Pulso regional |Noviembre 2023

La Lupa

Milei y el giro político de Argentina: reformas urgentes y desafíos políticos

Javier Milei, un economista de 53 años que defiende ideas ortodoxas liberales, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales en Argentina en segunda vuelta, el domingo 19 de este mes, con una diferencia de 11 puntos porcentuales, respecto al candidato oficialista Sergio Massa. Este triunfo contundente en las urnas lo impulsa en estas horas a reafirmar una “terapia de shock” con el objetivo de revertir la peor crisis en dos décadas.

Construido como un outsider en el ámbito político, Milei ha forjado un liderazgo caracterizado por un estilo heterodoxo y firme a la vez. Su honda convicción en que las reformas liberales constituyen el mejor instrumento para revertir el descalabro de la economía lo posiciona como un gobernante idóneo para emprender un nuevo camino.

Su actitud desafiante, que contradice el statu quo, le otorga credibilidad para desmontar el gastado “modelo de decadencia” perpetuado por partidos tradicionales o convencionales de diversos signos políticos. En este sentido, Milei se presenta como una alternativa fresca, lista para dejar atrás las prácticas del pasado y liderar una transformación significativa.

Por eso, no es descabellado presuponer que la victoria electoral del líder del partido La Libertad Avanza (LLA) marca el inicio de un nuevo ciclo político en Argentina. Quizás el cambio más significativo reside en el fin de la noción de excepcional del peronismo de izquierda populista, iniciado por el extinto Néstor Kirchner y continuado por su esposa, Cristina Fernández, quien, en algunos casos, influyó, mientras que en otros, tuvo actitudes que generaron obstáculos para el presidente saliente, Alberto Fernández. Desde 2003 hasta la fecha, solo se había registrado un impasse con el gobierno de centroderecha Mauricio Macri.

Las reformas estructurales

Con el posible nombramiento de Luis Caputo como titular del Ministerio de Economía, quien fue previamente miembro del equipo económico de Macri, el presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, espera llevar a cabo reformas estructurales con el objetivo de lograr una disminución del 15% en el gasto público.

Todo indica que la prioridad es embarcarse en una profunda reforma del Estado para enderezar las cuentas públicas lo antes posible. Para Milei, es crucial el control de una inflación que se sitúa en un 143% anual y poner en orden las cuentas públicas.

Aunque en estos días se mencionó la venta del 51% de las acciones de la petrolera YPF en manos del Estado y la privatización de los medios de comunicación públicos, el plan general es que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”, según afirmó el propio Milei.

La idea del gobernante electo de que “no hay lugar para gradualismo, ni para tibiezas ni para medias tintas” incluye su propuesta más controversial de dolarizar la economía. Sin embargo, esta medida drástica no parece que ocurrirá de forma inmediata; en la agenda, se coloca como una prioridad más urgente el cierre del Banco Central.

Obstáculos para un buen gobierno

El arte de gobernar en democracia supone diálogo y negociación, y estas habilidades son aún más cruciales en las condiciones políticas en las que un partido de corta experiencia política, como La Libertad Avanza, deberá ejercer el poder.

Las elecciones en primera vuelta le permitieron a la fuerza de Milei avanzar en el Congreso, pero afronta un nuevo período de gobierno con solo siete de 72 senadores y 38 de 257 diputados. Esto hace que dependa de alianzas, incluso más allá de sus aliados naturales en una parte de la coalición Juntos por el Cambio de Macri.

La eventual designación de Caputo como titular de Economía y el anuncio de que su competidora en las elecciones, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), será la futura ministra de Seguridad, indican que el líder político se maneja en la dirección correcta para lograr acuerdos que deberían traducirse en apoyos parlamentarios.

La disposición a entablar conversaciones con dirigentes que podrían considerarse parte de la “casta”, específicamente dirigentes peronistas alejados del ala kirchnerista, muestra la flexibilidad del presidente electo para ampliar el arco de apoyo legislativo.

El pragmatismo en la política, con el que se mueve en estas horas el presidente electo, es un enfoque acertado para intentar alcanzar un mínimo de gobernabilidad que le permita aprobar soluciones efectivas y útiles, encaminando así una economía en ruinas. La adhesión estricta a teorías preconcebidas, sin negociación, representa el camino seguro al fracaso de un plan de reformas que Argentina requiere con prontitud.

El aforismo “nosotros no podemos soportar ni nuestros vicios ni sus remedios” encaja a la perfección para ilustrar el considerable desafío que implica abordar reformas, como las propuestas por Javier Milei. Esto hace comprensible y necesario tener en cuenta una máxima política: hay un equipo para ganar la elección y otro para gobernar.

Las Señales (I)

Lula apura el acuerdo UE-Mercosur

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

Bajo la presión derivada de un calendario rigurosamente estructurado y la confrontación de intereses políticos, referentes de la Unión Europea (UE) y el Mercosur se encuentran inmersos en conversaciones intensivas con el propósito de intentar finalizar en diciembre el acuerdo que se negocia hace más de dos décadas.  

Este mes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la UE podría dar su respuesta final a las demandas del Mercosur en las negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos bloques durante la COP28 en Dubái, que comienza el próximo jueves 30. La declaración se produjo después de una conversación telefónica entre Lula y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El mandatario brasileño aseguró que mantiene su esperanza de cerrar el acuerdo durante la presidencia brasileña del Mercosur, que concluye el 7 de diciembre, cuando se celebrará la cumbre semestral del bloque en Río de Janeiro.

El líder brasileño afirmó que presentó a Von der Leyen “los puntos más problemáticos” para cerrar un acuerdo y adelantó que  se reunirá con ella en persona durante la COP28 de Dubái para continuar las conversaciones.

El triunfo de Milei en Argentina, que asume la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre y tiene una visión muy crítica del Mercosur, genera un incentivo extra para que Lula pueda cerrar el acuerdo, lo que sería muy importante para el futuro del bloque.

En la UE existe la interrogante es si la visión liberal de Milei chocará con la lógica de un pacto entre dos bloques comerciales. En ese sentido, la vicepresidenta de la delegación del parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, la eurodiputada Mónica González, se mostró pesimista en declaraciones a una agencia internacional de noticias: “ni él (por Milei) ni nadie de su equipo creen en el multilateralismo como una herramienta para resolver retos comunes ni en Europa ni en América Latina”.

Las Señales (II)

América Latina polarizada ante el conflicto violento en Medio Oriente

Conflicto Hamás - Israel. EFE

El ataque terrorista de Hamás contra Israel representa el más reciente capítulo internacional en el que América Latina exhibe posturas divergentes en materia de política exterior. Este conflicto contiene todos los elementos ideológicos necesarios para acentuar aún más la polarización política en la región.

En líneas generales, se han delineado dos puntos de vista entre los gobiernos de orientación izquierdista, en sus diversas manifestaciones, y aquellos liderados por partidos de derecha o centroderecha. Con matices, los primeros tienden a entrelazar el acto terrorista de Hamás con la “causa Palestina”, una consigna arraigada en los partidos progresistas y/o cuestionan con severidad la respuesta militar del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu; mientras que los segundos respaldan firmemente a Israel, e incluso muchos de ellos también el derecho de Israel a la fuerte ofensiva bélica.

El 7 de octubre (7-O), Hamás llevó a cabo un ataque horrendo en territorios al sur de Israel, resultando en la trágica pérdida de 1.200 vidas, en su mayoría civiles inocentes, que abarcaban desde ancianos hasta bebés. Además, el grupo terrorista secuestró a unos 240 rehenes, manteniéndolos cautivos en distintos puntos de Gaza, aunque el Ejército israelí ya ha encontrado a varias de las víctimas sin vida.

Israel, en respuesta, lleva a cabo bombardeos y operaciones terrestres en la Franja de Gaza. Su objetivo de "aniquilar" a Hamás condujo a ataques e ingreso a hospitales o instalaciones civiles donde se presume que los terroristas se ocultan, acusados de emplear a los habitantes de Gaza como "escudos humanos". Según fuentes de este grupo islamista radical, la cifra de fallecidos asciende a más de 13.000 personas, una estadística sin confirmar por fuentes independientes.

El miércoles 22, ambas partes anunciaron el siguiente acuerdo: la liberación de al menos 50 rehenes en poder del movimiento islamista a cambio de presos palestinos y una tregua de cuatro días en la Franja de Gaza.

La gran mayoría de los países latinoamericanos condenaron de manera enérgica los ataques de Hamás, con la excepción de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, se reconoce al Estado de Palestina, y solo una minoría califica a Hamás como una organización terrorista. Este enfoque contrasta con la posición adoptada por Estados Unidos y la mayoría de los países europeos.

Las gamas de izquierda

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó tanto el ataque terrorista del 7-0 como la contundente respuesta militar llevada a cabo por Israel. Brasil, siendo la principal economía de la región, añade una perspectiva significativa a este posicionamiento.

En relación con el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la fuerza política gobernante, ha mantenido una simpatía de larga data hacia Palestina que ha sido evidente en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, funcionarios de alto rango del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva han criticado enérgicamente la respuesta de Netanyahu a los ataques de Hamás. Además, el PT ha aprobado una resolución que acusa a Israel de cometer “genocidio”. Estas posturas reflejan la posición crítica del oficialismo hacia las acciones de Israel, lo que contribuye a la actual relación tensa entre Brasilia y Jerusalén.

La figura jurídica de genocidio en el derecho internacional, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, de 1948, implica ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico, nacional, racial o religioso como tal.

En el caso de México, la segunda economía más grande de la región y bajo la presidencia populista de Andrés Manuel López Obrador, el país optó por no condenar a Hamás, justificando esta posición como parte de su política de mantener la neutralidad en asuntos internacionales. Esta decisión le valió críticas diplomáticas por parte de Israel.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, adoptó una posición particularmente crítica y extrema contra Israel, lo que le generó cuestionamientos e incluso acusaciones de antisemitismo. Esta postura recuerda a la adoptada en el pasado por el expresidente venezolano Hugo Chávez.

La postura de izquierda radical de Petro ha llevado a Israel a suspender la cooperación en defensa, desencadenando la reacción de 12 excancilleres colombianos. Estos publicaron una carta acusando al presidente de “romper radicalmente con la tradición de respetar el derecho internacional”. En consecuencia, el gobierno colombiano retiró a su embajador en Tel Aviv. Honduras y Bolivia también siguieron esta medida, con este último yendo más allá al romper relaciones diplomáticas completas con Israel.

La administración saliente en Argentina, encabezada por el peronista Alberto Fernández, ha mantenido una posición similar a la del expresidente brasileño Lula en relación con Israel. No obstante, se espera un cambio significativo a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei, un político libertario conocido por su firme defensa de Israel. Milei tiene planeado visitar Israel como uno de los primeros destinos internacionales después de su asunción.

Solidaridad con Israel

Países bajo gobiernos de derecha o centro derecha, como Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay, han mostrado gestos de mayor hermandad con Israel en comparación con las administraciones de izquierda.

Los gobiernos de esos cuatro países han manifestado un sólido respaldo a Netanyahu. En particular, Paraguay considera a Hamás como una organización terrorista y se destaca como uno de los partidarios más firmes de Israel en la región, anunciando recientemente la apertura de su embajada en Jerusalén.

Paraguay, Guatemala, Panamá y Uruguay no respaldaron una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, una medida considerada ilegal por la mayoría de los países del mundo. Uruguay ha optado por la abstención en resoluciones significativas de la misma organización que critican las acciones de Israel.

El enfrentamiento violento entre Israel y Hamás, que nuevamente aviva las llamas en Medio Oriente, ha generado posturas divergentes entre los países de América Latina y expuesto notables discrepancias con la OTAN. Este conflicto se percibe más divisivo que la guerra de Rusia en Ucrania y, como región, se distancia aún más de las potencias occidentales.

El Termómetro 

AMLO cierra filas con Biden en la lucha contra las drogas

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE

Este mes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió ante su homólogo estadounidense, Joe Biden, a colaborar en el combate a la producción y tráfico de fentanilo.

Durante una reunión llevada a cabo en el marco de la Semana de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2023, celebrada en la ciudad de San Francisco, California, del 11 al 17 de noviembre, AMLO expresó el compromiso continuo de México de “seguir apoyando” la lucha contra la producción de drogas químicas que ingresan a Estados Unidos (EEUU) por la frontera sur. Explicó su respaldo a esta colaboración como “un acto de solidaridad”, reconociendo plenamente “el daño que causa a los jóvenes en EEUU”.

El consumo de fentanilo es la principal causa de muerte entre adultos jóvenes en EEUU, con las últimas estadísticas que informan alrededor de 70.000 fallecimientos al año. Esta droga sintética ingresa de manera ilegal mayoritariamente desde territorio mexicano, convirtiéndose en un lucrativo negocio para los carteles del narcotráfico, más fácil de contrabandear en comparación con otras drogas ilícitas. 

Desarrollado originalmente en la década de 1950 como un analgésico, el fentanilo, ya sea consumido solo o en combinación con otras drogas potencialmente letales, ha experimentado un auge en su consumo actual. Este aumento está directamente vinculado a la prescripción médica excesiva de opioides desde la década de 1990, una tendencia que ha contribuido significativamente a su proliferación.

Se trata de un opioide sintético, también utilizado como anestésico, extremadamente potente y adictivo, que puede ser completamente producido en un laboratorio.

La participación de influyentes grupos de crimen organizado en la producción de fentanilo se remonta a 2014 y actualmente es motivo de conflicto entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, una situación que intensifica aún más la violencia en México.

Desde hace tiempo, en Washington se percibe que el gobierno de AMLO debería y podría intensificar sus esfuerzos en la lucha contra las drogas sintéticas, cuya fabricación depende del acceso de precursores químicos de fábricas chinas.

En resumen, según las autoridades estadounidenses, México desempeña un papel central en dos actividades ilegales: el contrabando de sustancias adquiridas en China por parte de carteles del narcotráfico y el ingreso de fentanilo a los EEUU a través de la frontera terrestre. También se cree que una parte del fentanilo llega directamente desde China.

Desde el gobierno de Donald Trump, Washington ha intensificado las regulaciones y las operaciones policiales con el propósito de revertir este flagelo, una política que fue reforzada por su sucesor, Biden. Recientemente, la administración demócrata sancionó a alrededor de veinte personas y organizaciones involucradas en el ilícito negocio del fentanilo. Además, logró la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa y figura central en el tráfico de esta droga.

La producción y el comercio ilegales de fentanilo hablan del negocio de drogas clandestinas más globalizado de todos en términos de fabricación y cadena de suministros. Por esta razón, Washington necesita la colaboración tanto de México como de China, algo que en principio Biden logró en reuniones bilaterales en la cumbre de San Francisco, tanto con AMLO como con Xi, con quien reanudó la cooperación bilateral en materia de antinarcóticos.

En un comunicado de la Casa Blanca del 16 de noviembre, donde se afirma que "la lucha contra la epidemia de sobredosis es una prioridad clave" del país, se advierte sobre "la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia EEUU”.

El Rastreador

Las perspectivas de acercamiento entre EEUU y Venezuela se desvanecen

Marina Corina Machado ganadora de las elecciones primarias realizadas por la oposición venezolana. EFE

Las señales equívocas emitidas recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro, respecto a su compromiso efectivo con el proceso democrático en Venezuela, están sembrando incertidumbre sobre la consistencia del reciente acercamiento entre Washington y Caracas. La falta de claridad en las acciones del régimen chavista suscita dudas acerca de la dirección que tomarán las relaciones bilaterales en el futuro cercano.

El 17 de octubre, representantes del gobierno venezolano y de la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, acordaron la convocatoria a elecciones presidenciales para la segunda mitad de 2024. Este acuerdo incluye un compromiso del presidente Maduro a favor de comicios limpios y justos, así como la autorización para que observadores internacionales supervisen la votación.

Al otro día, fueron puestos en libertad cinco presos políticos venezolano, una señal tibia si se tiene en cuenta de que al menos hay 268 presos políticos venezolanos y tres ciudadanos estadounidenses encarcelados por juicios opacos.

Días después, como un gesto de apoyo al pacto firmado en Barbados, la administración estadounidense de Joe Biden autorizó a que las empresas connacionales puedan realizar negocios en el sector energético de Venezuela, en manos del Estado, por un período de seis meses. La licencia acotada, extendida por el Departamento del Tesoro, habilita a la petrolera PDVSA a comercializar con el resto del mundo, excepto con Rusia. También abre la posibilidad de que algunos bonos venezolanos puedan ser manejados por entidades estadounidenses.

Las transacciones globales del sector energético venezolano estaban muy limitadas por duras sanciones, vigentes desde el gobierno de Donald Trump y que mantuvo la actual gestión de Biden.

La renovación del permiso, que representa un alivio para la débil economía venezolana, está condicionada a que el chavismo se comprometa con decisiones concretas, como el levantamiento de las proscripciones políticas y la liberación de los presos venezolanos y estadounidenses que no han tenido garantías de debido proceso. Estados Unidos (EEUU) espera que Maduro fortalezca su compromiso antes de que finalice este mes de noviembre.

Pero a seis días que termine el plazo, Venezuela no ha dado nuevos indicios de un serio compromiso democrático.

El 22 de octubre, Marina Corina Machado, una ingeniera industrial de 56 años, exlegisladora de raigambre liberal, ganó por una abrumadora mayoría las primarias de los partidos de la oposición. Obtuvo más del 92% de los 1,5 millones de venezolanos que participaron de las elecciones internas donde compitieron 10 postulantes.

En junio pasado, Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por parte de la Contraloría General, la entidad encargada de la fiscalización y control de los recursos públicos. Esta entidad, que carece de independencia política, tomó esta medida basándose en un proceso que, según expertos, contiene al menos cinco vicios o irregularidades.

El reclamo de la Casa Blanca incluye la habilitación de Machado, fundadora del partido Vente Venezuela que no forma parte de la Plataforma Unitaria, que ha tomado distancia de los acuerdos de Barbados.

Además de mantener la prohibición a la principal contrincante del chavismo, el gobierno desestimó la elección interna de los partidos de la oposición y la acusó de fraude, sin presentar pruebas. Diosdado Cabello, una de las figuras más destacadas del partido gobernante, descalificó a la oposición tachándola de mentirosa y manipuladora.

En ese escenario, crece el temor de que la élite del Palacio de Miraflores solo haya aceptado sentarse alrededor de una mesa en Barbados para ganar tiempo y que, como demostró en el pasado reciente, continúe con las tácticas antidemocráticas que le han permitido mantenerse en el poder.

Maduro carga con el peso de numerosos incumplimientos para que Venezuela vuelva al camino de la democracia, el cual el país abandonó con el ascenso al poder del extinto caudillo populista Hugo Chávez.

Lo que se viene

Nuevo plebiscito constitucional en Chile

Presidente de Chile, Gabriel Boric. EFE

El 17 de diciembre próximo, Chile llevará a cabo un segundo plebiscito para decidir sobre un nuevo proyecto de Constitución en reemplazo a la actual, en vigor desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet.

La segunda propuesta constitucional fue elaborada por un consejo conformado en su mayoría por representantes de sectores de derecha, con inclinaciones liberales o conservadoras, cuyas ideas chocan de manera significativa con las políticas del presidente de izquierda, Gabriel Boric.

Hace tres años, el 78% de la población respaldó la modificación de la Constitución, tras masivas protestas callejeras que exigían mayor igualdad y que tuvo a los jóvenes como principales protagonistas.

Sin embargo, la mayoría rechazó la primera propuesta, elaborada por movimientos y partidos de izquierda que abogaban por un Estado más robusto, asegurando acceso a la salud, educación, y un nuevo sistema de pensiones con participación estatal. También incluía reivindicaciones tradicionales de movimientos de izquierda, tales como el acceso al aborto libre y el reconocimiento de la justicia indígena. En el plebiscito celebrado en setiembre de 2022, alrededor del 62% de los votantes rechazaron el texto.

Después del fracaso del primer proyecto, se convocó a este segundo proceso constituyente, el cual será sometido a consideración de la ciudadanía el próximo mes.

La formulación proviene del Partido Republicano y otros sectores de derecha, quienes lograron prevalecer en la elección del Consejo Constitucional.

El texto que se someterá a consulta popular conserva los elementos fundamentales del modelo económico implementado durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los sectores de izquierda que apoyan al presidente Boric se oponen al contenido esencial, el cual incluye temas controvertidos como el aborto y la migración.

La actual carta magna ha experimentado varias reformas desde el retorno a la democracia, pero aún existen divisiones entre los chilenos en cuanto al legado del período militar, especialmente en temas como el papel del Estado en la economía, la seguridad pública y cuestiones sociales.

Las encuestas proyectan que las urnas rechazarán nuevamente la propuesta constitucional. En tal caso, es probable que la actual ley fundamental continúe vigente, al menos hasta la conclusión del mandato de Boric.