EL AMBULATORIO

Terminó el cuarto período de sesiones de esta Legislatura, pero siguen sesiones extraordinarias a contrarreloj.

Esta última semana fue confirmado el primer plebiscito: propuesta para modificar el artículo 11 de la Constitución y habilitar los allanamientos nocturnos.

Firmaron diputados y senadores de la coalición oficialista y del PERI. La norma establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

El mecanismo para habilitar el plebiscito necesitaba firmas de dos quintos de los componentes de la Asamblea General. Firmaron 71 legisladores (más de lo requerido). Falta que formalmente la presidencia del Legislativo comunique a la Corte Electoral, y que ésta disponga el plebiscito para el mismo día de las elecciones nacionales, en octubre de 2024.

Legisladores del Frente Amplio no firmaron. Sostienen que lo propuesto es “impracticable” y que no resuelve los problemas de fondo que hay en seguridad pública.

A medida que se acerca el año electoral, las bancadas de la coalición oficialista actúan con más autonomía, son más frecuentes las disidencias y no hay seguridad de acordar votaciones para sacar leyes como para evitarlas.

Pasó en las últimas semanas, cuando la Asamblea General discutió el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Casa de Galicia, con votación dividida dentro de la coalición de gobierno, y en la propia bancada del Partido Nacional. Otros proyectos de ley avanzan con impulsos aislados y acuerdos puntuales, como el proyecto de usura (del Partido de la Gente, con apoyo del FA), y el de financiamiento de partidos políticos (impulsado por el FA, con apoyos de un legislador colorado y del PI).

En paralelo avanzaron proyectos que ponen en riesgo el mercado de créditos, como el proyecto de usura (aprobado en Diputados) y la ley para deudores del BHU, que impacta en la disponibilidad de financiamiento de compra de inmuebles a futuro.

El proyecto de tasas de interés pasó al Senado y ya hay movidas políticas para revisarlo, cambiarlo en sustancia o incluso trancarlo si no es posible convertirlo en un texto que no dinamite el mercado de crédito.

DEBATE PARLAMENTARIO

Deudores BHU.- El Parlamento aprobó esta ley que beneficia a determinados deudores del BHU y ANV, que tiene un costo estimado de USD 590 millones (por renuncia de créditos y patrimonial); un compromiso del presidente, criticada con dureza por la presidenta del BHU y consultoras económicas por “injusta e inconveniente”.

Condiciones para la reestructura de créditos:

• • Crédito sea en unidades reajustables.
  • Otorgado para compra, construcción o reparación de vivienda propia.
  • Titular del crédito sea persona física.
  • Crédito vigente.
  • Monteo original no superó USD 80.000 en fecha de otorgamiento.
  • Deuda asumida por su actual titular antes de 1º ene. 2009.
  • Al día con tributos nacionales y departamentales sobre inmueble garantía.
  • Condiciones para la extinción del crédito:
  • Hayan transcurrido 40 años o más desde la asunción de la deuda por su actual titular.
  • En los diez años previos a la aplicación del beneficio, hayan hecho un mínimo de 110 pagos.
  • El saldo de capital a pagar considerando 65% de los colgamentos al momento de aplicación del beneficio sea igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular.

Prisión domiciliaria.- Aprobado en el Senado, con votos del oficialismo, el proyecto de ley de prisión domiciliaria con cambios que abarcan a mayores de 65 años presos por crímenes de lesa humanidad. En todos los casos el beneficio será otorgado con vista fiscal y por decisión del juez.

No es el proyecto que pretendía Cabildo (prisión domiciliaria automática, a partir de 65 años).

Requisitos para la prisión domiciliaria:

• • Cuando el formalizado padezca graves problemas de salud o enfermedad incurable en periodo terminal.
  • Cuando se encuentre en situación de grave discapacidad, incompatible con la vida en una cárcel.
  • Cuando sea necesario atender circunstancias familiares o especiales que hacen evidentemente perjudicial su internación en prisión.
  • Cuando se trate de una mujer embarazada, con riesgo para su salud y para continuar el embarazo, a partir del quinto mes de gestación.
  • Cuando se trate de una madre que se encuentre amamantando, hasta los dos años del lactante.
  • Cuando se trate de una madre a cargo de un menor de cinco años o de uno mayor de cinco que padeciera problemas de salud o discapacidad, y no haya otra persona para hacerse cargo.
  • Cuando el formalizado tuviera 65 años o más y su condición biopsicosocial determinara un perjuicio para su salud o vulnere su dignidad humana.

En todos los casos, la decisión judicial deberá fundarse en informes de una junta médica. Ante determinados delitos (a continuación), el juez deberá además considerar si el formalizado se encuentra imputado de reincidencia, reiteración o habitualidad, y en esos casos evaluar si dispone o no la prisión domiciliaria:

• • Violación.
  • Abuso sexual o abuso sexual especialmente agravado.
  • Crímenes y delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
  • Homicidio agravado u homicidio muy especialmente agravado.
  • Delitos de estupefacientes.

Continúa el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, a partir de febrero.

Financiamiento de partidos.- El proyecto fue aprobado en Diputados por las bancadas de la coalición oficialista y del Frente Amplio; pero el artículo para establecer una compensación a los canales de televisión por otorgar “minutos gratuitos” de propaganda electoral a los partidos generó discusión y votación dividida.

El artículo 12 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a establecer las contraprestaciones pertinentes (…) por el otorgamiento de espacios de publicidad” en televisión abierta, televisión para abonados y señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencias para actuar en el país.

Importante: el mismo artículo establece que sin las contraprestaciones, queda “inactiva” la disposición de minutos gratuitos.

¿Qué regula el proyecto?

• • Facultad de partidos de fijar contribuciones especiales para su financiamiento.
  • Financiamiento público de los partidos políticos.
  • Financiamiento privado de los partidos políticos (personas físicas y jurídicas, identificadas, que no reciban subsidios ni subvenciones del Estado).
  • Prohibiciones: contribuciones anónimas superiores a 4.000 UI, de organizaciones ilícitas, personas jurídicas no autorizadas, etc.).
  • Publicidad del Estado (hay polémica sobre el alcance de este tema porque la oposición quiere que esté prohibida la publicidad del Estado durante el tiempo electoral).
  • Publicidad de los partidos políticos fuera de los períodos electorales.
  • Publicidad en los períodos electorales (con tiempo de espacios gratis en televisión).
  • Transparencia en los movimientos financieros de los partidos.
  • Estados contables, rendición de cuentas, contralor y sanciones.

El proyecto pasó al Senado y no hay consenso para darle tratamiento rápido. Es posible que se demore y no llegue a votarse para convertirse en ley, o que si lo hace, sea con modificaciones.

Ley de medios.- Aprobado en Diputados con votos del oficialismo, es el último proyecto “central” que tenía el gobierno en su agenda legislativa.

Cabildo Abierto propuso, sin éxito, la creación de una “Junta de Garantías en la Comunicación Política”, en la órbita del Parlamento, para controlar contenidos de información política de manera “imparcial, rigurosa y equilibrada”. No tuvo votos. También propuso, sin éxito, un artículo para establecer que las concesiones de señales requieran de autorización de la Asamblea General, no solamente del Poder Ejecutivo.

Dos puntos clave del proyecto:

• • Aumenta la cantidad de licencias que pueden tener una persona física, jurídica o grupo empresarial: hasta cuatro en zona metropolitana y seis en el interior para prestar servicios de radiodifusión (AM o FM), y una licencia de televisión abierta; en televisión para abonados, máximo ocho licencias en todo el país.
  • Titulares de servicios de televisión por abonados tendrán derecho a licencias para servicios de internet.

Continúa el trámite parlamentario en el Senado: el oficialismo quería convertirlo en ley antes de fin de año, pero hubo falta de quorum en Diputados para trasladarlo a la otra cámara, lo que complica los plazos. Y no estaba claro que estuvieran los votos por nuevas dudas en Cabildo Abierto.

Usura.- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley de usura, impulsadas por el diputado Daniel Peña (PG), con propuestas que también hizo el Frente Amplio. El mismo día de la votación, el presidente del Banco Central, Diego Labat, hizo gestiones en el Parlamento para intentar frenarlo, sin éxito.

No será fácil que sea votado así en Senado: hay movidas políticas para frenarlo o cambiarlo con fórmulas que no conspiren contra el funcionamiento del sistema.

Veto.- Aunque con resultado más que ajustado, la Asamblea General confirmó el veto del Poder Ejecutivo a tres artículos de la ley de Casa de Galicia.

La coalición volvió a votar dividida: Cabildo Abierto, el senador Sergio Botana, dos diputados afines a éste, y el diputado colorado (s) Eduardo Elinger votar a favor de levantar el veto. El presidente telefoneó al senador Juan Sartori y al suplente de éste, Juan Straneo, para asegurarse que en al menos una Cámara no alcanzara la mayoría especial (3/5 de los presentes en cada Cámara).

En el Senado faltó un voto; en Diputados tres.

Denuncia.- La diputada (s) Martina Casás denunció penalmente al diputado Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral. Presentó denuncia al MTSS. Ambos integran la agrupación Marea, del sector Fuerza Renovadora, del Frente Amplio (corriente de Mario Bergara).

Sanción.- El Parlamento aplicó la retención del 50% del salario del senador Juan Sartori, declarado “omiso” por la Jutep, por no presentar la declaración de bienes de su esposa. La sanción aplica hasta que el senador regularice su situación. Sartori recurrió la sanción. El senador está expuesto a una sanción mayor: la inhabilitación para cargos públicos.

Renuncia.- Enrique Rubio renunció a la Cámara de Senadores para dedicarse a la campaña electoral de la Vertiente Artiguista y del precandidato Yamandú Orsi. Rubio es el último de los fundadores del Frente Amplio que tenía actividad parlamentaria. Su banca la ocupa desde esta semana Edgardo Ortuño que era director de OSE por la oposición.

ASUNTOS EN CARPETA 

Sen. Sebastián da Silva y Sen. Sergio Botana (PN).- Habilitación y regularización de los allanamientos nocturnos (proyecto de ley interpretativo de la Constitución, paralelo a la iniciativa de reforma constitucional).

Dip. Conrado Rodríguez (PC).- Suspensión y pérdida de derecho al subsidio a cargos políticos y de especial confianza que hayan cometido delitos contra la administración pública o relacionados con corrupción. Aprobado en Diputados, continúa trámite parlamentario en el Senado.

Dip. Álvaro Rodríguez Hunter (PN).- Alerta Amber: sistema de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos. Aprobado en Diputados, continúa trámite en el Senado.

Sen. Oscar Andrade y Sen. José Nunes (FA).- Modificación de causas para indemnización por despido.

Dip. Marcos Portillo (PN).- Regulación de empresas administradoras de base de datos privadas sobre deudores.

LEYES PROMULGADAS

Ley 20.215.- Denomina “Don Orione” un tramo de la ruta nacional Nº 35.

Ley 20.216.- Denomina “Dr. Miguel Perea” el puente intercambiador de las rutas Nº 35 e Interbalnearia.

Ley 20.217.- Otorga pensión graciable a Hugo Fernández Faingold.

Ley 20.218.- Designa “Enriqueta Compte y Riqué” al jardín de infantes Nº 109 de Maldonado.

Ley 20.219.- Declara de interés nacional proyectos de clubes de ciencias.

Ley 20.220.- Aprueba acuerdo para instalar sede regional de la Unión Interparlamentaria.

Ley 20.221.- Aprueba convenio de servicios aéreos entre Uruguay y República Dominicana.

Ley 20.222.- Denomina “Luis Franzini” el jardín de infantes Nº 216 de Montevideo.

Ley 20.223.- Denomina “Ing. Agr. Eduardo Urioste” el puente que une los departamentos de Durazno y Tacuarembó.

Ley 20.224.- Designa “Pueblo Paso La Cruz” una localidad situada en la séptima sección del departamento de Río Negro.

Ley 20.225.- Declara “especie protegida” al venado de campo.

Ley 20.226.- Indemniza a ex trabajadores de Casa de Galicia (tres artículos vetados).

Ley 20.227.- Autoriza salida del país a efectivos de la Armada y el buque ROU 34 “Audaz”.