Drogas, narco y cárceles | Octubre 2023

El círculo vicioso de drogas y narcotráfico en las cárceles

Celdas | Gub.uy

Las drogas, un mal que permea la sociedad contemporánea, ejercen su influencia perniciosa, generando una problemática de doble filo en el sistema carcelario. Este fenómeno se manifiesta de dos maneras interconectadas que amenazan no solo la seguridad y rehabilitación de los reclusos, sino también la estabilidad social en su conjunto.

Por un lado, el consumo de sustancias ilegales entre los presos se ha arraigado en el entorno carcelario. Las cárceles, a menudo caracterizadas por el tedio, el hacinamiento y la violencia intercarcelaria, han llevado a que muchos reclusos recurran a las drogas como una forma de escape. Estas sustancias no solo proporcionan una vía de escape temporal de las condiciones de vida penitenciaria, sino que también se han convertido en una moneda de cambio en el turbulento mercado carcelario, lo que agudiza la competencia y los conflictos.

Por otro lado, el problema del narcotráfico en las propias cárceles es una amenaza constante. Las instituciones penitenciarias se han visto infiltradas por redes de tráfico de drogas que operan desde adentro. Esta situación crea un círculo vicioso en el que los reclusos, que ya están atrapados en el ciclo de la adicción, pueden acceder a las drogas con relativa facilidad, alimentando su consumo. Simultáneamente, los beneficios monetarios que se derivan del narcotráfico carcelario financian a menudo actividades ilícitas tanto dentro como fuera de la prisión.

El resultado de esta convergencia de factores es una bomba de tiempo latente que amenaza con explotar en la sociedad en su conjunto. La adicción de los reclusos, la violencia relacionada con las drogas y la corrupción carcelaria son problemas crónicos que, tarde o temprano, afectarán la vida fuera de las cárceles. La transición de los reclusos de regreso a la sociedad con problemas de adicción no resueltos plantea un riesgo significativo para la seguridad pública, y la influencia corruptora del narcotráfico en las cárceles puede extenderse más allá de sus muros.

Abordar este complejo problema requiere un enfoque integral que incluya tanto la prevención y el tratamiento de la adicción en prisiones como la mejora de la seguridad y la implementación de reformas en las políticas penitenciarias. Ignorar este doble desafío sería un acto de negligencia que podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto.

Requisas del Ministerio del Interior | Ministerio del Interior 

Consumo y encierro

El consumo y el tráfico de drogas están estrechamente ligados al ingreso al sistema penitenciario. Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, la explosión demográfica en las cárceles de Uruguay[1] se debe, entre otros factores, a la proliferación masiva de drogas como la pasta base de cocaína en la década de 2000 (Díaz Campanella, 2023). Esto generó un aumento en las tasas de exclusión social y delincuencia que favorecieron el aumento de la población privada de libertad. Sin embargo, son realidades diferentes las que enfrentan hombres y mujeres.

Una medida clara del vínculo entre delincuencia y consumo problemático de drogas lo muestra la alta presencia de conflicto con la ley entre consumidores de pasta base de cocaína: prácticamente uno de cada tres estuvo alguna vez en un centro de menores por cometer delitos (31%) y cerca de la mitad (44%) estuvo alguna vez en prisión siendo mayor de edad (Observatorio Uruguayo de Drogas, 2019). Estas cifras son muy similares cuando se clasifica la población carcelaria por género.

Por otra parte, también hay evidencia que muestra que el conflicto con la ley antecede el consumo de drogas entre privados de libertad. Un relevamiento del Observatorio de Drogas de 2016 muestra que es particularmente cierto para los hombres detenidos y que alguna vez consumieron pasta base: el 62% reconoce que el delito ocurrió antes del consumo. Esta cifra asciende al 78% cuando se incluyen otras drogas. En otras palabras, los hombres –más de 9 de cada 10 privados de libertad— generalmente delinquen antes de consumir, siendo la privación de libertad una de las razones que explica la aparición del consumo.

La situación entre las mujeres privadas de libertad es particularmente diferente, siendo el vínculo con la droga una de las principales puertas de entradas al sistema penitenciario. Por un lado, generalmente el delito ocurre luego de la experiencia de consumo. Según el mismo estudio, el 57% de las mujeres privadas de libertad que alguna vez consumieron pasta base declara haber consumido esa droga antes de cometer algún delito. Solamente el 29% reconoce que el delito antecede al consumo, mientras que el 14% restante indica que iniciaron el consumo y el delito a la misma edad. Estas mujeres también vienen de un entorno cercano donde el consumo y el delito se encuentran muy ligados: 34% de las mujeres privadas de libertad que consume drogas reconoce algún familiar que haya delinquido para poder comprar droga (cifra considerablemente superior al 15% que se documenta para los hombres).

Por otro lado, el microtráfico de drogas es una de las principales razones detrás del aumento en la población carcelaria femenina. Mientras el número de mujeres privadas de libertad era ligeramente superior a 200 en el año 2000, en la actualidad son casi mil las mujeres privadas de libertad. Una de las explicaciones detrás de este fenómeno está en el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC) que retoma la pena mínima de cuatro años por microtráfico del artículo 36 de la ley de estupefacientes (Decreto-Ley 14.924 de 1974). Si bien desde el gobierno se ha argumentado que las modificaciones de este artículo apuntan exclusivamente al combate de bocas de venta de droga, desde la Academia y la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay (ADEPU) se entiende que sus efectos van mucho más allá (La Diaria, 2021). En la práctica, la LUC se ha convertido en la alfombra roja para que muchas mujeres jefas de hogar terminen en la cárcel y padeciendo penas desproporcionadas por microtráfico.

Uno de los casos más notorios fue el de Donna Samer Felitas que fue condenada a cuatro años de cárcel por intentar ingresar 56 gramos de marihuana al ex Comcar durante una visita a su pareja en 2021. Esta situación llevó a que sus cuatros hijos terminaran a cargo de la ONG Gurises Unidos, hasta que en 2022 la Justicia autorizó su prisión domiciliaria. Este es solamente un ejemplo de una situación grave que afecta a mujeres jefas de hogar y, por lo tanto, derrama en niños y adolescentes. Para que se tenga una idea de la magnitud del problema, 8 de cada 10 mujeres privadas de libertad con sus hijos cumple una pena por delitos de drogas. Esta situación explica porqué más de dos mil niños tienen a su madre en prisión. De acuerdo a la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario (2021), 9 de cada 10 de estas mujeres tiene un riesgo bajo y medio de reincidencia y, por lo tanto, deberían cumplir una medida alternativa (por ejemplo, prisión domiciliaria). Esta situación preocupa al Comisionado Parlamentario y en el ámbito del Poder Legislativo, donde se encuentran bajo revisión cuatro propuestas legislativas que tienen como objetivo modificar la pena mínima actual de cuatro años de prisión asociada al porte de cantidades reducidas de sustancias psicoactivas.

Cortes carcelarios rquisados por el Ministerio del Interior | Ministerio del Interior 

El desafío del crimen organizado en las cárceles

El crimen organizado representa una de las principales amenazas en términos de seguridad en América Latina. Aunque sus acciones pueden variar en forma y alcance, dos factores se repiten con frecuencia: la participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y la operación desde dentro del sistema penitenciario. Esta realidad no ocurre solo en países distantes en términos de seguridad (por ejemplo, México, Brasil o Venezuela), sino también en aquellos con patrones de inseguridad y realidades institucionales comparables a Uruguay. A modo de ejemplo, además de también sufrir un crecimiento exponencial en su población carcelaria, Chile cuenta con al menos 600 internos vinculados directamente con el crimen organizado (Batarce, 2023). Esto ha llevado al Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Chile a tomar medidas (principalmente allanamientos y partidas de recursos especiales para Gendarmería) para evitar que unidades del sistema terminen cooptadas por bandas que, en general, encuentran en el narcotráfico una rama de actividad y una fuente de recursos.

Uno de los principales riesgos vinculados al crimen organizado es su capacidad de emplear los centros penitenciarios para reclutamiento. Esta situación encuentra terreno fértil cuando no es posible realizar una  segregación estratégica entre reclusos, algo muy proclive a ocurrir en situaciones de sobrepoblación carcelaria como la que vive Uruguay.

Pero, ¿cómo las cárceles favorecen los procesos de reclutamiento, entrenamiento y fidelización de las bandas de narcotráfico? Según la literatura especializada, existen varias motivos. En primer lugar, la formación de los criminales se da, por su propia naturaleza, entre criminales. Por lo tanto, las redes de delincuentes son fundamentales para transmitir capital criminal (Case y Katz, 1991; Glaeser, Sacerdote, y Scheinkman,1996; Ludwig, Duncan y Hirschfield, 2001; Bayer, Hjalmarsson, y Pozen; Damm y Dustmann, 2014; Billings, Deming, y Ross, 2016; Damm y Gorinas, 2020). Por lo tanto, las posibilidades de interacción social entre criminales encuentran en el sistema penitenciario un sitio ideal.

En segundo lugar, el delito requiere especialización y, por lo tanto, las interacciones favorecen el ingreso (o sea, incurrir en actividades nuevas) pero, sobre todo, el fortalecimiento y desarrollo de una actividad que ya se realizaba. Por ejemplo, Bayer, Hjalmarsson y Pozen (2009) encuentran que compartir tiempo en la cárcel con un delincuente que realiza la misma actividad aumenta la probabilidad de reincidencia en esa actividad. Damm y Gorinas (2020) encuentran que este efecto es particularmente cierto cuando los delitos implican planificación, coordinación y especialización, características que observamos en el crimen organizado. Por lo tanto, es clave que las autoridades penitenciarias no asignen criminales con historiales de condena similares a la misma instalación. Según Damm y Gorinas (2020), esto  aumenta la reincidencia, especialmente en delitos que requieren habilidades y redes, como el narcotráfico. Esto es particularmente cierto cuando delincuentes jóvenes y con poca experiencia (por ejemplo, primarios) comparten módulos con criminales de mayor expertice delictivo.

Finalmente, las redes de crimen organizado —como otras redes sociales— tienen nodos clave. En otras palabras, integrantes con una presencia estratégica en la red y que juegan un rol preponderante en su funcionamiento (Ballester, Calvó-Armengol y Zenou, 2006). La literatura documenta la presencia y los efectos de este tipo de “key players” o “jugadores clave” en el crimen (Ballester, Calvó-Armengol y Zenou, 2010; Lindquist y Zenou, 2014). Las cárceles pueden facilitar el acceso a estos criminales que, por ejemplo, son centrales en una red de narcotráfico. Estos líderes transmiten un capital criminal y actúan como modelo a seguir para otros criminales. Según Díaz, Patacchini, Verdier y Zenou (2018), la cercanía a uno de estos líderes aumenta la actividad criminal de los delincuentes e incluso la probabilidad de convertirse en cirminal. Esto es particularmente relevante para Uruguay, donde la LUC ha facilitado un sistema de penas que reduce los grados de separación entre narcotraficantes centrales y especializados y mujeres que incurren en una actividad delictiva relativamente menor (por ejemplo, microtráfico de 50 gramos de marihuana).

Droga incautada en cárceles uruguayas | EFE

Organizaciones criminales en el sistema carcelario uruguayo

Nuestro país no es ajeno a la situación y en los últimos años se ha confirmado la presencia de integrantes de bandas criminales brasileñas en el sistema carcelario, como Os Manos, Os Tauros, Bala na Cara y el Primer Comando Capital (PCC), que son las principales organizaciones que operan en el Estado de Rio Grande do Sul. De acuerdo con la publicación Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014 a 2017 del Fórum Nacional de Segurança Pública (2018), en dicho Estado se había detectado a siete “facciones carcelarias”.

El origen de estas facciones surge dentro de las cárceles como la respuesta a la opresión, malos tratos, falta de higiene y condiciones inhumanas, lo que los lleva a organizarse en busca de reclamos para mejorar sus condiciones. Después, al darse cuenta de que al unirse adquirían influencia en las cárceles, trasladaron esta influencia hacia la comisión de delitos, al mismo tiempo que reclutaban más miembros y se expandían para tomar control de territorios y aumentar su poder.

Os Manos es una organización criminal surgida en la década de 1990 en el Presidio Central de Porto Alegre, a raíz de una fragmentación de otra organización, la Falange Gaucha, compuesta principalmente por asaltantes de bancos. Os Manos controla la distribución de droga en gran parte de Porto Alegre y su región metropolitana. Tienen reglas escritas en estatutos, simbología presente en los muros de la ciudad y un código de apoyo entre los integrantes de la facción. Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, 17 personas fueron formalizadas por tráfico de estupefacientes en Rivera y Tacuarembó, pudiéndose establecer vínculos entre las personas formalizadas e integrantes de la facción Os Manos (Ministerio del Interior, 2023). En marzo de este año fueron condenadas otras 20, integrantes de la banda por delitos de asistencia, suministro y negociación de estupefacientes que actuaban en los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Dos de ellos ya se encontraban en prisión (El Observador, 2023).

Bala na cara, es el segundo grupo criminal más importante del estado de Río Grande do Sul y es conocido por los métodos violentos que emplea. Surge alrededor del año 2000 en Porto Alegre y en un principio se dedicaron al asalto de bancos y joyerías para financiar el tráfico de armas. A partir de la década de 2010 el tráfico de drogas pasó a ser su principal fuente de ingresos. No tienen una estructura centralizada, sino que se organizan en base a células individuales que actúan bajo un liderazgo local. Se han expandido a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay y en la provincia de Misiones en Argentina, desde donde realizan sus negocios de tráfico de drogas. En el año 2018 el grupo se disputó la venta de estupefacientes en la ciudad de Rivera con la banda Os Manos provocando una serie de asesinatos como consecuencia de esta. En enero de este año fueron detenidos dos integrantes de esta banda que abastecían de drogas a varias bocas del departamento de Tacuarembó, mientras se dirigían a recaudar el dinero producto de la venta de drogas (Telenoche, 2023).

El PCC es una organización criminal surgida en 1993 en el penal de Taubaté en San Pablo. Desde entonces se ha expandido hacia otros estados de Brasil y se estima en 30.000 sus integrantes. Sus miembros se definen como una “hermandad”, funcionan como una logia del crimen organizado con códigos estrictos. Los miembros encarcelados reciben respaldo financiero para cubrir sus costos legales y mantener a sus parejas. Incluso llegan a financiar tratamientos médicos y medicamentos, lo que genera un fuerte lazo de lealtad. Pertenecer al PCC implica un compromiso vitalicio con la organización, que no perdona la traición ni el abandono, castigando ambos con la pena de muerte.

En junio de 2019, desde Brasil se emitió una advertencia sobre la posible presencia de una incipiente estructura del PCC en Uruguay, después de que cuatro delincuentes fueran condenados a prisión por cargos de asociación para delinquir (El País, 2019). En agosto de 2020 condenaron a un recluso del penal de Santiago Vázquez que mantenía contactos vía celular con integrantes del PCC y oficiaba de referente en la ciudad fronteriza de Rivera para llevar a cabo delitos (Subrayado, 2021). En diciembre de 2021 fue asesinado en el penal de Libertad un recluso que cumplía condena por homicidio y había declarado en una entrevista para un libro ser integrante del PCC (La Diaria, 2021).

Os Tauros es una organización que surgió en el Presidio Regional de la ciudad de Pelotas en el año 2009. En agosto de 2021 dos integrantes de la banda que distribuían drogas en la ciudad de Rivera fueron condenados y enviados a prisión. También se detectó que una persona privada de libertad alojada en la Unidad Nº 12 (Cerro Carancho), que cumple una pena por homicidio formaba parte de esta organización.

Ingreso a cárcel uruguaya | Gub.uy

Reflexión final

Las drogas en el sistema penitenciario, en sus dos facetas, tanto el consumo como el narcotráfico, se manifiestan como un mal que socava los fundamentos de la seguridad, la rehabilitación y la cohesión social. En este contexto, se erige como imperativo abordar esta compleja problemática con firmeza, concibiendo soluciones eficaces que tengan el potencial de romper el ciclo vicioso de la influencia de los estupefacientes en el ámbito carcelario.

[1] Por un análisis sobre este tema, ver el Monitor de Seguridad de CERES de septiembre: “El oscuro mundo de la prisión”.