Coincidencias en seguridad | Febrero 2025

Seguridad pública: hacia una política de Estado

Foto: Ministerio del Interior

En un país donde la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, la lucha contra el delito ha dejado de ser un tema de campaña para convertirse en una cuestión de Estado. En CERES analizamos las propuestas de seguridad presentadas por los partidos que integrarán el próximo Parlamento, así como las iniciativas del Compromiso País de la Coalición Republicana, que sintetiza los planteamientos individuales de los partidos que la integran.

Más allá de las diferencias ideológicas y matices programáticos, el análisis revela un dato clave: hay más coincidencias que diferencias. Si en la visión programática de los partidos existe un amplio terreno común, ¿por qué no asumir que es posible construir un gran acuerdo nacional por la seguridad pública? Las coincidencias son claras: un enfoque integral que combine la represión del delito con la prevención social, la reforma del sistema penitenciario y la profesionalización de las fuerzas policiales.

Transformar este consenso en un pacto real dependerá de la voluntad política y de la capacidad para priorizar soluciones sobre diferencias partidarias. El desafío ahora es pasar de los programas a la acción. La oportunidad está sobre la mesa y la ciudadanía espera respuestas concretas. ¿Podrán los líderes políticos dar el paso necesario para construir un acuerdo duradero por la seguridad?

Reforma del sistema penitenciario

La coincidencia más destacada es la necesidad de reformar el sistema penitenciario, un punto presente en todos los programas, con un consenso generalizado sobre la importancia de mejorar las condiciones de reclusión y promover la rehabilitación y reinserción social de los internos.

Entre las diferentes propuestas se incluyen la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias, la implementación de programas educativos y laborales dentro de los establecimientos penitenciarios y el fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad para delitos menores. Estas medidas buscan reducir la reincidencia y facilitar la reintegración de los exreclusos en la sociedad.

Los partidos coinciden en la necesidad de humanizar las cárceles, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. En líneas generales, el Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) y Partido Independiente (PI) proponen fomentar la educación, el trabajo, la salud mental y el tratamiento de adicciones dentro del sistema penitenciario, así como fortalecer la Dirección Nacional de Libertad Asistida (DINALI) para apoyar la reinserción social de las personas liberadas.

Además, se destaca la importancia de promover medidas alternativas a la privación de libertad, especialmente para delitos menores y mujeres con hijos, con el objetivo de reducir la reincidencia.

En cuanto a la gestión del sistema penitenciario, el FA y el PN coinciden en la necesidad de sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior y trasladarlo al Ministerio de Justicia, cuya creación está prevista en sus programas. El PC plantea, además, convertirlo en un servicio descentralizado, una propuesta que no es rechazada de plano por algunos sectores del FA.

Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Otra coincidencia relevante es la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una propuesta presente en los programas del FA, PN, PC y PI. En términos generales, este ministerio tendría como objetivo centralizar y coordinar las políticas relacionadas con la justicia, los derechos humanos y el sistema penitenciario, desvinculando estas responsabilidades del Ministerio del Interior.

En cuanto a sus funciones, el FA y el PI le asignan un rol más amplio, abarcando la justicia en un sentido integral, incluyendo la gestión de registros públicos, la coordinación con órganos descentralizados y las relaciones con el sistema internacional de derechos humanos.

Por otro lado, el PN y el PC lo enfocan principalmente en la justicia penal y la administración del sistema penitenciario. En cuanto a la Fiscalía, el PN propone trasladar su vinculación con el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Educación y Cultura al nuevo Ministerio de Justicia, mientras que el FA, el PI y el PC no mencionan modificaciones en este aspecto. En particular, el PI enfatiza que este no debe ser un “ministerio de cárceles”.

Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico

El crecimiento del narcotráfico y la actuación de bandas criminales han llevado a los partidos a incluir medidas específicas para enfrentar estos fenómenos.

Entre las propuestas comunes se encuentran el fortalecimiento de los controles fronterizos, la cooperación internacional en materia de inteligencia y la implementación de políticas integrales que aborden tanto la oferta como la demanda de sustancias ilícitas. Se busca así desarticular las redes delictivas y reducir el impacto del narcotráfico en la sociedad uruguaya.

El PN, el PC y CA presentan iniciativas que incluyen la creación de unidades especializadas, el uso de tecnología avanzada y el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Fortalecimiento de la Policía y la seguridad ciudadana

Otro consenso significativo es el fortalecimiento de la Policía Nacional, con énfasis en su profesionalización y modernización. Los partidos coinciden en mejorar la capacitación de los efectivos, actualizar sus recursos tecnológicos y optimizar la presencia policial en los territorios.

Un punto clave que surgió en la campaña electoral es la salud mental del personal policial. El FA, PN, PC y CA proponen medidas para atender el desgaste emocional de los efectivos, incluyendo unidades especializadas en apoyo psicológico, evaluaciones periódicas de salud mental y acceso a tratamientos terapéuticos adecuados.

Además, el FA, PN, PC y CA promueven el fortalecimiento de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) para mejorar la relación entre la Policía y la ciudadanía. También se destaca la necesidad de seguir incorporando tecnología en la seguridad pública, como sistemas de videovigilancia y análisis de datos para la prevención del delito.

Prevención social del delito

En cuanto a la prevención del delito, los partidos coinciden en la importancia de abordar las causas estructurales de la criminalidad, como la exclusión social y el consumo problemático de drogas.

El PC, FA y PI proponen políticas de prevención social que incluyan programas educativos, laborales y de salud en zonas vulnerables, así como la promoción de valores de convivencia y respeto. Se plantea también la creación de programas sociales orientados a la integración de sectores vulnerables, con énfasis en la inserción juvenil.

Asimismo, hay un acuerdo sobre la necesidad de fomentar la participación ciudadana en las políticas de seguridad, con mecanismos como consejos consultivos y mesas de diálogo, además de garantizar la transparencia en la gestión de las fuerzas de seguridad.

Conclusiones

Las coincidencias en los programas de seguridad de los partidos políticos reflejan un consenso emergente sobre la necesidad de un enfoque integral que combine la represión del delito con la prevención social, la reforma del sistema penitenciario y la profesionalización de las fuerzas policiales.

Estas propuestas compartidas pueden servir como base para construir políticas de seguridad más efectivas y sostenibles, que no solo enfrenten la criminalidad, sino que también atiendan sus causas profundas.

Es el momento de transformar el consenso en acción, la seguridad no se mejora solo con diagnósticos, sino con políticas integrales y sostenibles que ataquen el delito desde su raíz, asumiendo su complejidad y urgencia. Si nos guiamos por las propuestas programáticas de los principales partidos la posibilidad de llegar a un gran acuerdo hace tiempo que dejó de ser una quimera.