I. LA LUPA

Expectativas sobre el acuerdo UE-Mercosur

El concepto “optimismo crítico” con el cual el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, interpretó las posibilidades de concreción del ambicioso acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, parece ser apropiado.

Es cierto que, desde el punto de vista protocolario, la III Cumbre UE - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada el 17 y 18 de julio pasado en Bruselas, trascendía la deliberación sobre un tratado entre los bloques europeo y sudamericano. Pero, sin duda, que era el contexto diplomático oportuno para mostrar avances concretos, aunque hubiesen surgido de conversaciones de pasillo, no tan ajenos, por otra parte, a eventos de esta talla.

En 2019 se anunció el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, después de 20 años de negociaciones, pero todavía faltan aspectos medulares por discrepancias en capítulos sensibles, además de exigencias formales relevantes para su entrada en vigor.

El argumento de que la cumbre de Bruselas se trataba de una reunión política entre la UE de 27 países y 33 estados heterogéneos de América, que estuvo dominada por las diferencias entre ambos sobre cómo calificar la guerra en Ucrania, es comprensible; también funcional como excusa.

Buenas intenciones

De todos modos, hubo declaraciones de un lado y del otro que se sintieron como una brisa de primavera a favor del entendimiento.

“América Latina y el Caribe y Europa nos necesitamos mutuamente. Mucho más que nunca”, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea -el ejecutivo comunitario-, en el marco del anuncio de que el bloque europeo desembolsaría 45.000 millones de euros en América Latina.

También se mostró optimista en concluir el ambicioso acuerdo que abarca compromisos sobre comercio, cooperación y diálogo político, de un impacto institucional inédito para la atracción de Inversión Extranjera Directa en la región.

“Soy muy optimista. Por primera vez, soy optimista de que vamos a concluir este acuerdo este año”, dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su lado, en una rueda de prensa en Bruselas luego de la Cumbre.  

No obstante, a partir de este momento, resulta imperativo trascender las meras buenas intenciones declaradas por los protagonistas y enfocarse en la acción con total determinación. Es crucial trazar un camino ambicioso, asegurándose de que las palabras estén respaldadas por acciones concretas y realistas.

Para avanzar en esa dirección, los líderes de los bloques deben unirse y concertar dos o tres temas problemáticos que actualmente los dividen.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron / EFE

Marcadas diferencias

Las asimetrías de las políticas públicas medioambientales es uno de los asuntos más controversiales.

La posición europea, expresada en un documento complementario, que propone la inclusión de una cláusula para prohibir el comercio de productos con posible origen en territorios deforestados, parece ser un mensaje implícito dirigido a Brasil debido al deterioro medioambiental de la Amazonia.  

Lula, que se ha comprometido con defender la selva amazónica, pidió a los europeos una actitud basada en la “confianza mutua” en lugar de las “amenazas”.

En su intervención en la Cumbre, el mandatario brasileño afirmó: “La defensa de los valores ambientales, que todos compartimos, no puede ser excusa para el proteccionismo”.

En próximas semanas, el bloque sudamericano entregará a la contraparte europea su respectivo documento. Brasil, la principal autoridad del Mercosur en el segundo semestre de 2023, ya hizo circular una propuesta entre los países socios.

Otra discrepancia es sobre las políticas en las compras gubernamentales. Brasil se niega a flexibilizar a este capítulo del acuerdo. El propio Lula considera que son un instrumento idóneo de desarrollo interno, que utiliza Estados Unidos e incluso países europeos.

Aunque el presidente brasileño habló particularmente de medidas de apoyo al área de la salud, conceptualmente significa un modelo de protección industrial.

Otra diferencia, aparentemente insalvable, se manifiesta en el sector agropecuario debido a los recelos de países como Francia y Austria, entre otros países europeos. Los argumentos fundamentales se centran en dos aspectos: la protección de su producción de alimentos y el mantenimiento de altos estándares de calidad.

Ambas partes deben hacer un esfuerzo decidido para superar sus diferencias, las cuales, en el peor de los casos, no son tan significativas comparadas con la importancia de alcanzar un acuerdo a largo plazo. Esta alianza podría generar beneficios tanto económicos como políticos, y posiblemente fortalecería la posición geopolítica de Europa en el contexto de la rivalidad mundial entre Estados Unidos y China.

El “optimismo crítico” del presidente Lacalle Pou implica una mirada constructiva que ayuda a analizar la situación con objetividad, reconociendo las diferencias y similitudes entre naciones democráticas que necesitan estar juntas en este nuevo mundo bipolar.

II. LAS SEÑALES 

Petro instala la segunda legislatura en un clima desfavorable

Presidente de Colombia Gustavo Petro / EFE

Aproximándose los doce meses desde su asunción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio inicio a la segunda legislatura del IX Congreso de Colombia el pasado jueves 20 de julio con un discurso que basó en dos ejes: la justicia ambiental y la justicia social.

Sobre el primer punto, Petro destacó la importancia de tomar acciones sobre la transición energética, para consumo y producción, y la movilidad humana. En tanto, ya adelantó que enviará un proyecto al Congreso para modificar el Código Minero que, en sus palabras, “sólo privilegia a la multinacional, a la gran minería, a la minería a cielo abierto” y se olvida del “pequeño minero”.

Sobre el segundo punto, Petro afirmó que insistirá para que el Poder Legislativo apruebe las reformas propuestas en materia laboral y en los sistemas de salud y pensiones, proyectos que fueron pilares de su campaña presidencial, pero que no tuvieron el aval del Congreso durante la primera legislatura. También, en la misma línea, invitó a los legisladores a propiciar una reforma agraria, uno de los puntos clave del acuerdo de paz con las FARC que incluye la distribución de tres millones de hectáreas de tierra para campesinos.

No obstante, los planes del mandatario colombiano tendrán que afrontar el obstáculo de un Congreso con el que no cuenta con mayoría (39 de 108 senadores y 70 de 188 representantes), al que se le suma la elección del férreo opositor Iván Name como presidente del Senado, con apoyo de los legisladores independientes. En tanto, el conservador Efraín Cepeda, del bloque independiente, fue electo presidente de la Comisión Tercera del Senado, órgano clave para los asuntos económicos del gobierno, dado que tiene la potestad de delimitar el presupuesto estatal.

Andrés Calle del Partido Liberal, con mayor afinidad con Petro, fue electo presidente de la Cámara de Representantes con 179 votos de los 188 posibles. Sin embargo, la Comisión Tercera de la cámara baja quedó bajo el mando de Carlos Cuenca, perteneciente al partido opositor Cambio Radical.

El hasta ahora fracaso para el cumplimiento de las promesas electorales, las sucesivas crisis políticas que derivaron en cambios en el gabinete y las acusaciones al Poder Judicial por la suspensión de congresistas de la coalición Pacto Histórico, que llevó a Petro a la presidencia, tiene como corolario un resquebrajamiento de la consideración de su desempeño en la opinión pública. De acuerdo con la consultora Datexco, la aprobación de Petro cayó al 26%, en tanto que su desaprobación ascendió al 60% alcanzando niveles récord desde el inicio de su mandato en agosto de 2022. 

III. EL TERMÓMETRO

La recesión democrática

Protestas en Perú / EFE

El declive de la democracia en América Latina y el aumento de las simpatías hacia el autoritarismo, según revela el estudio de opinión pública Latinobarómetro de 2023, debería ser una cuestión central en la política, entendida en su máxima expresión.

Que solo el 48% de los latinoamericanos apoye la democracia como régimen político, debería ser motivo suficiente para adoptar una actitud de alerta y acción debido a su papel vital en alcanzar la convivencia armónica y el bienestar de la sociedad.

Esa cifra que arrojó la encuesta que abarcó a 19.205 personas en 17 países, representa un descenso de 15 puntos porcentuales con relación al mismo sondeo de 2010, donde el 63% declaraba su apoyo a la democracia.

Según el estudio, la región atraviesa una recesión democrática, debido al declive y vulnerabilidad que sufren los países de la región tras una década de deterioro continuo de la democracia.

Un adjetivo que se refuerza con el crecimiento de la indiferencia hacia el tipo de régimen y el ascenso de la preferencia por el autoritarismo. Y también la caída del desempeño de los gobiernos nacionales y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. Además, hay una debilidad en las élites representadas por los presidentes, con recurrentes casos de corrupción y violaciones de las normas democráticas.

La socióloga chilena Marta Lagos, directora de la corporación Latinobarómetro, al difundir el estudio en Santiago, el pasado 21 de julio, dijo que “la democracia, lejos de consolidarse, ha entrado en una recesión”.

Es una tendencia preocupante, pues golpea al único modelo conocido que promueve la participación ciudadana, la estabilidad política, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la innovación y la inversión.

Y más aún cuando se sabe que un sistema democrático bien establecido proporciona un marco sólido para el crecimiento y el progreso sostenible de una sociedad.

El malestar social

Uruguay es el país donde la democracia como régimen político recibió más apoyo (69%). Sigue Argentina (62%), Chile (58%) y muy cerca Venezuela (57%).

En 12 países aumentó la opinión de la indiferencia al tipo de régimen, entre 2020 y 2023. Costa Rica y Guatemala los que registraron la mayor alza (10%). En cambio, en Brasil y Panamá disminuyeron de manera significativa la indiferencia a la democracia, en seis puntos porcentuales en ese período.

La novedad en este último estudio es la consolidación de opiniones a favor de un régimen autoritario. Por el aumento desde el 13% en 2020 al 17% en 2023, el Latinobarómetro cree se trata de “un contingente sustantivo y persistente de ciudadanos que prefieren el autoritarismo”.

En ese sentido, los países donde hay más simpatía por el autoritarismo son: México (trepó a 33%); Paraguay (27%); Guatemala (23%); y República Dominicana (21%).

Mientras El Salvador es la nación donde se registra más satisfacción con la democracia (64%), más del doble del promedio regional (28%), Perú es el más crítico (8%).

El estudio advierte que una región vulnerable en términos democráticos, abre la puerta a más populismo o a regímenes no democráticos.

III. EL TERMÓMETRO

Boric, embanderado de la democracia

Presidente de Chile, Gabriel Boric / EFE

La reciente gira del presidente de Chile, Gabriel Boric, por Europa, lo ha posicionado como una de las principales voces de América Latina en defensa de la democracia.

Durante su intervención en la Cumbre Unión Europea-CELAC el martes 18, se mostró a favor de Ucrania, distanciándose de la postura del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de otros líderes de izquierda que optan por la estrategia de no intervención.

“Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad, lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional”, declaró Boric, recibiendo el reconocimiento de la comunidad europea.

En su discurso del jueves 20 de julio en la Universidad de la Sorbona en París, en el marco de su gira europea que también incluyó visitas a Madrid, Bruselas y Ginebra, enfatizó la necesidad de defender la democracia porque “no está asegurada."

"Cuando relativizamos nuestros principios democráticos, según la simpatía que tengamos con el gobernante de turno (...), es cuando nuestra posición se debilita", advirtió Boric, conocido por ser muy crítico con los regímenes dictatoriales de Nicaragua y Venezuela.

IV. EL RASTREADOR

Obstrucción del chavismo a la oposición venezolana

Movilizaciones a favor de María Corina Machado / EFE

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro está aprovechando su manejo arbitrario del sistema político del país para obstaculizar las elecciones primarias de la oposición, particularmente la carrera electoral de Corina Machado, la precandidata favorita en contra del oficialismo chavista, según encuestas.

A fines de junio, la Contraloría General de Venezuela anunció la inhabilitación de Machado, uno de los 14 contendientes de la oposición para elegir al rival de Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024.

De cara a las internas, Machado suma más del 50% de los votos, a mucha distancia de Enrique Capriles -también con una prohibición electoral- que se ubica en segundo lugar, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Delphos, difundido este mes.

La Contraloría, encargada de control, vigilancia y fiscalización en el Estado y en instituciones que manejan dineros públicos, dijo que la precandidata del movimiento político Vente Venezuela no puede ejercer ningún cargo público por 15 años, contabilizados desde el 31 de julio de 2015. De este modo, no podría intervenir en los comicios presidenciales previstos para el próximo año.

Se le acusa, sin el debido proceso, de irregularidades administrativas durante su gestión como diputada (2011-2014) y de participar en una trama de corrupción liderada por el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.

La Administración estadounidense de Joe Biden, la Unión Europea, organismos internacionales, como la OEA, y diversos gobiernos latinoamericanos, cuestionaron la violación a los derechos políticos de Machado.

Más recientemente, en un municipio del estado de Guárico, en la Región de los Llanos, un grupo de enmascarados que se movilizaban en automóviles sin identificación bloquearon una carretera para impedir que Machado llegara hasta un acto de su campaña. Y, además, hubo denuncias de acciones de amedrantamiento con palos y empujones en otro evento proselitista en un barrio de Caracas.

Paralelamente, está en marcha un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, afín al gobierno, en el que un empresario denuncia que las primarias de la oposición, previstas para el próximo 22 de octubre, “se están convirtiendo en un instrumento” para provocar “un conflicto interno”.

Por otra parte, la diputada chavista Lleana Medina dijo que el chavismo evalúa quitarles la nacionalidad a dirigentes opositores que a su juicio le hayan hecho un daño al país al respaldar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. 

V. LO QUE SE VIENE 

Argentina a días de las PASO

Sergio Massa; Patricia Bullrich; Horacio Rodríguez Larreta; Javier Milei. 

El domingo 13 de agosto se celebrarán las elecciones primarias (PASO) donde las diferentes alianzas definirán a un candidato único para los comicios a celebrarse en octubre.

En esta instancia se dilucidarán dos cuestiones que serán trascendentes para el futuro electoral: en primer lugar, quién será el candidato del bloque opositor Juntos por el Cambio, quienes parten como favoritos de acuerdo con los sondeos de opinión, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: y, en segundo lugar, qué niveles de votación detentan las diferentes alianzas a poco más de 60 días de las elecciones generales que definirán la Presidencia y la composición del Congreso.

De acuerdo con un relevamiento de J. P. Morgan, Juntos por el Cambio obtendría 33% de los votos y Bullrich triunfaría en la interna con 6,9% de ventaja sobre Rodríguez Larreta. En tanto, la alianza oficialista Unión por la Patria alcanzaría el 29,1%, mientras que La Libertad Avanza del libertario Javier Milei, 18,9%.

El ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, anunció una serie de medidas que incluyen el aumento de impuestos a las importaciones de bienes y servicios, y la aplicación de un tipo de cambio diferencial para las liquidaciones por exportaciones de maíz y para las economías regionales, vigente hasta el 31 de agosto. Esta decisión tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales del Estado en concordancia con el acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que se anunciará la próxima semana.

Ecuador celebra elecciones anticipadas

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso / EFE

El domingo 20 de agosto, la ciudadanía ecuatoriana acudirá a comicios para celebrar elecciones generales luego de la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso, de mayoría opositora, de forma anticipada. Las nuevas autoridades que surjan de este proceso asumirán sus cargos hasta mayo de 2025, donde concluye el actual período constitucional.

Lasso, quien goza de bajos niveles de popularidad, no se presentará como candidato para continuar su mandato. En tanto, la abogada Luisa González Alcívar, afín al expresidente Rafael Correa, parte como favorita para alcanzar la primera minoría con 26,8% de los votos, de acuerdo con la consultora Comunicaliza, y disputar un más que probable balotaje frente al segundo candidato más votado, que se definiría entre Otto Sonnenholzner (12,8%), exvicepresidente de Lenín Moreno entre 2018 y 2020, el indigenista Yaku Pérez (10,3%) y Fernando Villavicencio (9,3%). Otras encuestadoras también colocan en carrera al empresario Xavier Hervas, de Izquierda Democrática.

Este nuevo proceso electoral se desarrollará en medio del recrudecimiento de la violencia acarreada por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en el país. Recientemente, Lasso decretó estado de excepción por 60 días en las provincias de El Oro y Manabí, luego de que el alcalde de la ciudad portuaria de Manta fuera asesinado a disparos.

Polémica por decisiones judiciales previo al balotaje en Guatemala

Listas de votación en Guatemala / EFE

Guatemala celebrará la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 20 de agosto entre dos contendientes socialdemócratas que pondrán fin a 12 años de gobierno de derecha en el país: Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

La presente instancia electoral no estuvo exenta de polémica dado que el juez Freddy Orellana, a pedido de Fiscalía, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender al partido Semilla, de Arévalo, alegando supuestas irregularidades en su inscripción en 2017, hecho que fue rechazado por el TSE y llevó a su allanamiento.

Luego de la intervención de Fiscalía, el TSE solicitó a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) que ordene a diversos entes estatales a que brinden garantías para la realización del balotaje, recurso que fue rechazado por la CC, argumentando que las garantías ya están dadas.

Estos hechos despertaron el interés de la comunidad internacional: Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, manifestó su preocupación por la crisis y la Corte Interamericana de Derechos Humano instó a Guatemala a "asegurar el principio de separación de poderes".

En medio de las maniobras judiciales, tanto Torres como Arévalo continúan con la campaña en los distintos municipios del país, mientras otros actores de la sociedad convocan a manifestaciones rechazando las acciones de la Justicia.