de Lula.

El presidente uruguayo no ocultó su asombro por la versión brasileña del régimen chavista: “Quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa”, dijo durante el “retiro” en el recinto diplomático.

“Lo peor que podemos hacer”, espetó Lacalle Pou en el cara a cara de los mandatarios sudamericanos, “es tapar el sol con un dedo”, en alusión a las investigaciones imparciales que demuestran las atrocidades del régimen venezolano que destrozaron a la democracia.

En las afueras del Palacio Itamaraty, Boric declaró a la prensa que el diagnóstico crítico contra Venezuela “no es una construcción narrativa”, sino “una realidad seria”.  Y para quitarle una connotación ideológica a su comentario, dijo que “los derechos humanos deben ser respetados siempre”.

Cumbre Sudamericana en Brasilia - EFE

Una visión equivocada

La visión de Lula sobre la situación venezolana resulta divisiva, aún con la “marea rosa” de la región, que aleja la pretensión integracionista y daña la reputación de Lula para capitanear el barco sudamericano.

Incluso algunas de sus ideas, como la creación de una moneda regional común, o rehacer la fracasada Unasur, o “poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social”, recogen indiferencia o directamente rechazo.

Basta leer la vacuidad y lugares comunes del texto aprobado en la reunión, el Consenso de Brasilia, para darse cuenta de cómo el proceder de Lula terminó por resquebrajar el sentido de la cumbre.

Los asuntos de fondo para empezar a encauzar el camino de la unión sudamericana estuvieron ausentes: cómo profundizar la integración y el libre comercio de bienes y servicios de la región para competir con otros mercados; la atracción de las inversiones; el aprovechamiento de los procesos de reshoring o nearshoring en el comercio; el papel de América Latina en torno a la nueva realidad geopolítica que traza la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China; la defensa de la democracia, en el marco de gobiernos devenidos en autoritarios y de la invasión de Rusia a Ucrania.

La cumbre sudamericana desnudó la falta de un liderazgo conducente de la potente agenda que necesita la región, que no brota de la política espontánea o del talento en la improvisación.

Un progreso en común requiere una conducción esforzada en la precisión conceptual puesta al servicio de la democracia, los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y reglas transparentes de comercio, además de capacidad para articular un programa de integración que aúna diferentes realidades.

“Debemos negarnos a pasar otros 500 años en la periferia”, dijo Lula al final de su discurso, una cita del diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães.

Para que ello ocurra, es necesario pensar un nuevo rumbo, que permita arribar al mejor puerto para la integración de Sudamérica.

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I. La lupa  

La “muerte cruzada”, un signo de la inestabilidad democrática en Ecuador

Guillermo Lasso - EFE

La reciente crisis política en Ecuador, que reavivó el fantasma de la caída de sus presidentes de épocas pasadas, responde a un sistema político estancado, una polarización venenosa que impide alcanzar acuerdos mínimos en torno a las necesarias reformas económicas para el desarrollo y a la lucha contra la inédita violencia que provoca el narcotráfico.

Aunque se reconozcan las causas coyunturales que han perjudicado la gestión del presidente Guillermo Lasso, es posible encontrar indicios de problemas estructurales de larga data, que también se encuentran presentes en otras naciones de América Latina. Estos problemas se hallan en las "cajas negras" de la democracia, el capitalismo, el imperio de la ley y la sociedad civil, que según el historiador Niall Ferguson, definen el nivel de progreso de un país.

Todas ellas interrelacionadas dan forma a las instituciones que son a los humanos lo que las colmenas son a las abejas: tienen límites y sobre todo reglas, como razona el pensador británico.

Ecuador enfrenta una inestabilidad que es resultado del presente, pero que tiene sus raíces en esas "cajas negras" que revelan falta de reglas de juego para salvaguardar a la democracia, así como problemas en los ámbitos político y/o económico que son un lastre para el progreso del país.

Como resultado evidente, nos encontramos con una institucionalidad por lo menos débil, y sospechosa ante una opinión pública ya apesadumbrada por las adversidades provocadas por el COVID-19, y la lenta y sinuosa recuperación pospandemia.

La fragmentación del sistema de partidos que dificulta la gobernabilidad, un gobierno muy débil en el congreso ante una oposición más potente, aunque también dividida, y la persistente caída de apoyo a la democracia, trazan un cuadro desolador. Todo ello dificulta cualquier tipo de entendimiento programático.

La supresión del congreso

La perspectiva tan deprimente para un gobernante democrático puede ayudar a comprender mejor la decisión de Lasso, del pasado 17 de mayo, de disolver la Asamblea Nacional unicameral. Esta medida fue anunciada durante un proceso de juicio político en su contra, que representaba una amenaza para su continuidad en el cargo. Dicho proceso fue promovido por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, quien actualmente se encuentra asilado en Bélgica después de ser condenado en ausencia por un caso de corrupción en Ecuador.

El cuestionamiento a Lasso se basaba en un presunto caso de corrupción relacionado con un contrato de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -concretada durante la administración anterior de Lenin Moreno-, sin señalamiento de haber obtenido algún beneficio personal.

Hubo otras acusaciones contra Lasso que no pasaron el filtro de la Corte Constitucional: integrar una red de corrupción en empresas estatales, venta de puestos en el gobierno y vínculos con bandas de narcotraficantes.

Lasso se amparó en el artículo 148 de la Constitución, que otorga facultades al presidente una sola vez en los tres primeros años de su mandato, para activar lo que se conoce como "muerte cruzada": se disuelve el Congreso, al tiempo que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones legislativas y presidenciales.  

El candidato presidencial ganador será el responsable de completar el actual mandato de Lasso que finaliza en 2025.

Durante el período de transición, que incluye las elecciones en primera vuelta el 20 de agosto y la posibilidad de un balotaje el 15 de octubre, el presidente Lasso podría emitir decretos-leyes de "urgencia económica". El mandatario dijo que aprovechará el marco jurídico excepcional para implementar medidas en áreas prioritarias como la economía, seguridad, salud, educación e infraestructura.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la emisión de estos decretos requiere el visto bueno de la Corte Constitucional, ya que esta instancia debe evaluar su legalidad y constitucionalidad.   

La “desinstitucionalización”

Es cierto que resulta muy difícil, por no decir imposible, que el presidente Lasso pueda lograr en pocos meses lo que no pudo realizar durante sus dos años de gobierno. Es un desafío considerable tomar medidas para resolver los problemas y desafíos que enfrenta su país en un período de tiempo tan limitado.

Y mucho más con una oposición al acecho que ahora acusa al presidente de golpista por haber suprimido el congreso para evitar su caída en el juicio político.

De todos modos, las reformas que promueve el mandatario de derecha exigen una institucionalidad robusta y una burocracia competente como no tiene Ecuador, que arrastra con el peso de un modelo de desarrollo estatista en industrias extractivas con fines de redistribución, fortalecido durante la década de Correa en el poder (2007-2017), que las políticas de Lasso pretendían desmontar.

Todo lo contrario, Ecuador exhibe una “desinstitucionalización” que para el presidente fue lo que desembocó en una “grave crisis política y conmoción interna” que lo llevó a disolver la Asamblea Nacional.

Un preocupante calificativo, pues, las instituciones son el instrumento de resguardo para el desenvolvimiento de una democracia sana; sin ellas, el Estado de derecho desfallece.

El capitalismo democrático por el que pugna Lasso precisa de reglas de juego que todos los jugadores deben obedecer o respetar.

La salida extrema de la “muerte cruzada” supone reconocer la tragedia del rompimiento de la representación política -mucho más para un régimen presidencial-, a lo que se suma las amenazas a la estabilidad por la violencia provocada por el narcotráfico.

Las tasas de homicidio de más de 25 por cada 100.000 habitantes, comparables a las de Colombia y México, hablan por sí solas del crimen relacionado por las drogas, que incluye más de una decena de masacres en las cárceles. 

El desmoronamiento político y social inhibe el reconocimiento al éxito de la vacunación -superior a 80% de la población-, además de  los buenos indicadores económicos de la gestión de Lasso: inflación de 3,7% en 2022 y en franco descenso para este año;  y una gestión responsable de las finanzas públicas que refleja un déficit fiscal de menos del 2% del PIB con una tendencia a la baja.

A los ojos de mundo, Ecuador parecía que era un remanso en comparación a la crisis política de Perú y la conflictividad de Colombia.

Pero la “muerte cruzada” de Lasso nos trae al presente la peor inestabilidad democrática que sufrió el país entre 1996 y 2007. Durante este período, tres presidentes elegidos democráticamente fueron derrocados, lo que abrió el camino a una década de populismo de izquierda. 

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II. Las Señales

Argentina: se acercan las PASO

Urna de votación - Junta electoral argentina

Con Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández al costado del ring, pero observando atentamente los acontecimientos, se augura un nuevo ciclo político en la República Argentina con la llegada de nuevos comicios. A menos de tres semanas para el vencimiento del plazo para la presentación de las candidaturas, poco a poco el panorama electoral para las elecciones presidenciales va tomando forma.

Pese a las intenciones dentro de la alianza oficialista para cerrar filas sobre una candidatura única, desde el Frente de Todos, agobiado por la suba de la inflación que ya alcanza los tres dígitos, el aumento de la brecha cambiaria y el desequilibrio macroeconómico, se avizora una competencia interna que no necesariamente puede materializarse en las elecciones primarias (PASO) el próximo 13 de agosto. Aunque el único candidato oficializado hasta ahora es la del dirigente social Juan Grabois, quien no goza de suficiente respaldo político y popular para articular una candidatura seria, la pulseada parece estar entre el ministro de Economía Sergio Massa, que genera entusiasmos y resistencias dentro de los diversos sectores del gobierno, y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro; resta saber si competirán mano a mano en las PASO o si sellarán algún tipo de acuerdo para que uno de los dos dé un paso al costado y así potenciar la imagen del otro como candidato de unidad. En tanto, Daniel Scioli, quien fuera derrotado en las presidenciales de 2015 por Macri, apuesta por presentarse nuevamente.

Desde la coalición opositora Juntos por el Cambio, el horizonte está definido con una robusta competencia entre el actual gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien apuesta por un discurso conciliador que supere “la grieta” y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de perfil más combativo contra la gestión actual. También se encuentran en carrera candidatos que, a priori, no suscitan posibilidades de competir contra los dos favoritos, sin embargo, la diferencia reflejada por las encuestas de opinión entre ellos es tan exigua que cualquier caudal de votos minoritario que puedan absorber los contendientes marginales podría torcer la elección para uno u otro.

Con la dolarización de la economía como bandera política y sin competencia dentro de su espacio, el outsider libertario Javier Milei se encuentra abocado a la conformación de una estructura nacional que lo catapulte a una inminente segunda vuelta, así sea frente al candidato de Juntos por el Cambio o al del Frente de Todos.

En el pasado, las PASO, al ser obligatorias, funcionaron como una “gran encuesta nacional” dado que las alianzas competidoras se abroquelaban bajo una candidatura única, lo que permitía dar pistas contundentes sobre lo que podía pasar en las elecciones generales de octubre. En esta ocasión, con internas más que disputadas en los dos principales bloques, más la disrupción de un Milei con oportunidades de capitalizar descontentos y desesperanzas de ambos lados de la grieta, el 13 de agosto puede revelar más incógnitas que certezas sobre quién tendrá posibilidades reales de conducir en la vecina orilla por los próximos cuatro años.

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II. Las Señales

Paraguay eligió a un nuevo presidente

Asunción del nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña -  EFE

El pasado 30 de abril, Paraguay celebró sus elecciones presidenciales donde Santiago Peña, candidato del oficialista Partido Colorado, resultó electo. El nuevo presidente asumirá el mandato el próximo 15 de agosto, sucediendo al actual presidente Mario Abdo Benítez.

El sistema electoral paraguayo solo prevé una instancia electoral sin segunda vuelta, por lo que Peña triunfó luego de obtener casi el 43% de los votos, marcando una significativa diferencia en comparación con sus contenientes: Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, quien obtuvo 27%, y Payo Cubas, de Cruzada Nacional, que alcanzó el 23%. De esta manera, el Partido Colorado seguirá a cargo del Ejecutivo como lo hace desde 1948, con gobiernos democráticos y autoritarios, solo interrumpido por el período 2008-2013.

El presidente electo, un joven economista de 44 años, ofició en el pasado como miembro del directorio del Banco Central de Paraguay y ministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartés; también se postuló para las presidenciales de 2018, pero perdió la interna ante Abdo Benítez.

Dentro del Mercosur

En reiteradas ocasiones, el presidente electo recalcó el compromiso de negociar acuerdos dentro del Mercosur a pesar de comprender “la frustración de Uruguay” al no encontrar condiciones de flexibilidad para realizar tratados comerciales con terceros países y compartir el interés de acceder a nuevos mercados para colocar la producción.

En ese sentido, Peña ve una oportunidad para sellar el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea próximamente a través de la disposición de su país, de Uruguay, y de un más que probable nuevo gobierno de Argentina, en conjunto con el impulso que le puede dar Brasil, con Lula da Silva a la cabeza, y España, que asume la presidencia de la Unión Europea desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre.

Paraguay entre China y Taiwán

A pesar de que decenas de países han reconocido paulatinamente la política de “una sola China”, Paraguay, en conjunto con otros doce Estados alrededor del mundo, aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociéndolo como Estado independiente. Este vínculo data desde los años sesenta, iniciado por el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner y continuado por las siguientes administraciones democráticas hasta nuestros días. Becas estudiantiles, apoyo técnico y económico a empresas, y ayuda social son algunas cuestiones que explican el interés del gobierno paraguayo en preservar los lazos entre la isla y su país.

Aunque Beijing exige romper vínculos oficiales con Taipéi para establecer relaciones diplomáticas, la República Popular de China es el principal origen de las importaciones paraguayas; y a pesar de que las estadísticas oficiales sitúan al gigante asiático como un destino minoritario de las exportaciones de Paraguay, en los hechos es un importante comprador de su producción primaria, que se concreta por intermedio de terceros países.

Peña se mostró favorable a continuar con la posición histórica de Paraguay, respaldado por los sectores industriales y fue reticente a profundizar aún más los lazos comerciales con Beijing; en tanto, Alegre evitó pronunciarse sobre cuál hubiera sido su postura en un eventual gobierno, pese a que los sectores agroexportadores ven con buenos ojos un viraje hacia la china continental.

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III. El Rastreador

Los riesgos de la exitosa cruzada antipandillas de Bukele

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele - EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que cumplió cuatro años en el poder el pasado 1° de junio, goza de una popularidad que ronda el 90% gracias a la desarticulación de pandillas despiadadas que durante décadas convirtieron la vida cotidiana de la gente en un suplicio. Este logro inédito fue posible gracias al establecimiento de un régimen de excepción que suprimió las garantías constitucionales propias de un Estado de derecho en el contexto de un Poder Ejecutivo con una capacidad de mando sin los contrapesos institucionales vitales en una democracia.

El mandatario, un publicista y empresario de 41 años, aprovechó un cuadro en extremo violento de 2022, ocurrido entre el viernes 25 de marzo y el domingo siguiente, con el registro de casi 90 asesinatos en las calles en manos de las maras, fundamentalmente las conocidas como MS-13 y Barrio 18, que han aterrorizado a los salvadoreños, que han sido blanco de extorciones y víctimas de otras prácticas delincuenciales, como el sicariato, violación, narcotráfico, contrabando de armas y secuestro.

En ese ambiente atroz, la Asamblea Legislativa unicameral, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó un régimen de excepción, que se renueva mensualmente, que suprime las garantías constitucionales, faculta a la Policía y al Ejército a limitar el derecho de libre circulación y reunión, además de poder interceptar comunicaciones sin la necesidad de una orden judicial. Bajo ese marco legal, el plazo en el que se puede detener a una persona sospechosa de un delito, sin la intervención de un juez, se extiende de 72 horas a 15 días.

El andamiaje represivo se reforzó con la inauguración de una mega cárcel, el 31 de enero pasado, con capacidad para 40.000 presos, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo.

 Bajo el régimen de excepción, se llegó a encarcelar a más de 65.000 posibles pandilleros, en un país de 6,3 millones de habitantes. De esa cifra de presos, alrededor de 4.500 fueron liberados. Organizaciones de la sociedad civil denuncian más de 100 muertes bajo custodia policial y unos 5.800 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que entre los detenidos hay al menos 1.600 menores de edad.

El éxito del poder duro sobre la delincuencia se refleja en las estadísticas. En 2015, la tasa de homicidio de El Salvador era la más alta del mundo -106 asesinatos por cada 100.000 habitantes-; el año pasado, fue de 7,8. No obstante, la tendencia a la baja ocurre desde 2016.

Miembros de las maras en cárceles salvadoreñas -  EFE

Retos de cara al futuro

El desafío del país es si es capaz de mantener el abatimiento a la delincuencia organizada de las maras, que controlaba más del 80% del territorio, según el propio Bukele, pero sin la permanencia de un régimen excepcional antidemocrático y que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.

La historia de América Latina está salpicada de políticas de mano dura que terminan mal en términos institucionales o por lo menos en los indicadores de violencia. El caso más extremo, el devenido dictador Alberto Fujimori, en Perú; o la experiencia fallida del presidente Felipe Calderón contra los carteles de la droga, en México; o el Plan Escoba de Guatemala para terminar con las pandillas juveniles.

Bukele supo disparar con gran puntería en contra de la delincuencia organizada, aprovechando la influencia política que ejerce sobre el congreso, la fiscalía y la justicia. Pero una política pública sólida en torno a la seguridad se debe construir contemplando los frenos y contrapesos del Estado de derecho, el mecanismo que asegura la victoria a largo plazo.

El grado de éxito de Bukele en materia de seguridad pública depende de que sea capaz de mantener los buenos resultados sin la deriva autoritaria, algo que requiere de mucho tiempo, y atacar problemas estructurales que son el caldo de cultivo para que decena de miles de jóvenes se hayan cobijado en las maras, en búsqueda de una oportunidad y la posibilidad de ganar prestigio en la cultura soterraña enquistada en el país; en última instancia, para formar parte de un  grupo de pertenencia que les otorga una identidad.

Un Estado débil combinado con una pirámide de población todavía más ancha en los tramos etarios jóvenes, que enfrentan serias dificultades para conseguir trabajo, son los componentes perfectos para originar una tormenta perfecta, en un país con una larga historia de violencia política y social.

Es muy comprensible el apoyo popular a Bukele. Es comprensible que los salvadoreños hayan aceptado recuperar la vida en sociedad a cambio de restricciones a otros derechos también fundamentales.

La posibilidad de caminar por el barrio y más allá, visitar mercados municipales, que los niños disfruten de juegos en espacios abiertos o en canchas de fútbol, hasta hace poco tiempo bajo fuego de las pandillas, a cambio de aceptar la vida en un estado policíaco.

Aunque el autoritarismo de Bukele hoy sea atractivo, hay que advertir acerca del peligro latente que supone naturalizar un estado de permanente vigilancia.

Es más fácil desprenderse de las reglas de juego democráticas, que luego tener la conducta apropiada para recuperarlas.

Sin escapatoria del camino autoritario, el riesgo es que el miedo de los salvadoreños a las pandillas, se termine transformando en miedo a los agentes de seguridad.

La historia de América Latina está llena de ejemplos que muestran que los daños colaterales de una política autoritaria, como la de Bukele, es insostenible en el tiemp 

¿Un modelo regional?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo se convirtió en un héroe nacional por derrotar a las maras, sino que comenzó a ser un líder inspirador en otros países de la región que también sufren el flagelo de la violencia derivada del crimen organizado.

Zury Ríos, candidata conservadora a la presidencia de Guatemala, en las elecciones que se realizarán este mes, adelantó que, en caso de ganar, aplicará el “modelo” de Bukele porque es apropiado para recuperar “la paz y la seguridad” en su país.

Para Xiomara Castro, mandataria de Honduras, no es una promesa de campaña sino una realidad que cristalizó en la declaratoria del estado de excepción -que supone la suspensión de ciertas garantías constitucionales- para librar una guerra a las pandillas que azotan al país desde hace décadas. Además, lanzó un plan duro para intentar poner fin a la violencia en las cárceles.

El más claro defensor es Jan Topic, postulante presidencial en las elecciones de agosto en Ecuador, que declara su admiración a la determinación, valentía y ejecutividad de Bukele en materia de seguridad. Cree que una política similar en su país permitiría acabar con la impunidad de pandillas que tienen “secuestrada” a la población.

Y Bukele está dispuesto a ayudar a sus colegas, como demuestra su idea de instalar una oficina en Haití para asesorar al gobierno sobre cómo luchar contra los grupos criminales.

Si el presidente salvadoreño logra mantener sus excelentes resultados en materia de seguridad, es posible que se transforme en un modelo para Centroamérica, incluso para otros países de América Latina.

Las encuestas del Latinobarómetro muestran que cada vez hay más latinoamericanos dispuestos a sacrificar a la democracia si el gobierno resuelve los problemas. En 2002, el 44% apoyaba esta afirmación; en 2020, el 51%.

Y el aumento de la violencia en la región, particularmente por el avance del narcotráfico, es uno de los principales problemas.

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VI. El Termómetro

Petro inquieta a la Justicia y a la prensa de Colombia

Gustavo Petro - EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido críticas preocupantes debido a una actitud pública que se interpreta como perjudicial para el adecuado funcionamiento del régimen democrático al no mostrar un respeto irrestricto hacia el papel independiente del Poder Judicial y de la prensa.

Petro, un exguerrillero que se convirtió en agosto pasado en el primer jefe de Estado colombiano de izquierda, llegó al poder con gran apoyo popular bajo las reglas de la democracia representativa. En el debate público suele utilizar un discurso frontal y controvertido ante opiniones de adversarios políticos o en torno a decisiones que no comparte de la institucionalidad de Estado o informaciones que le molestan que difunden los medios de comunicación.

Desde hace meses, Petro y el fiscal general Francisco Barboza han tenido desacuerdos públicos. Según el fiscal general, ideas del presidente lesionan la independencia de la justicia en casos muy sensibles. A veces, el fiscal general se opone en un tono inconveniente.

En el contexto mencionado, a principios del mes pasado, el presidente realizó una declaración polémica a la prensa: "El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él". Esta declaración de Petro genera controversia y plantea un debate sobre la relación entre el presidente y el fiscal general, así como sobre la separación de poderes y la autonomía del sistema de justicia en el marco constitucional.

Es un punto de vista controvertido porque como jefe de Estado y de gobierno de un régimen democrático se ubica con un supuesto poder jerárquico sobre una entidad de la Justicia, algo inapropiado para el estricto cumplimiento de la separación de poderes.

Es cierto que solo fueron palabras y que no ha tenido ninguna intervención que tuerza  procesos judiciales o veredictos de magistrados, pero transmite una idea peligrosa para la buena salud del régimen de democracia representativa.

Es significativo mantener las formas que hablan del respeto por la autonomía del Poder Judicial, algo que Petro parece no haber dimensionado, pese a los sabios consejos de Montesquieu en El espíritu de las leyes.

Tan importante es que la Corte Suprema de Justicia hizo público un comunicado, el pasado 5 de mayo, en el cual se deja constancia de la “gran inquietud” que le ocasionó “la errada interpretación” de Petro acerca de lo que supone que el presidente sea la suprema autoridad administrativa.

En ese sentido, el máximo tribunal judicial afirma sin rodeos que el presidente “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.

Explica que el fiscal general de la Nación “no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.

“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, advierte el texto, firmado por Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Presionar la agenda mediática”

En paralelo, el presidente Petro ataca con severidad a la prensa y a los periodistas, lo que ha provocado un firme rechazo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización de la sociedad civil de defensa de los periodistas “con el fin de que la libertad de expresión sea garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad”.

En un comunicado del 11 de mayo pasado, hace ver tres noticias vilipendiadas por el jefe de Estado colombiano a través de Twitter: 1) acusa de forma genérica a  “un sector de la prensa tradicional” de desatar “un genocidio sobre el pueblo”; 2) responsabiliza a un informativo de TV de dividir a la fuerza pública de su gobierno por el contenido de una cobertura; y 3) achaca al mismo noticiario de difundir mentiras acerca de la pérdida de empleo que generaría su controvertida reforma laboral, que surge de un artículo publicado en una revista de la autoridad monetaria (Banco de la República).

La FLIP opina al respecto: “No es la primera vez que el Presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y refutaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. Así mismo, ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión”.

Entiende que el ataque reiterado a la prensa por parte de Petro  busca “presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión”. De ese modo, alimenta “un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios”.

Según dicha ONG, las “acusaciones” han perjudicado incluso a periodistas, individualizados por Petro en sus redes sociales. Ese proceder desde el poder “eleva el riesgo al que están expuestos las y los periodistas, en un país donde la violencia cobra la vida de las y los comunicadores”, advierte la FLIP.

La preocupación de la FLIP es razonable. La mala fe que atribuye el presidente de Colombia a la información que difunden los medios y su interferencia sobre cómo deberían presentarse las coberturas de los asuntos de su gobierno, perjudica a la libertad de prensa.

Por un lado, por que su voz influyente puede desembocar en ataques a la prensa por parte de sectores radicalizados, como ocurrió en Venezuela durante la gestión de Hugo Chávez. Puede, además, alentar  actitudes políticas e iniciativas jurídicas que limiten la libertad de expresión.

Por otro lado, en un país donde se registran asesinatos de periodistas en cumplimiento de su labor, cuestionamientos severos por parte de un jefe de gobierno, puede alimentar la censura y la autocensura, lo que perjudica la calidad de la información de interés público.

La libertad de prensa es un derecho que garantiza el derecho a recibir y difundir tanto información como opinión por parte de la población. La experiencia demuestra que su ausencia termina menoscabando la calidad de la información y, por tanto, la facultad de la ciudanía de estar bien informada en torno a los asuntos públicos.

Petro, que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que asumió, debería ser más cuidadoso y tomar conciencia de que una justicia independiente y un periodismo en búsqueda de la verdad para ponerla a disposición del público, son dos atributos que definen el grado de calidad de la democracia.